Un antecedente similar en San Antonio ocurrió en 2017. En esa ocasión, diez migrantes murieron en la parte trasera de un camión que estaba aparcado en el estacionamiento de la cadena Wal-Mart. James Matthew Bradley Jr., el conductor del tráiler, fue sentenciado a cadena perpetua.
En el luctuoso episodio de ahora se observa un compendio de lamentables razones: la desesperación de los migrantes que buscan cualquier forma de ingresar a los EEUU; el cinismo de los “coyotes”, o traficantes de personas, explotando esa desesperación; las medidas restrictivas estadounidenses existentes que incentivan tales riesgos; y las temperaturas récord y la sequía en Texas que incidieron en la espantosa situación de los migrantes.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó que al menos 22 de las víctimas eran ciudadanos mexicanos, siete eran de Guatemala y dos de Honduras.
Por su parte, Greg Abbott el republicano gobernador de Texas, no vaciló en responsabilizar al presidente demócrata Joe Biden de las muertes. “Son el resultado de sus letales políticas de frontera abierta”, tuiteó Abbott. “Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”, agregó Abbott quien se encuentra en medio de una campaña de reelección. Numerosos políticos republicanos también se hicieron eco de la acusación de “fronteras abiertas”.
Biden, quien se encuentra en Madrid participando de la cumbre de la OTAN, declaró: “Explotar a personas vulnerables con fines de lucro es vergonzoso, al igual que la fanfarronería política en torno a la tragedia” ,calificó esas muertes de “horrorosas y desgarradoras” y agregó que “este incidente subraya la necesidad de perseguir a la industria de contrabando criminal multimillonaria que se aprovecha de los migrantes y provoca demasiadas muertes inocentes”.
Tres personas fueron detenidas luego de las muertes, incluidos Juan Francisco D'Luna-Bilbao y Juan Claudio D'Luna-Mendez, ambos ciudadanos mexicanos acusados ​​​​de quedarse más tiempo del que tenían sus visas, informó el diario New York Times y un portavoz de Inmigración y Control de Aduanas alegó que eran “parte de la conspiración de contrabando”.
Frontera abierta, Título 42 y Permanecer en México
Durante años, el bulo de “frontera abierta” ha sido un tema de conversación estándar de la derecha estadounidense. No importa que EEUU mantenga posiblemente uno de los procesos de solicitud de visa más rigurosos y difíciles del mundo para ciudadanos que buscan ingresar al país. No importa que la reubicación que EEUU dispone sobre los refugiados, incluso bajo la administración de Biden, alcance los mínimos históricos. Ni tampoco importa que EEUU detenga y expulse de inmediato un número de inmigrantes ilegales en su frontera sur.
Para el establecimiento republicano cualquier discusión sobre políticas más humanitarias en la frontera o cualquier crítica sobre la ineficacia y el gasto de miles de millones de dólares en cosas como un muro -que el expresidente Donald Trump mandó a elevar varios tramos de 5,4 a 9,1 metros- equivalen a una “mentalidad de fronteras abiertas”.
Durante el mandato de Trump se propagó desde el oficialismo la creencia de que el propósito de la oposición demócrata era inundar el país con inmigrantes indocumentados. La suposición encontró eco en las teorías de conspiración de extrema derecha que inspiraron, entre otras cosas, “delitos de odio” como los tiroteos masivos en una sinagoga de Pittsburgh en 2018 y en un Walmart de El Paso en Texas, cerca de la frontera con EEUU en 2019. Poco antes de la masacre, el asesino había publicado un manifiesto en las redes sociales en el que hablaba de la “invasión hispana de Texas”. En el texto, despotricaba contra los inmigrantes y advertía que “los extranjeros están reemplazando a los blancos”.
Los críticos de Biden no dudan en afirman que su intención de revertir algunas de las políticas fronterizas de Trump ha provocado un aumento incontenible de la inmigración. Sin embargo, muchas de las medidas de la era Trump siguen vigentes debido a la intervención judicial.
La disposición del “Título 42”, promulgada por Trump en 2020, utilizó el contexto de emergencia de la pandemia para permitir que los funcionarios fronterizos expulsen a los migrantes antes de que puedan ser procesados ​​burocráticamente o intentar solicitar asilo. Y los controvertidos protocolos “Permanecer en México” habilitaron enviar los posibles solicitantes de asilo en la frontera de regreso a México.
La administración Biden declaró su intención de atender las causas fundamentales que impulsan la migración desde los países del sur, incluidos los espinosos legados de negligencia económica y corrupción gubernamental, así como las crisis humanitarias en curso, los efectos de los desastres naturales y el número de víctimas de la pandemia.
Las caravanas de migrantes llegadas desde América Central, especialmente del llamado Triángulo Norte (por la Triple Frontera entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador), hasta el límite EEUU-México, donde se erige el muro levantado por Trump y cuya construcción ordenó detener Biden como uno de los primeros y más espectaculares actos de reversión de políticas que dispuso al asumir, llegaron a los números más altos de la última década y media, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ (U.S. CBP) . La misma publicidad que había dado el presidente demócrata a sus iniciativas de DDHH, que abiertamente proclamaban poner fin a la inhumana crueldad de su antecesor republicano, fungieron como propaganda que estimuló tanto la voluntad de migrar como el negocio de las empresas de contrabando de personas.
