En diciembre de 2022, ocurrió el episodio que los medios calificaron “autogolpe de Estado” del izquierdista Pedro Castillo. El presidente había anunciado por radio que renunciaba y disolvía el Congreso para convocar nuevas elecciones. Fue detenido por la fiscal Patricia Benavides y después destituido por un voto de vacancia del Congreso unicameral peruano, donde un conjunto de fuerzas fragmentadas de derecha gozan de la mayoría. La vicepresidenta Dina Boluarte juró como presidenta, e inició un gobierno aliada con la ex oposición, la mayoría derechista del Congreso. El gobierno está fundado en el pacto de que ella no renunciará, porque en ese caso el Congreso debería disolverse. Como el cargo de congresista no es reelegible en el Perú, significaría el fin de la carrera política legislativa de quienes actualmete ocupan el centenar y tres decenas de escaños. Las manifestaciones reclamaron la renuncia de la mandataria, en un contexto de profunda crisis social, económica y política. Fueron reprimidas con sangre. En Lima hay apoyo a esta situación. Que podría quebrarse tras el arresto e incriminación de la máxima autoridad del Ministerio Público, la fiscal Patricia Benevides que arrestó a Castillo, la antes incorruptible Sergio Moro de todos los Lava Jatos peruanos, por integrar una banda criminal con vínculos con el narco que extorsionaba al Congreso con datos obtenidos en investigaciones para ganar votos en el Legislativo.
Diecisiete intentos frustrados de gobernar sobre el Perú
El 7 de diciembre de 2022, el presidente izquierdista Pedro Castillo anunció la disolución del Parlamento. La medida frustraba el propósito del Congreso unicameral de Perú preparado para votar una tercera moción de destitución al primer mandatario. Sin pausa alguna, el Legislativo destituyó a Castillo por “incapacidad moral” al considerar que el gobernante “violó la Constitución”, decisión que el Ejército respaldó. Finalmente, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el más alto cargo del país andino.
Los 17 meses de gestión de gobierno del ex presidente Castillo estuvieron marcados por constantes acusaciones en su contra e intentos de destitución de su mandato. La llegada al poder de un docente rural y sindicalista de izquierda sorprendió y provocó una reacción negativa en los sectores más conservadores del país que de inmediato pusieron en tela de juicio hasta su propia elección democrática. Agrupaciones empresariales y civiles le declararon la guerra desde el segundo cero y lo señalaron de presunta corrupción en repetidas ocasiones.
Después de su vacilante y aun contradictoria gestión de gobierno, el 7 de diciembre de 2022, se interrumpió la programación habitual en la televisión nacional y Castillo leyó un discurso que, sin saberlo en el momento, firmaba el acta de defunción de su mandato. El castillo de Pedro empezó a derrumbarse ante la inminencia de una tercera moción de destitución y comunicó al público de la nación el cierre del Legislativo y la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto.
La prensa nacional e internacional, calificó el suceso como un “autogolpe de Estado” que no tuvo respaldo de ningún sector, ni siquiera de los militares. Castillo fue destituido por el Congreso, detenido por su escolta y recluido en prisión por delitos de rebelión y conspiración sin el debido proceso.
Más de 20 días después, Castillo publicó en su cuenta X ( Twitter) una extensa respuesta a los señalamientos en su contra:
“Yo no he cometido delito de conspiración. Quienes sí lo han hecho son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi Gobierno, a través de sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas. Si mi familia ha tenido que salir del país y refugiarse es porque en Perú corría peligro, no solo su libertad, sino también su integridad y sus propias vidas,
Sin embargo, yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado. Deben tener conocimiento, señores jueces supremos, que, hasta la fecha, estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia“.
Un período de transición sin viabilidad
La destitución de Castillo lleva como necesario correlato la asunción de Dina Boluarte: la entonces vicepresidenta del país juró como la nueva mandataria con la esperanza de comenzar un nuevo periodo de transición que nunca hasta el día de hoy lo ha logrado. Las peruanas y peruanos, algunos en apoyo del destituido presidente y otros desanimados por la constante inestabilidad política, salieron a las calles reclamando el adelanto de las elecciones generales.
