La escalada de confrontación del gobierno de Nicaragua en contra de la Iglesia Católica alerta la opinión internacional respecto al presidente Daniel Ortega y su estrategia de institucionalizar el Estado policial en la nación silenciando toda voz crítica o no subordinada
Sin embargo, no siempre la figura de Ortega ha estado en el centro de esta acusación. Por el contrario, por largo tiempo se lo asoció a la Revolución Sandinista, integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que en julio de 1979 derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista -luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle- que había gobernado el país por 44 años. Con el inmediato establecimiento una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo, presidida por Daniel Ortega.
En noviembre de 1979, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) publicó la pastoral Compromiso Cristiano para una Nicaragua Nueva que considera el “proceso revolucionario” como una oportunidad para el país y convoca a la población a hacer los sacrificios necesarios y una “profunda conversión del corazón”. Los obispos pidieron “un amplio espacio de libertad que le permita (a la Iglesia) cumplir su labor apostólica sin interferencias”.
Tres sacerdotes conocidos promotores de la teología marxista de la liberación asumieron cargos en el gobierno sandinista: Miguel D’Escoto fue ministro de Relaciones Exteriores (1979-1990); Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura (1979-1987); y Edgar Parrales fue viceministro subdirector General del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (1979-1980), ministro de Bienestar Social (1980-1982) y embajador de Nicaragua ante la OEA (1982-1986).
En enero de 1980, la CEN decidió que ya no podían integrar el gobierno sandinista. Y en abril de ese año, el Papa Juan Pablo II recibió a los obispos nicaragüenses en el Vaticano y en su discurso sostuvo que “una ideología atea no puede ser el instrumento orientador del esfuerzo de promoción de la justicia social”. Los sacerdotes continuaron en sus cargos a pesar de que los obispos le pidieron que renunciaran. En febrero de 1984, Juan Pablo II suspendió ad divinis a los tres sacerdotes y al padre Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, quien hasta 1990, fue ministro de Educación.
Violeta Chamorro había renunciado a la Junta en abril de 1980 por el rumbo socialista del FSLN y la influencia de Cuba en el gobierno. Robelo por iguales motivos había hecho lo mismo para luego integrar el directorio político de la Resistencia Nicaragüense (los “contras”) financiada por EEUU que sostuvo una guerra civil con los sandinistas durante toda la década. En 1985, la Junta entregó el poder a Ortega, ganador de las elecciones presidenciales de 1984 con el FSLN, ya un partido político.
Poderes terrenales vs poderes celestiales
Desde la década de los ‘80, el gobierno de la revolución sandinista mantuvo una relación enconada con la Iglesia Católica que en el transcurso de sus mandatos no amenguó sino que por el contrario ha ido en aumento hasta el clímax bien álgido originado con la reciente detención del obispo Rolando Álvarez, titular de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, la autoridad católica más crítica y más perseguida por el poder político de Nicaragua.
Desde el mediodía del 3 de agosto, Álvarez de 55 años se encuentra secuestrado junto a otros sacerdotes y laicos en la casa episcopal donde vive. Los Ortega-Murillo han iniciado una investigación en su contra por “intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población (...) con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
Después del exilio forzado del obispo Silvio Báez en 2019, Álvarez se ha convertido en una de las principales voces de la pastoral que además de incomodar al gobierno es el centro de la persecución contra la iglesia Católica. El obispo de Matagalpa ha sufrido además la cancelación de las radios y televisoras católicas que dirigía en Nicaragua.
El obispo no sólo ha cuestionado la represión desde las protestas sociales de 2018, sino que antes encabezó en el municipio de Rancho Grande protestas contra una concesión minera entregada a una transnacional cuya fuerza numérica y decisión hizo que el gobierno tuviera que revocarla.
Durante la pandemia los líderes religiosos suspendieron las procesiones para evitar las aglomeraciones mientras que los alcaldes sandinistas convocaron procesiones con réplicas de imágenes de santos, filarmónicos y algunos promesantes. En esa oportunidad, el obispo Álvarez, declaró que “Se ha llegado al extremo de que ahora las alcaldías se han vuelto seudos parroquias y los alcaldes se han vuelto seudos sacerdotes, porque están tomando el lugar que le corresponde al templo”. En una de sus homilías más recientes, Álvarez recordó con énfasis: “no tocar a Dios con las manos sucias”.
Treinta años atrás
La práctica de montar acusaciones contra sacerdotes, desprestigiarlos, golpearlos, expulsarlos del país, acusarlos de “actitud antipatriótica y criminal” cuenta con un historial de atropellos por parte del gobierno contra la Iglesia católica iniciado hace tres décadas.
El padre Bismarck Carballo, desnudado y golpeado en público el 12 de agosto de 1982, fue objeto de una manipulación- en la que se le atribuía tener una amante- armada en su contra por Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), dirigida por Lenín Cerna.