“Estados Unidos no es responsable de resolver los problemas de delincuencia transnacional, gestión de la migración y seguridad fronteriza en México y el norte de Centroamérica”, concluyó un informe reciente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la minoría republicana sobre migración. Recomendó, en cambio, que la administración “utilice todas las herramientas disponibles para asegurar la frontera” en este momento, incluido el movimiento del Título 42 y la política “Permanecer en México”.
Sin embargo, estas medidas carecen de la eficacia que sus patrocinadores le atribuyen. Las expulsiones del “Título 42” afectan a más de 1 millón de personas debido a que Biden ha seguido aplicando la regulación para evitar la propagación del coronavirus. Aunque este año el presidente de EEUU decidió eliminar esta norma, no le fue posible ponerlo en práctica: un juez federal de Luisiana suspendió la intención del Gobierno de volver a la situación anterior en la que los migrantes podían solicitar asilo, su única esperanza para dejar atrás sus países.
El programa “Permanecer en México”, cuyo destino ahora está en manos de la mayoría derechista de la Corte Suprema, ha dejado a miles de solicitantes de asilo vulnerables a la merced de la violencia criminal de los cárteles y traficantes de personas que operan dentro de México.
“Muchas de las personas atrapadas en ese camión en San Antonio podrían haberse acercado a un puerto de entrada terrestre... y haber pedido a los funcionarios [de Aduanas y Protección Fronteriza] que solicitaran asilo en los Estados Unidos, como es su derecho legal”, señaló la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) “Pero eso es imposible, ya que el Título 42 ha dejado los puertos de entrada cerrados a los solicitantes de asilo”.
Otros cruces, las mismas fatalidades
Las muertes en San Antonio distan mucho de ser un hecho aislado, ya que aumenta la cantidad de migrantes que intentan cruzar en áreas más peligrosas y remotas.
“Las dinámicas migratorias han cambiado, sobre todo frente al impacto económico de la pandemia de COVID-19”, asegura Maureen Meyer, vicepresidenta de WOLA. Aparte de la ruta clásica de México, Guatemala, Honduras y El Salvador rumbo a EEUU, hay cada vez más migrantes sudamericanos y haitianos que estaban “viviendo en otros países de la región y que ahora están otra vez en movimiento por falta de empleo, aparte de la discriminación y el racismo que han experimentado. Además, hay un flujo muy grande de personas cubanas saliendo de la isla por la crisis humanitaria. Personas procedentes de África y Asia también usan la región como zona de tránsito”, explica Meyer, experta en migración y seguridad fronteriza quien también detalla que desde octubre de 2020 a septiembre de 2021, la patrulla fronteriza de EEUU encontró los restos de 557 personas migrantes, “un número récord”.
En el mismo mes de septiembre, de los 15 mil migrantes haitianos que habían arreado policías montados, y conducido a rebencazos a un campamento luego desmantelado debajo del puente internacional de Del Río o concentrado a la intemperie en una plana localidad fronteriza tejana, separaron una fracción de 2 mil, que fue deportada en vuelos de carga a la capital haitiana de Port-au-Prince. Otra fracción equivalente, la administración retaceó los números exactos, formada en primer término por madres embarazadas o acompañando a menores, fue admitida en EEUU como solicitante de asilo o refugio. Otra fue encerrada en centros de detención más alejados de la vista. Otra fue llevada en ómnibus mexicanos hacia bien al sur de la frontera sur de EEUU. En esa oportunidad, la ONU pidió a Brasil si no podía recibir otra parte de esta masa de personas que había llegado a la frontera.
A la vez, son los migrantes haitianos los que lideraron el paso a pie por el Tapón del Darién, la selva tropical e infranqueable que se extiende entre el límite de América Central (Panamá) y América del Sur (Colombia) considerada una de las rutas más peligrosas del mundo. Al ambiente hostil de la selva se suma la presencia de grupos criminales, a manos de los cuales los migrantes sufren extorsiones, violencia sexual y robos.
En el transcurso de este año, esa fatídica ruta la encabezan venezolanos y cubanos. Por su parte, Refugees International informa que un total de 13.425 personas han cruzado el Darién en los tres primeros meses de 2022, más del doble que en el mismo periodo de un año atrás. Además de 50 muertos en lo que va de año y 288 casos de violaciones sexuales.
Más de 6.000 migrantes han sido reportados como desaparecidos o muertos en América desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El 60 por ciento de los decesos tuvieron lugar en la frontera entre México y EEUU. Mientras que unas 1.750 personas murieron ahogadas, en el río Bravo, frontera natural entre México y EEUU, la falta de agua, alimentos y de un sitio para quedarse costó la vida a 861 personas. Otros migrantes fueron víctimas de la violencia, de accidentes o murieron como en el reciente episodio de San Antonio por estar sometidos a condiciones infrahumanas.
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