El pedido se gritaba en las calles pero se silenció puertas adentro del Congreso. Las masivas protestas marcaron la temperatura in crescendo de la crisis social que involucró la mayor parte de la región urbana del país andino, con más de medio centenar de muertes directas y otra veintena adicional por sucesos aledaños a las protestas.
Los poderes desacreditados del Estado
En los meses posteriores, el Legislativo se engrandeció y el Ejecutivo se achicó considerablemente. El Congreso, a pesar de tener más del 90% de desaprobación en las encuestas oficiales, ha tomado un peso político que puede ayudarlo a permanecer por varios años más. “El Ejecutivo es débil, es una presidenta que ya se ha dicho reiteradamente que carece de partido, de bancada, carece de apoyo ciudadano, carece de referencias sociales fuertes, regionales y locales”, sostiene Fernando Tuesta, analista político.
El Parlamento comenzó a desarrollar su propia agenda, “a través del poder que ejerce y la coalición amplia que ha establecido” entre las más diversas bancadas, detalla Tuesta. Las medidas aprobadas por el Legislativo favorecen no sólo a entidades políticas, como los partidos o alianzas políticas de izquierda o derecha, sino también a intereses privados, mercantilistas e incluso mafiosos. No en vano un grueso número de congresistas, que puede llegar a un tercio de los 130 legisladores, afrontan investigaciones por presunta corrupción y otros delitos, algunas de las cuales fueron archivadas convenientemente por el pleno.
Los debe sin haber de la presidenta Boluarte
Boluarte debe enfrentar una agenda prioritaria que no gestionarla con éxito acrecentará la ira de la población. La inseguridad ha dejado los casos de extorsión quintuplicados, la tasa de homicidio ha aumentado casi en un 90% y el incremento del delito llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en varias zonas de la capital peruana.
La situación económica es la peor del país en tres décadas, sin contar la recesión de la pandemia, por la caída de inversiones y del golpe por las protestas antigubernamentales. Al contexto económico se suma la falta de confianza en las instituciones como el Congreso, tradicionalmente desprestigiado. Esta semana la crisis en el Ministerio Público se agudizó con la suspensión de la fiscal general, Patricia Benavidez por una investigación criminal.
En el primer aniversario de gobierno de la mandataria, miles de peruanos se manifestaron en las calles y la plaza San Martín de Lima y reclamaron: “Que se vayan todos”. Con banderas, pasacalles, y danzas típica en un marco de protesta, pidieron por el cierre del Congreso y elecciones anticipadas, reiterando los reclamos de principios de 2023 que quedaron marcados por fuerte represión policial. Luego de aquellas manifestaciones, que dejaron más de 50 muertos en el país, la Fiscalía presentó a fines de noviembre ante el Congreso una acusación constitucional contra Boluarte, por presunto delito de “homicidio calificado”. La misma Fiscalía que antes garantizaba impunidad o le evitaba la apertura de procesos por la gestión de los fondos de la campaña de Castillo ahora puede ser su delatora.
Acorralada, la ex fiscal suprema Benavídes podría buscar traficar información incriminatoria de modo de intentar apurar un voto de vacancia contra Boluarte promovido por congresistas a quienes preocupe más su futuro judicial que el fin de su futuro legislativo. Investigada, la ex Fiscal no contaría con tesis ni de licenciatura ni de doctorado en Derecho, aunque sí certificados con calificaciones máximas por esos logros, que contribuyeron a jusificar la nota de 100 puntos otorgada en el Concurso para el cargo supremo en el Ministerio Público hoy perdido. Un jurado que exaltó la mirada ética de la entonces concursante vio a su esposa promovida como bibliotecaria en sede fiscal (como la ausencia de cualificaciones fue advertida demasiado rápido, duró un día en esa posición): La busca por ejemplares o rastros físicos o digitales de las tesis de Benavides prosigue.
El Gobierno entretatanto elevó elevó las penas contra las personas que provoquen violencia en las protestas, destruyan propiedad pública o privada o cierren vías clave. “Congreso, fiscalía, ¡basta ya de corrupción! Queremos vivir en paz”, vociferaba una mujer sentada en suelo como tantas otras en las calles de la capitalina Lima, la otrora Ciudad de los Reyes.
AGB