Alberto González Amado, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, –quien le acaba de entregar un cuestionado premio al presidente Javier Milei– continúa intentando llegar a un acuerdo con la justicia para evitar tener que ir a la cárcel, luego de que una investigación judicial descubriera que había defraudado al estado español por más de 350.000 euros.
La negociación entre González Amado, por una parte, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado por otra derivó en un preacuerdo en el que la pareja de Díaz Ayuso, no solo admite, como en un primer momento, que defraudó al Ministerio de Hacienda de España por un valor de 350.951 euros en dos ejercicios sino que también se sirvió de una trama de facturas falsas para ejecutar el engaño.
En el escrito que plasma el principio de acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sentencia que acepta González Amador es de ocho meses de cárcel, lo que garantiza que no llegue a entrar en prisión. La decisión de PSOE y Más Madrid, como acusaciones populares, de solicitar a la jueza que amplíe la investigación frustró por el momento el acuerdo.
El preacuerdo incluye un primer punto con la descripción del engaño al erario público en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 –año este en el que González Amador comenzó su relación con Díaz Ayuso– y un segundo que concluye: “Los hechos narrados son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 del artículo 305.1 y 6 en concurso medial cada uno de ellos con un respectivo delito de falsedad en documento mercantil”.
La primera oferta de González Amador a la Fiscalía ya proponía ocho meses de cárcel y satisfacer las cantidades defraudadas y la multa correspondiente, pero no asumía el delito de falsificación de documentos. Ahora lo hace pero no conlleva que aumente la pena. El escrito recoge el acuerdo de Fiscalía, Abogacía del Estado (en representación de Hacienda) y las defensas de González Amador y el resto de acusados.
Nada se dice en el preacuerdo de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid que, a primera hora de este lunes, presentaron un extenso escrito en el que solicitaban ampliar la investigación a cinco nuevos delitos. Esta iniciativa, consumada una hora antes del momento fijado para la declaración como investigado de Alberto González, quebró la posibilidad de pacto y obligó a la jueza a aplazar la vista.
Las partes que habían llegado al preacuerdo planeaban exponerlo en presencia de la jueza y que no se llegara a producir la declaración de González Amador y los otros tres investigados. A Madrid se habían desplazado los tres imputados de Arahal (Sevilla) y Alberto González Amador esperaba a sus abogados en un hotel próximo, atento a la señal para acceder al juzgado y suscribir la asunción de los delitos. Pasadas las 12 de la mañana, hora a la que retrasó la jueza la comparecencia, el preacuerdo se convirtió en papel mojado. Al menos de momento.
Ahora, la magistrada deberá estudiar el escrito de PSOE y Más Madrid y pedirá que se posicionen al respecto el resto de las partes, las mismas que ya habían acordado pactar una condena por tres delitos. Después, la jueza Inmaculada Iglesias adoptará una decisión sobre si sigue investigando o da por concluida la instrucción y eleva el acuerdo al tribunal. Su decisión podrá ser recurrida a la Audiencia Provincial. Aunque la jueza rechace la petición de la acusación popular, el caso no se resolverá hasta, mínimo, septiembre. Si acepta ampliar la investigación, su extensión en el tiempo es incalculable.
Ocho meses de cárcel que no cumpliría
El citado preacuerdo recoge que Alberto González Amador es responsable de los hechos descritos “en concepto de autor de todos los delitos” (dos de fraude fiscal y uno de falsificación). Acepta cuatro meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de fraude fiscal y pagar un amulta del 40% de la cuota defraudada (60.000 euros por 2020 y 78.380,56 por 2021, así como la pérdida del derecho a recibir subvenciones o ayudas públicas o gozar de los beneficios o incentivos fiscales durante 18 meses.
El principio de acuerdo revela que la Agencia Tributaria liquidó el pasado 13 de mayo la deuda de González Amador, que de forma extemporánea, una vez descubierto por Hacienda, había ingresado 525.778,87 euros para evitar la investigación judicial.
Alberto González Amador dejó de ingresar 350.951 euros en concepto de Impuestos de Socidedades en los ejercicios 2020 y 2021, tal y como reveló elDiario.es, después de haber incrementado exponencialmente sus ingresos gracias a una comisión de casi 2 millones de euros de comisión en una compra-venta de mascarillas.
La obtención de la comisión fue facilitada por el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, a través de su puesto en el consejo de administración de la empresa compradora. En su petición de ampliación de la investigación, PSOE y Más Madrid quieren ahondar en el papel del gigante de la sanidad privada y se preguntan si el dinero defraudado a Hacienda por González Amador sirvió para comprar el piso en el que vive con la presidenta madrileña y a cambio de qué unos empresarios ponen a su disposición el ático que hay justo arriba. Esos empresarios están relacionados a través de terceros con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.
Como consecuencia, el preacuerdo incluye un apartado que especifica: “el fiscal y la Abogacía del Estado no se oponen a que se conceda la suspensión de las penas de prisión, por ser las condenas inferiorres a dos años, no constar antecedentes penales y estar satisfechas las responsabilidades civiles, condicionada la suspensión a no delinquir en el plazo de dos años”.
El texto también recoge las condenas para sus “cooperadores”: el mexicano Maximiliano Niederer para esos tres delitos y David Herrera Lobato –al frente de la trama ubicada en Arahal (Sevilla)– que respondería como “cooperador necesario” en relación con el delito contra la Hacienda Pública de 2021 en concurso medial con el delito de falsfificación en documento mercantil. Según el preacuerdo, la causa se archivaría para los otros dos investigados de Arahal.