Al firmar el miércoles la llamada “muerte cruzada”, el presidente centro derechista ecuatoriano Guillermo Lasso puso fin a una pugna con la Asamblea Nacional (Parlamento) de mayoría opositora que había comenzado desde el primer día de su mandato. Disolvió el Congreso, pero también le puso fecha de caducidad a su presidencia, y anticipó las elecciones generales donde se votará a las nuevas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo unicameral.
El martes, la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo en Ecuador) había iniciado el debate sobre implementar un juicio político en contra del presidente Lasso por su presunta participación en delito de peculado : no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers para el traslado de crudo ecuatoriano, con un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado; y, también por el esclarecimiento de bienes en paraísos fiscales.
Los legisladores que han promovido la investigación pertenecen a la bancada correista Unión por la Esperanza( UNES) y al movimiento indígena. Una Comisión de Supervisión Legislativa había concluido la semana pasada que no había evidencia que demostrara que el presidente Lasso supiera sobre los contratos y que no había promovido la firma de un nuevo acuerdo con la compañía privada. La comisión recomendó no acusarlo.
Sin embargo, ni cesaron las acusaciones de los legisladores interpelantes de “inocular corrupción en el sistema”. El primer mandatario, quien acudió al Palacio Legislativo, rechazó todas las imputaciones: “He venido aquí para decir esto a mis acusadores: Yo los acuso. Los acuso de haber abandonado su papel de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque no crean leyes, sino que las destruyen”, declaró el martes en el recinto en su defensa el presidente Lasso.
A pocas horas de que la mayoría legislativa de correístas y socialcristianos votara a favor de abrir un juicio político en su contra, el presidente disolvió la Asamblea.
Qué consecuencias trae el recurrir a la “muerte cruzada”
La “muerte cruzada” es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Dos muertes: un suicidio y un asesinato. Porque una vez decretada la 'muerte cruzada' por el presidente, 'mueren' al mismo tiempo (y, en teoría, resucitarán el mismo día), quienes están frente del Ejecutivo y ocupan las bancas del Legislativo ecuatoriano.
La medida, amparada por el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana del 2008, fue diseñada por el movimiento de Revolución Ciudadana, formación política entonces oficialista, durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017). Es la primera vez que un presidente invoca la 'muerte cruzada', y la aplica “por grave conmoción interna y política” Amparado por este mecanismo, Lasso, podrá gobernar con “plenos poderes”, por decretos leyes de urgencia en tanto se realizarán “en breve” las elecciones generales según el decreto que publicó la Presidencia de la República.
La suspensión temporal de la representación política en la Asamblea abre mayor espacio para una protesta social. “En estas primeras horas la situación para la ciudadanía es confusa, pues dependemos si la decisión presidencial será acatada, o será enfrentada en las cortes de justicia, en las calles, a través de alguna argucia, ¿Qué hacer?”, se pregunta Inkarri Kowi, analista de temas indígenas.
Y la vez la posibilidad legal de expedir decretos con fuerza de ley es probable que haga lugar a la calificación del gobierno de dictatorial. Los plazos que tiene el presidente Lasso para implementar políticas que promuevan mejoras sociales y la reactivación de la economía son acotados. Si la medida que ha tomado fue sólo para salvar por el momento su cargo, los costos que se le adjudicarán no serán menores.
¿Muerte anunciada, resurrección sin profetas?
La crisis, en todo su espectro marcado por la recesión económica post pandemia del Covid-19, la permanente amenaza de las pandillas, muchas de ellas relacionadas con los carteles mexicanos, que han desatado crímenes violentos en las calles –especialmente de las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil- y cárceles del país otrora pacífico, y el aumento de la migración , ha provocado un importante declive de la figura del presidente que muchos consideran un “muerto político”.
Lasso en junio del 2022 había enfrentado otro intento de destitución en medio de jornadas de movilizaciones con fuerte represión oficial y un prolongado paro general promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leónidas Iza, quien con otros dirigentes acordaron un “Acta por la Paz”, mediado por el Episcopado.
El correísmo que ha buscado salidas institucionales para ser el protagonista que obligue la salida de Lasso, se ha visto favorecido por los resultados del 5 de febrero 2023. El triunfo del NO en el referendo impulsado por el gobierno al mismo tiempo que la victoria -referenciada en el ex presidente Correa- en las elecciones locales ha asentado un escenario adverso para la gestión gubernamental.
Según los últimos sondeos: Cedatos, empresa afín a Lasso, indicó que la aprobación a su gestión habría caído al 63.5%, en tanto que Perfiles de Opinión, más alineada con el correísmo, lo sitúa en el 34.01%, de un 74% entre julio y agosto.
Las expresiones de desacuerdo y los apoyos a Lasso
Uno de los primeros en reaccionar a la disolución de la Asamblea fue el expresidente Correa, exiliado en Bélgica. Por twiter declaró enfático: “Ecuatorianos: Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna sino un juicio político en aplicación a la constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca ¡Hasta la victoria siempre!”. La Conaie, también por Twitter, convocó a los “pueblos y nacionalidades” a un consejo ampliado extraordinario, donde analizarán las medidas tomadas por Lasso.
Todo invita a pensar que el correísmo no impugnará el decreto, sino que se prepara a vencer las elecciones presidenciales. Otro tanto se infiere de la reacción de la Conaie, la Confederación nacional indígena de Ecuador.
Las FFAA expresaron su respaldo a la “decisión constitucional” del Presidente. El jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, aseguró que “mantienen y mantendrán su posición de absoluto respeto a las leyes”. Los legisladores no pudieron ingresar a la Asamblea Nacional, bloqueada por las FFAA y la Policía.
AGB