El país más rico del mundo está rezagado a la hora de garantizar salarios, protecciones y derechos para millones de trabajadores. El cabildeo que ejercen las grandes empresas en Estados Unidos, dominado durante décadas por el neoliberalismo, fue dando forma a una legislación laboral que los deja desprotegidos, les niega derechos básicos como la baja por enfermedad y les dificulta la posibilidad de sindicalizarse, como demuestran las resistencias frente al creciente movimiento que se está expandiendo por gigantes empresariales como Amazon, Starbucks, Apple o Tesla.
Son las conclusiones de un contundente informe de Oxfam América, Donde el trabajo duro no compensa, que analiza 56 políticas laborales en los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La legislación de EEUU se sitúa “sistemáticamente cerca de la cola” de las distintas clasificaciones analizadas: ocupa la última posición en protección de los trabajadores, el puesto 36 en políticas salariales, y el 32 en derechos de sindicalización. En contraposición, los países de la Unión Europea encabezan dichas listas.
“Se mire como se mire, EEUU es una nación de abundancia. Y, sin embargo, la red de seguridad social que ofrece a la población, y especialmente a los trabajadores, es mucho más débil en comparación con otras naciones de renta alta”, dice el informe. “A pesar de tener una economía poderosa, EEUU hace poco por compartir los ingresos con los trabajadores y hace aún menos por garantizar que los trabajadores estén seguros y protegidos mientras trabajan. Son decisiones políticas, no inevitables”.
Sin protecciones laborales
En el país norteamericano, no se ofrece por ley ningún día libre por baja paternal o maternal, a diferencia de los países europeos, donde se reconocen semanas y meses de ausencia por paternidad remunerada. En este sentido, Oxfam afirma que EEUU “podría aprender mucho de una nación par como España, que garantiza 16 semanas de baja paternal remunerada a ambos progenitores, alentando un enfoque más equitativo respecto a las responsabilidades de los cuidados”.
Otro de los motivos que explican que la potencia norteamericana esté en la última posición en protección a los trabajadores, o cuidados, es que tampoco se ofrece ni siquiera un día de baja por enfermedad remunerada. Este hecho provoca que muchos empleados mal pagados opten por ir a trabajar enfermos, poniendo en riesgo su salud y la de sus compañeros, antes de arriesgarse a perder parte del sueldo, o directamente el empleo, como represalia por su ausencia.
Además, en EEUU la salud no es un derecho básico universal, sino que “está atada al empleo”, recuerda el informe, “y aun así a menudo permanece prohibitivamente cara”.
Los precios de la sanidad comenzaron a dispararse en la década de 1980, después de las políticas desreguladoras y el desmantelamiento de la sanidad pública de Ronald Reagan. Sin embargo, Oxfam reconoce que en las últimas décadas se ha progresado en desligar el empleo de la salud. Cita la Affordable Care Act, también conocida como Obamacare, que subvenciona el pago del seguro de salud a las rentas bajas, así como el Medicaid, que en los últimos años se expandió en distintos estados gobernados por demócratas, como Nueva York, mientras que se redujo especialmente en estados sureños y republicanos.
“En EEUU, muchos derechos básicos —como la asistencia sanitaria— están directamente vinculados al empleo. Otros, como la vivienda, la alimentación y el acceso al transporte, requieren fondos individuales, y eso requiere un empleo. En un país donde hay que trabajar para vivir, la protección de los trabajadores es escandalosamente escasa”, apostilla el informe, que identifica además una “desigualdad extrema” que se ceba especialmente sobre las “personas negras, mujeres, inmigrantes y refugiados”.
La afiliación sindical, en mínimos históricos
Además, las posibilidades de los trabajadores de organizarse y exigir mejores condiciones laborales son nulas. EEUU es el sexto país de la OCDE con peor legislación sindical, en un ranking dominado por Eslovenia, Suecia, Francia y Dinamarca. A pesar de que sí se reconoce el derecho a la organización sindical, e incluso con el reciente auge del apoyo popular a los sindicatos y el impulso a un nuevo sindicalismo, el nivel de afiliación se encuentra en mínimos históricos: cayó en 2022 al 10%, mientras que tan solo el 12% de los trabajadores están cubiertos por la negociación colectiva.
Los sindicatos están regulados según la National Labor Relations Act (NLRA) de 1935, que fue una de las piezas clave del 'New Deal' de Franklin D. Roosevelt, probablemente el conjunto de políticas sociales intervencionistas más importante de la historia de EEUU.
El objetivo principal de esta ley fue facilitar la creación de sindicatos para igualar el poder de negociación entre trabajadores y empresas. Creó para ello una agencia federal (NLRB) que todavía hoy se utiliza para el proceso de creación de un sindicato. Sin embargo, también estableció una base sobre la que se ha sustentado toda la legislación posterior y que ha dificultado la organización sindical: los contratos cubren a una determinada categoría profesional dentro de una empresa, es decir, no son convenios sectoriales.
El movimiento sindical creció mucho tras la Segunda Guerra Mundial (hasta cerca del 40%), y se empezó a desplomar a partir de 1970, con el mandato de Richard Nixon, que coincidió con la crisis del petróleo de 1973. El republicano nombró a cinco figuras de corte reaccionario en la agencia federal que supervisa los sindicatos y permitió que las empresas actuaran de forma mucho más agresiva contra los intentos de organización de sus trabajadores.
Ahí comenzaron las campañas de propaganda antisindical: la ley permite, todavía hoy, que un empresario organice “reuniones informativas” con los trabajadores, en las que les puede apretar para que voten en contra de la creación del sindicato. Una década después, Reagan profundizó en la brecha abierta por Nixon, y redujo a mínimos el papel de la NLRB, dejando que las empresas campasen a sus anchas.
El informe de Oxfam destaca el éxito de las empresas privadas y algunas ramas del gobierno en “atacar constantemente las salvaguardas sindicales”. Grandes empresas, como FedEx, Amazon, Nestlé o Bed Bath & Beyond, llevan años invirtiendo importantes cantidades de dinero en contratar consultoras especializadas en poner trabas a la autoorganización de los trabajadores. Según plasma un estudio de Economic Policy Institute, FedEx invirtió 836.000 dólares entre 2014 y 2018 con el fin de prevenir la organización sindical.
La técnica también fue usada por Amazon contra los miembros de Amazon Labor Union, que ganó el año pasado la primera votación sindical liderada por trabajadores en los 27 años de historia de la compañía. O los trabajadores de Tesla en Buffalo, que lanzaron una campaña sindical, a la que el magnate y propietario, Elon Musk, declaró la guerra y reprimió. Son ejemplos de un incipiente nuevo sindicalismo que está ganando terreno en EEUU. Sin embargo, sigue siendo fácil para las empresas prevenirlo, ya que la legislación está de su parte.
El legado esclavista de la desigualdad
El informe de Oxfam remarca que el “largo legado de la esclavitud y las subsiguientes políticas de inmigración en EEUU ponen de relieve el modo en que el gobierno de este país ha redactado leyes y políticas destinadas a crear jerarquías de trabajadores en las que las personas negras, especialmente las mujeres negras, quedaban excluidas de las protecciones, los salarios estables y la capacidad de organizarse”.
Precisamente, la NLRA excluyó el derecho de sindicación de trabajadores agrícolas, empleados domésticos y trabajadores cuyo trabajo depende de las propinas. Según Oxfam, estos empleados siguen recibiendo una remuneración “muy inferior” y “al tratarse de sectores en los que los trabajadores negros son mayoría, esta exclusión perpetúa la desigualdad salarial y de riqueza en EEUU”.
JDLS