Supuestamente en peligro por el nivel de gastos de los gobiernos de Rafael Correa, el compromiso para sostener el sistema monetario dolarizado que hace dos décadas rige en Ecuador ha estado en el corazón del discurso político de Guillermo Lasso y de su antecesor en la presidencia, el ex correísta Lenín Moreno (2017-2021). Contribuye a justificar tanto la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central, como, más latamente, la política económica vigente en su conjunto. Fuera de EEUU, un régimen monetario fundado sobre el dólar estadounidense no requiere, en teoría, de reservas para respaldar la única moneda legal nacional. Pero el gobierno ecuatoriano y su entorno celebran el bajo riesgo de iliquidez, del que infieren la imposibilidad de la desdolarización.
En 2018 el ex presidente Moreno aprobó, en el marco del acuerdo (aún vigente) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Ley de Fomento Productivo que impide movilizar crédito interno para gestionar liquidez o que el sector público crezca más de 3% anual. El presidente Lasso en lo que va de su mandato redujo la inversión pública en 2021, 2,1% del PBI y en 2022, 1,8%, la menor inversión en dos décadas.
Los altos precios del petróleo y el incremento de las remesas que favorece la acumulación permanente de reservas internacionales ofrece garantías a los mercados financieros. Buscadas atravesando la vía ortodoxa, la que traza un programa de austeridad radical, desentendido de la recesión económica y sus consecuencias.
La crisis económica
Ecuador es uno de los pocos países sudamericanos (junto con Venezuela y Surinam) que, hasta 2022, no habían recuperado los ritmos de crecimiento anteriores a la pandemia, incluso con cierto decrecimiento en relación con 2019: de 101.700 millones de dólares a 97.750 en 2021, según datos del Banco Mundial. Luego del llamado “efecto rebote”, tras la trepidante caída del PIB en 2020 (7,8%), apenas se estabilizan las cifras de desempleo (3,8% enero de 2023 que sube a 5,1% para las mujeres). En el mismo período, ha empeorado el subempleo (de 57,4% a 65,2%) y el empleo pleno (de 38,8% a 34,8%), según reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Desde 2019, la pobreza se encuentra fija en 25%, pero la pobreza extrema creció de 8,9% a 10,7% entre ese año y junio de 2022. El 60% de los hogares no cubren el valor de la canasta básica: las desigualdades se acentúan.
Cuando en 2020 el Ministerio de Economía del ex presidente Moreno anticipó pagos de deuda externa a bancos extranjeros (2.000 millones de dólares) en el peor momento de la pandemia -con hospitales desabastecidos, médicos impagos y muertos en las calles-, quedó delineada la nueva fase de subordinación de la economía nacional al capital financiero que Lasso representa. Mientras crece el endeudamiento (74.030 millones a junio de 2022) y las tasas de interés permanecen elevadas -por la propia negativa a que el Banco Central preste dinero al fisco-, los acreedores privados de bonos emitidos por el gobierno incrementan exponencialmente sus rendimientos a costa de la parálisis del Estado y la destrucción de la riqueza social.
La oleada migratoria
La reapertura de las fronteras después de la pandemia habilitó una gran ola migratoria -más de 190.000 personas salieron de Ecuador entre 2021-2022. El antecedente de este masivo éxodo es la estampida producida después de las elecciones de 2017 que cerró la década del gobierno de la denominada Revolución Ciudadana.
La recomposición neoliberal, conducida por el expresidente Moreno y su alianza gubernamental con las viejas élites oligárquicas, los gremios empresariales, los oligopolios de la comunicación y los partidos de derecha, produjo el deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la población ecuatoriana. La migración se presentó como una opción para mejorar su situación; entre el 2017 y el 2019 casi 100 mil personas migraron, y para esas fechas se registraba un total de 1.183.685 migrantes de Ecuador en el exterior.