Y en 1984, los sandinistas acusaron al sacerdote Luis Amado Peña de conspirar con la Contra, lo llevaron a los Tribunales Somocistas y lo confinaron durante cuatro meses en el Seminario. Fueron expulsaron de Nicaragua a 10 sacerdotes extranjeros que se solidarizaron con Peña.
En 1986, el Monseñor Pablo Antonio Vega, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de entonces y uno de los obispos que más fuerte alzaba la voz contra el gobierno sandinista - junto al cardenal Miguel Obando y Bravo, Bosco Vivas y Abelardo Mata- viajó a Washington para denunciar ante el Departamento de Estado el crimen contra tres de sus ministros laicos a manos de los sandinistas, y la represión que estos seguían ejerciendo contra el campesinado. Cuando regresó a Nicaragua, fue detenido y trasladado en helicóptero hacia la frontera con Honduras, donde lo dejaron abandonado acusado por los sandinistas de “actitud antipatriótica y criminal” al apoyar a la guerrilla antisandinista y justificar una eventual intervención norteamericana en el país.
El cardenal valiente y la parábola de la víbora
El cardenal Miguel Obando y Bravo, quien fue el primer religioso con este alto rango en Centroamérica nombrado en 1985 por Juan Pablo II, distinguido en los años del somocismo por su defensa a los derechos humanos, en las elecciones de 1990, llamó a todos los ciudadanos a votar conforme a sus conciencias, “no por miedo ni por dádivas”.
Ortega, candidato del FSLN, perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro por la Unión Nacional Opositora (UNO), lo llamó “fariseo” y lo acusó de “ensuciar la palabra de Cristo”. Obando y Bravo sin demora respondió que “una serpiente, que vive, mata y muere escupiendo veneno”.
El cardenal dos días antes de las elecciones siguientes de 1996, en las que competía nuevamente Ortega por el Frente Sandinista, pronunció desde el púlpito de la Catedral de Managua la parábola de la víbora. Dos hombres encontraron en el camino una víbora que se moría a causa del frío. Uno de ellos quiso darle calor para salvarla y el otro le advirtió “que esa víbora era peligrosa, que ya había matado y si la revivían, volvería a matar”. Sin embargo, el primero pensando que las circunstancias habían cambiado, alzó al reptil y lo puso sobre su pecho para darle calor. La víbora al revivir, lo mordió y lo mató. “El cristiano no tiene odio, pero debe tomar ciertas normas de prudencia, sino le va a pasar lo que dice la leyenda”, dijo el cardenal. Dos días después, Daniel Ortega volvió a perder las elecciones frente al candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán (1997-2002).
Para la campaña electoral de 2006, para obtener más soporte político en una Nicaragua católica, el ‘comandante Daniel’ pidió perdón a la Iglesia por todos los actos cometidos por sandinistas en contra a los religiosos en los ’80 y buscó un acercamiento con el cardenal Obando. El cardenal no sólo dio la primera comunión a la actual pareja en el poder sino que también los casó en una ceremonia privada. El religioso se plegó al discurso sandinista, que por entonces llamaba a trabajar “por el bien común” y la “reconciliación”. Ortega le llamaba “capellán del somocismo” y cuando asumió por segunda vez la presidencia en 2007 penalizó el aborto terapéutico para congraciarse con el influyente obispo quien murió en 2018.
La crisis política y social de 2018
El gobierno de Ortega hasta 2018, mostró un sostenido crecimiento económico que entre 2007 y 2017 promedió 4,2%. A diferencia de otros países centroamericanos, en Nicaragua los indicadores de criminalidad e inseguridad eran relativamente bajos y a pesar de la informalidad, el porcentaje de personas activas en la seguridad social se duplicó. El gobierno estableció alianzas con capital privado que favoreció el nacimiento de un nuevo grupo de poder económico alrededor de la familia Ortega-Murillo y el Ejército, con un fuerte dispositivo de control y vigilancia para contener cualquier expresión de descontento social, y participación en negocios amparados por fondos venezolanos. Ortega subordinó el poder militar a la presidencia y como también los demás poderes del estado como la Corte Suprema y la Contraloría General de la República.
En abril de 2018, un estallido social interrumpió la marcha del proceso autoritario de Ortega- Murillo cuando miles de personas salieron a las calles del país para expresar el descontento por el anuncio de reformas en la seguridad sociales que afectaba a jubilados y empleadores. La respuesta gubernamental fue de violenta represión por parte de la policía. El 23 de abril la organización gremial del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) convocó una marcha en ciudad capital de Managua con el inédito reclamo de que Ortega dejara el poder marcando el fin de la alianza del gobierno con el empresariado.
