El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, llamó a declarar como testigo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, el próximo 30 de julio. El magistrado se suma a la petición del partido de ultraderecha Vox y el resto de acusaciones populares anunciaron la semana pasada y explica que será él quien se desplace a la gubernamental, el Palacio de la Moncloa, para tomarle declaración a las 11 de la mañana.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que el presidente del Gobierno, entre otras autoridades, declare por escrito ante un juez cuando tenga que explicar hechos que haya conocido en el ejercicio de su cargo. El juez, en este escrito redactado el pasado viernes y firmado este lunes, aplica un artículo concreto para cerrar esa puerta y obligar a que su testimonio sea presencial: entiende que no son hechos que ha conocido por su trabajo como jefe del ejecutivo.
“Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”, dice el magistrado después de explicar que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, aunque sin especificar sobre qué ramificación concreta del caso. En otro escrito conocido este lunes a primera hora de la mañana, el juez Peinado también pasa a considerar como investigado a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid.
El magistrado del juzgado 41 de Madrid investiga desde hace meses a la esposa del presidente del Gobierno y su actividad profesional después de que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentara una denuncia basada en recortes de prensa, incluyendo un rumor sobre una falsa subvención concedida a Begoña Gómez. Desde entonces el magistrado ha ido explorando distintas vías de investigación: desde el rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa a las adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés pasando, en las últimas semanas, por su actividad en una cátedra de la Universidad Complutense.
La Audiencia de Madrid avaló que se investigaran los contratos públicos adjudicados a la UTE de Barrabés, asunto que asumió en mayor parte la Fiscalía Europea, pero consideró que todas las sospechas sobre un supuesto trato de favor a Air Europa se basaba en “meras conjeturas” de la denuncia de Manos Limpias. Las pesquisas sobre la Universidad Complutense han sido añadidas de forma posterior, principalmente a instancias del grupo ultracatólico HazteOir.
Hasta el momento dos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han descartado cualquier irregularidad en las adjudicaciones a Barrabés. El propio empresario compareció como testigo por videoconferencia para negar también ilegalidades y recientemente el juez ha pasado a considerarle como investigado. Lo mismo que ha sucedido con Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid donde Gómez tuvo una cátedra, aunque en este caso el juez se limita a explicar que pasa a considerarle como imputado y le llama a declarar el 29 de julio a la vista de la declaración de otros testigos vinculados al centro.
Reuniones y encuentros en Moncloa
En las últimas semanas, varios testigos han explicado al juez que se reunieron con Begoña Gómez en Moncloa. Goyache, según explicó él mismo, lo hizo para tratar asuntos relacionados con la cátedra que iba a poner en marcha la esposa del presidente del Gobierno. Barrabés, por su parte, explicó al juez que se reunió varias veces con Gómez y que en otras dos ocasiones coincidió con Sánchez sin llegar a tener reuniones con él.
El auto de Peinado no explica las razones concretas por las que se desplazará a Moncloa para interrogar como testigo al presidente del Gobierno. Explica que existe una modalidad del tráfico de influencias denominada “tráfico de influencias en cadena” y que su objetivo es indagar en “la posible relación de la persona investigada con una autoridad”, aunque le niegue el derecho a declarar por escrito al entender que los hechos no tienen que ver con su cargo.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal también permite a una persona no declarar “en contra” de un familiar directo aunque “puede hacer las manifestaciones que considere oportunas”. El magistrado explica en su auto cómo será la logística de la testifical del presidente del gobierno: un día antes, los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid irán a Moncloa con agentes de la Policía Judicial para instalar “los dispositivos necesarios” para grabar la comparecencia.