En esos años el destino privilegiado por los y las migrantes era Europa (por vía aérea y sin necesidad de visa hasta 2003). Actualmente, se han reactivado las rutas hacia EEUU atravesando por tierra Centroamérica y México. El Tapón del Darién, el peligroso paso entre Colombia y Panamá, es el escenario por donde se ha multiplicado el tránsito de migrantes provenientes de Ecuador, cuyo número es superior al de los migrantes venezolanos y haitianos que utilizan esa vía.
La dimensión siniestra de la violencia homicida
La opción migratoria por vías altamente riesgosas no solo es una respuesta desesperada ante la agobiante crisis económica sino también una medida racional de la población ante el brutal incremento de la violencia y la inseguridad.
Ecuador cerró 2022 como el año más violento de su no siempre violenta historia. La Policía Nacional reportó 4.450 asesinatos y más de 332 femicidios (189 de ellos, a manos de la delincuencia organizada). La tasa de homicidios de 25 casos por cada 100 mil habitantes hace del Ecuador el sexto país más violento de la región, incluso por encima de México. La ciudad portuaria de Guayaquil que registró 1.537 asesinatos por sicarios a plena luz del día durante 2022, se ha vuelto una de las 24 ciudades más violentas del mundo. En la provincia de Esmeraldas, que concentra la mayor tasa de población negra/afro del país y que, no por casualidad, ha sido históricamente excluida de los “beneficios” del desarrollo, los datos son peores: 63 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2022.
El gobierno ha recurrido sucesivamente a la declaratoria de estados de excepción y al despliegue conjunto de militares y policías. Nada de esto ha detenido la violencia del narcotráfico que, articulado con bandas delincuenciales locales controla las cárceles y extensas zonas asociadas al tránsito de cocaína. Más de un tercio de la producción colombiana llegaría a EEUU y Europa a través de Ecuador.
La debilidad estatal para hacer frente al problema se profundiza por los nexos de la fuerza pública con el crimen organizado. Las crecientes denuncias de colusión criminal entre la Marina ecuatoriana y el narcotráfico se suman a la vinculación entre la “mafia albanesa” y el entorno presidencial que han amplificado el repudio a la figura del primer mandatario. En febrero de 2023, según Perfiles de Opinión, solo 10% de la población aún da su apoyo al jefe de Estado.
Las masacres carcelarias, la guerra entre organizaciones criminales, la presencia regular del narcotráfico en el territorio muestran sin engaño la capacidad de la violencia para corroer el tejido social e instituir órdenes alternos que aparece como la dimensión más siniestra y novedosa de la nueva crisis que enfrenta el Ecuador tras más de dos décadas de dolarización.
Cuando en 2020 el Ministerio de Economía del ex presidente Moreno anticipó pagos de deuda externa a bancos extranjeros (2.000 millones de dólares) en el momento más crítico de la pandemia -con hospitales desabastecidos, médicos impagos y muertos en las calles-, quedó delineada la nueva fase de subordinación de la economía nacional al capital financiero que el presidente Lasso representa. Mientras crece el endeudamiento (74.030 millones a junio de 2022) y las tasas de interés permanecen elevadas -por la negativa a que el Banco Central preste dinero al fisco-, los bonos emitidos por el Gobierno incrementan sus rendimientos, para beneficio de los acreedores.
La posibilidad de destitución del presidente Lasso -quien enfrenta el pedido de juicio político después de una reciente derrota electoral y el triunfo del No en el referéndum ha elevado todavía más el riesgo país, que solía aparecer como el indicador predilecto del presidente. Su hundimiento político -que solía atribuir a sus opositores y que recientemente extendió al gobierno argentino por el asilo político otorgado a la ex ministra de Transporte del correismo, María de los Ángeles Duarte-, su dudosa performance en la administración pública y el elusivo crecimiento económico real, hace meses que desasosiegan la buena conciencia tranquila de lo que se conviene en llamar mercados. A pesar, incluso, de la acumulación de reservas que llega a cifras tan altas que son récord en el siglo ecuatoriano dolarizado.
AGB