Entre otras medidas para combatir la inseguridad y el crecimiento de los delitos de sangre, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció el sábado en un mensaje televisado la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. En este país dolarizado, la liberación de las armas de fuego desató polémcas.
El expresidente Rafael Correa (2007-2017) ha repudiado el anuncio. “No permitamos que la ineptitud nos mate. Con la prohibición de porte de armas, convertimos a Ecuador en segundo país más seguro de Latinoamérica. Destrozaron todo y ahora nos venden sus torpes soluciones”, publicó en su cuenta de Twitter.
Las llamaradas que encendieron el fuego
Algunos acontecimientos más dramáticos o espectaculares que de costumbre, registrados los últimos días, unido a un crecimiento cuantitivo en esta últiima semana, determinaron que el Gobierno de derecha planteara esta contraofensiva. El anuncio se realizó ante el inmediato incremento de hechos violentos que incluyen asesinatos, sicariatos, el abandono de una cabeza humana en un parque y numerosos robos, incluyendo un asalto a una entidad bancaria en un concurrido centro comercial a plena luz del día en Guayaquil.
Esa misma ciudad, mayor centro comercial y mayor puerto del Ecuador, delincuentes secuestraron esta misma semana a un sujeto y horas después lo dejaron con un artefacto explosivo adherido a su cuerpo. Al personal anti-bombas de Guayaquil le tomó más de tres horas desactivar el artefacto que estaba pegado con cinta de embalaje al pecho del ciudadano, así como a su pierna izquierda, una escena nunca antes vista en el país.
La hoguera de las polémicas
La Universidad de Cuenca rechazó en un comunicado la decisión del Ejecutivo pues considera que esta medida “transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección”.
Además -apuntó- “estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementa los homicidios, femicidios, suicidios y la violencia social”, lo que perjudicará a los ecuatorianos especialmente “a los más vulnerables que sufren los efectos de la exacerbación de la violencia”.
Por las serias implicaciones de la medida, la Universidad pide a Lasso “corregir inmediatamente este grave error y asumir su deber de formular verdaderas políticas públicas para la prevención de la violencia, promoción de la justicia social, la inclusión y la convivencia armónica”.
La bancada del conservador Partido Social Cristiano (PSC), antes un aliado seguro del presidente ultracatólico, neoliberal en economía pero neoconsarvador en temas sociales, señaló que lleva “dos años pidiendo que se haga, ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo”. “Están bien las intenciones, las declaraciones, la teoría y las propias leyes, pero estas no solucionarán nada si no se aplican las acciones pertinentes, que debe ser inmediatas, permanentes, financiadas y coordinadas”, indicó en un comunicado de la lista 6 y sus aliados.
La Universidad Politécnica Salesiana, también confesional y católica, formuló un llamamiento a la paz y al diálogo para resolver cualquier conflicto y consideró que el libre porte de armas “solo agudizará los conflictos y la violencia, ocasionando graves consecuencias para la ciudadanía y para un vivir armónico” en la sociedad.
“Nunca hasta la presente, se ha demostrado que un mayor uso de armas se corresponda con un más alto grado de paz pública”, añadió mientras que Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), consideró que el libre porte de armas “fomentará la aparición de grupos paramilitares”.
De allí, la polémica desbordó también en las redes sociales, inundada de argumentos ciudadanos sobre el acierto/error del decreto de Lasso.
La conflagración política
Los anuncios sobre seguridad pública fueron realizado en un contexto de gran inestabilidad política para el Gobierno. Después de que la Corte Constitucional le diera su visto bueno, un proceso de juicio político pedido por la Asamblea Nacional inició su curso el viernes 31 de marzo.
El Presidente y su cuñado han sido acusados por el Legislativo unicameral de actos de corrupción en la distribución de empleos estatales. Lasso, que asumió en el Palacio de Carondelet en mayo de 2021, niega todas las acusaciones. El Presidente, ex banquero, multimillonario, hombre de derecha, tiene 45 días para evitar su destitución.
AGB con información de agencias