La Fiscalía General del Estado trata de dar pasos para arrojar luz sobre los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica de España a pesar de la falta de colaboración de los obispos. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, anunció este jueves en una comparecencia en el Senado que en los “próximos días” se dirigirá directamente a congregaciones y entidades religiosas para que remitan toda la información a su alcance sobre denuncias o testimonios relativos a la pederastia clerical. El objetivo es acceder a “los datos sobre abusos de los que la Fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada”, explicó ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
Esta decisión es consecuencia de la “escasísima información” que la jerarquía católica facilitó hasta el momento sobre “una realidad criminal de incuestionable gravedad” como son los abusos sexuales a menores en la Iglesia. García Ortiz explicó que el pasado noviembre la Fiscalía solicitó a las 70 diócesis que facilitaran toda la información al respecto que estuviera en su poder. Pero sólo 29 de ellas contestaron. Y lo hicieron, además, con “respuestas modelo”, afirmando que no tienen casos abiertos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales.
La información aportada en sede parlamentaria por el fiscal general revela que las diócesis siguieron a rajatabla las directrices de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el sentido de que debían limitar la información que ponían a disposición del Ministerio Público. En una carta, el secretario general de la CEE, César García Magán, aconsejó a las diócesis que no comunicaran a la Fiscalía General del Estado ningún caso que no estuviera previamente comunicado a la fiscalía provincial y que la respuesta fuera coordinada por la procuradora que representa a esta organización. E incluso para facilitar esa respuesta unánime adjuntaba además dos modelos a completar que fueron utilizados por la mayoría de ellas.
La Fiscalía preguntó a las diócesis por indicación de la propia Conferencia Episcopal, a quien se había dirigido el Ministerio Público en primera instancia tras recibir un escrito que reproducía a su vez la investigación realizada por El País sobre estos abusos. “Valorando ese gesto” —dijo García Ortiz—, la Fiscalía pidió a los obispos que informaran “de aquellos casos de los que tuvieran conocimiento” para poder “dimensionar el fenómeno” y “valorar cada caso de forma individual”. Pero éstos replicaron que no tenían “competencia” para hacerlo e indicaron al Ministerio Público que contactara con cada diócesis individualmente.
En su intervención, García Ortiz aseguró que las agresiones sexuales a menores “cometidas en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa” es “una realidad criminal de incuestionable gravedad”. Y recordó en este sentido, que la Fiscalía está elaborando un estudio sobre las alternativas procesales para reparar a las víctimas, en casos de hechos prescritos y autores fallecidos. “Dicho estudio analizará los referentes internacionales y autonómicos, siempre teniendo presente que lo central es dotar a las víctimas de una plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos”, afirmó.
elDiario.es informó este jueves que la auditoria sobre estos abusos que la Conferencia Episcopal encargó al al despacho Cremades & Calvo Sotelo apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta ahora por la Conferencia Episcopal y una cifra mucho más alta que la presentada por distintas indagaciones periodísticas. La tarea del bufete se centró en estos meses, por un lado, en hablar con víctimas, lo que se concretó en unas 120 entrevistas, por el momento. Por otro lado está el repaso a los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos 60 o 70 años. Como en Portugal, el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los años 50.