El bosque boreal canadiense es uno de los mayores almacenes de carbono del planeta, un escudo global en la lucha contra la crisis climática. Allí, en uno de los últimos rincones salvajes que quedan en todo el mundo, una comunidad indígena está recuperando el poder de decidir sobre su futuro y su territorio, y lo está utilizando para proteger los ríos, lagos y bosques de los que depende su supervivencia.
En la larga lista de atrocidades sufridas por los pueblos indígenas canadienses llaman la atención las cometidas en nombre de la protección de la naturaleza. Así les sucedió a los Sayisi Dene, una tribu del Ártico canadiense que, como muchas otras en aquel duro entorno, había ligado su vida y su supervivencia a la del caribú.
Hoy se sabe que las inmensas manadas de este pariente del reno, con cientos de miles de animales, están en declive por la destrucción de su hábitat. Pero en 1956 el Gobierno de Canadá acusó al pueblo Sayisi Dene de cazar en exceso la especie, de la que siempre había subsistido, y lo expulsó de sus tierras. Desplazado a un campamento de casillas a las afueras de la mayor población de la bahía de Hudson, despojado de su modo de vida y sin posibilidad de cazar, la tribu sucumbió al hambre, la pobreza y la desesperación: un tercio de los Sayisi Dene perecieron hasta que lograron restablecerse en 1974, en una nueva comunidad en los bosques y lagos que siempre les nutrieron.
Ahora, esta comunidad está al frente de una iniciativa que muestra el giro radical que dio la conservación de la naturaleza en Canadá: de marginar y expulsar a los pueblos indígenas, a dejarles decidir sobre el destino de sus territorios ancestrales.
Es un nuevo modelo que el país presentará al mundo en la cumbre de biodiversidad de la ONU que se celebra hasta el 19 de diciembre en Montreal y que, según la ciencia, es esencial para frenar la crisis de extinción de especies en todo el planeta. Según esa lógica, en vez de blindar espacios protegidos, cuidar la biodiversidad implica ceder poder a quienes llevan incontables generaciones protegiendo con éxito la naturaleza.
En el caso de los Sayisi Dene, la tribu está liderando una iniciativa junto a otras tres naciones indígenas para preservar un territorio salvaje del tamaño de Aragón —50.000 kilómetros cuadrados— frente a todo tipo de actividad industrial y extractiva. “Siempre supimos que éramos grandes guardianes de la tierra, porque la escuchábamos. Es una parte de nuestra alma con la que nos conectamos: las aguas, el caribú y todos los animales que hay allí”, dijo el antiguo jefe de la tribu, Ernie Bussidor, al presentar esta iniciativa que protegería la cuenca del río Seal. En 2020 recibieron fondos del gobierno federal para desarrollar la propuesta, que debería hacerse realidad antes de final de este año.
En ese inmenso territorio no hay minas ni presas ni carreteras permanentes. Al río le dan nombre las focas que remontan hasta 200 kilómetros aguas arriba desde la bahía de Hudson, donde viven osos polares y belugas. Y más de 400.000 caribúes llegan allí cada invierno procedentes del Alto Ártico. Por eso, tras su destierro, los Sayisi Dene dijeron que “habían vuelto al paraíso”.
Una lucha que sirve a todo el planeta
Los bosques boreales, las turberas, pantanos e incontables lagos que rodean la canadiense bahía de Hudson, como los de la cuenca del río Seal, son una auténtica esponja de carbono: sus suelos contienen 112.000 millones de toneladas de carbono, el triple de lo que la humanidad emite en un año, según un estudio de la Universidad de McMaster y WWF. Al custodiar ese almacén de gases de efecto invernadero, pueblos indígenas como los Saysi Dene protegen a todo el planeta.