Durante las protestas, la Catedral de Managua fue invadida por simpatizantes del Gobierno quienes agredieron a los jóvenes reunidos en el templo para recoger víveres y entregarlos a los manifestantes reprimidos en diferentes puntos del país
El padre Edwing Román de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya fue uno de varios religiosos católicos que acompañó a las víctimas de la represión. Asistió a heridos, intercedió por secuestrados y resguardó a ciudadanos amenazados. En noviembre de 2019 vivió, junto a varias madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre por la libertad de sus hijos en su parroquia, un asedio brutal de la Policía en el que durante nueve días les cortó los servicios de agua y luz eléctrica para someterlos. La acción dio la vuelta al mundo y despertó la solidaridad de miles de personas.
La Conferencia Episcopal en las protestas de 2018 tuvo un papel mediador y denunció la masacre de más de 350 personas, una trágica cifra cercana a los 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 solamente.
Recuperar la paz haciendo la guerra
Ante las últimas elecciones presidenciales, la Arquidiócesis de Managua dirigida por el cardenal Leopoldo Brenes emitió un comunicado expresando que “no existen condiciones para celebrar elecciones democráticas” en Nicaragua después de que el régimen arrestara a 32 líderes de la oposición a esa fecha, entre ellos siete aspirantes a la presidencia y se cancelara la personería jurídica a tres partidos políticos. Tres días después, el presidente en busca de su quinta reelección los llamó “hijos del demonio” porque “algunos (manifestantes en 2018) le pegaron fuego a los ciudadanos que fueron asesinados, torturados o a los policías que fueron torturados y luego quemados vivos, con el aplauso y aliento de algunos curas”.
Esa misma noche, Rosario Murillo llamó a los sacerdotes “hijos del diablo”. El cardenal Brenes, declaró que “en una ocasión se dijo que la iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores”. Desde 2018, Ortega y Murillo han ordenado quitarles a casi todas las parroquias del país los fondos que recibían del Presupuesto General de la República con una reforma a finales de ese año. La Arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal Brenes, fue la más afectada con la reducción de fondos.
Once días después de ser reelegido sin oposición, el presidente Ortega anuló, a través de un decreto, la figura de “Decano del Cuerpo Diplomático”, que desde el año 2000 correspondía al nuncio apostólico. El 7 de marzo de este año, la nunciatura informó que su representante en Managua, el polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, se “ausentó del país”, y que el secretario, Marcel Mbaye Diouf, quedaba al frente, sin aclarar las razones.
En 2019 y en 2021 fueron expulsados el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el sacerdote Edwin Román.
El pasado 6 de julio, el mundo se enteraba de que el gobierno había expulsado a 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad, después del cierre de su asociación, junto a otras organizaciones benéficas y civiles.
En el mes de junio, detuvieron a Manuel García, el primero de los siete sacerdotes que guardan prisión hasta hoy. El párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en el municipio de Nandaime fue enjuiciado y condenado por violencia doméstica contra una mujer que pasó de víctima a acusada por no inculpar al sacerdote. Los otros presbíteros detenidos: Leonardo Urbina, enjuiciado por el supuesto delito de abuso sexual a una menor; y Óscar Benavidez, a quien de momento no le han formulado cargos. Además José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios, Ramiro Tijerino y Raúl González, todos de la diócesis de Matagalpa.
En los últimos incidentes se prohibió procesionar en Managua con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima.
Desde 2018, la Iglesia denunció discriminaciones en la política migratoria en contra sacerdotes extranjeros, y a favor de ex presiente corruptos.
La Sangre de Cristo, las persecuciones a los católicos y la ‘prudencia’ del Vaticano
Desde julio de 2018, cuando Daniel Ortega acusó a los obispos de “golpistas”, hasta agosto de 2020, cuando ocurrió el incendio que calcinó la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIH) contabilizó 24 ataques directos contra la Iglesia Católica. El más grave fue el incendio en la capilla de la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. A pocos minutos de ocurrido y sin tener mayores detalles, Rosario Murillo declaró que el incendio había sido provocado “por la existencia de veladores en el entorno de la Sangre de Cristo… Son las veladoras que encienden los feligreses”. Sin embargo, el cardenal Brenes desmintió a Murillo: “en el lugar no había veladoras… porque las imágenes antiguas con más de 50 años no se les pone veladoras alrededor”. El acto fue declarado como atentado por el papa Francisco, una de las pocas condenas del pontífice a la persecución de los pastores de su grey en Nicaragua.
En estos días, religiosos y políticos de diversas latitudes transmitieron su apoyo, preocupación y solidaridad a los católicos y al episcopado de Nicaragua. Las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en el Ángelus del domingo, fueron consideradas decepcionantes ante la urgente y repetida situación: “Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresa mi convicción y mi deseo de que, por medio de un diálogo abierto y sincero, se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”. No parece un medio eficaz ante la urgencia de la situación pedir a los detenidos, incomunicados, torturados, perseguidos, prohibidos, oprimidos por Ortega que se abran al “diálogo”. Una oración “en abstracto” considera Vilma Nuñez la directora del CENIH.
AGB