Es un esfuerzo que están liderando muchas otras comunidades. Desde 2018, en el bosque boreal del norte de Canadá se crearon tres inmensas áreas protegidas indígenas, y las zonas identificadas y propuestas por tribus de todo el país cubren una superficie del tamaño de España, medio millón de kilómetros cuadrados. Esas áreas se gestionan de igual a igual entre el Gobierno federal o provincial que corresponda y las naciones indígenas. Además, con su creación se financian empleos locales —en vigilancia o en programas ambientales y de seguimiento de fauna— e iniciativas económicas que contribuyan a su conservación a largo plazo.
La creación de áreas protegidas indígenas es un pilar fundamental en el objetivo de Canadá —compartido por un centenar de países— de proteger un 30% de la tierra y del océano para 2030, una meta que está entre los temas clave en la agenda de la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15) que se celebra en Montreal desde este martes.
“La comunidad mundial, al tratar de proteger el 30% de las tierras y del océano, está en cierto modo poniéndose a la altura de la ambición marcada por los pueblos indígenas”, explicó en una conferencia de prensa previa a la cumbre la directora de la Iniciativa de Liderazgo Indígena de Canadá, Valérie Courtois. “Entendemos que nuestra propia supervivencia depende de la salud de estos paisajes. Sabemos que si cuidamos la tierra ella cuidará de nosotros”, dijo esta miembro de una comunidad del pueblo innu de Quebec.
Pero no es solo Canadá. Según los datos del Panel Intergubernamental de expertos de la ONU sobre Biodiversidad (IPBES) las comunidades nativas tienen control o viven en más de un cuarto de la superficie terrestre, y en sus tierras se concentra un 37% de todas las zonas con muy baja intervención humana que quedan en el planeta.
“Es imposible afrontar la crisis de la biodiversidad sin contar con la participación y la sabiduría de los pueblos indígenas”, dice uno de los expertos del IPBES, Álvaro Fernández-Llamazares. Según las conclusiones del último informe global del IPBES, la biodiversidad también está en declive en los territorios controlados o utilizados por las comunidades nativas, pero a un ritmo mucho más lento que fuera de ellos.
“Tenemos evidencias científicas muy claras de que los sistemas de gestión del territorio de los pueblos indígenas suelen ser muy sofisticados y efectivos a la hora de prevenir la erosión de la biodiversidad”, asegura Fernández-Llamazares, investigador del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por ejemplo, se descubrió que la riqueza de anfibios, aves o mamíferos es mayor en las zonas gestionadas por pueblos nativos, gracias a prácticas tradicionales como las quemas de baja intensidad que abren pequeños claros en los bosques y aumentan la diversidad de los hábitats.
El experto del IPBES señala también “la lucha por mantener la integridad ecológica y cultural de sus territorios frente a presiones industriales y extractivistas”. En Canadá, las comunidades nativas son en muchos casos la primera línea de defensa contra la destrucción de la naturaleza, evitando la tala de árboles milenarios, frenando megaproyectos mineros en el Ártico o bloqueando gasoductos en la salvaje costa oeste. En otros lugares, como la Amazonía, esa lucha cuesta demasiadas veces la vida: más de un 40% de los casi 200 defensores de la tierra asesinados en 2021 eran indígenas, según los datos del informe anual de Global Witness.
Los representantes de estas comunidades insisten en que los compromisos globales para proteger la naturaleza no tendrán éxito sin fortalecer sus derechos territoriales y aumentar su participación en la toma de decisiones. Es una idea apoyada hoy en día por el mundo científico y conservacionista que supone un cambio radical frente al modelo histórico para impulsar los parques.
“La creación de áreas protegidas en gran parte del Sur Global ha seguido un modelo de conservación fortaleza, basado en la idea de restringir el acceso a la naturaleza con el fin de preservarla”, explica el experto del IPBES.
En palabras de Ethel Blondin-Andrew, la primera mujer indígena que fue ministra en Canadá: “Durante demasiado tiempo, la protección de la naturaleza se ha centrado en construir una valla para mantener a la gente fuera. El enfoque indígena vuelve a situar a las personas como guardianes. Hace tiempo que reconocemos que la tierra necesita a la gente y la gente necesita a la tierra”.
GP