El gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro, debilitado por el cambio de gabinete en abril que implicó el desarme de la alianza legislativa que le daba mayoría y el escándalo de la semana pasada generado entre dos funcionarios muy cercanos al presidente había quedado golpeado. El Presidente mostró su capacidad de iniciativa. El miércoles 7 de junio, movilizaciones multitudinarias de apoyo en la capital Bogotá y las principales ciudades colombianas retemplaron el ánimo del primer mandatario quien denunció que estaba en marcha un “golpe blando”. Petro exigió al Congreso la aprobación de las reformas prometidas durante la campaña electoral.
El presidente izquierdista y ex guerrillero Petro en el mes de abril enfrentó la segunda y mayor crisis de cambio de gabinete a los nueve meses de gobierno. Antes de pedirles la renuncia protocolaria, el primer mandatario advirtió en un evento celebrado en el Valle del Cauca: “El gobierno debe declararse ya en emergencia. Que tenga funcionarios cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario. Quien ya no sea capaz de hacer eso no tiene espacio en nuestro gobierno”. El sentido implícito de que el presidente quiere gobernar con los suyos quedó explícito en el anuncio del fin de su coalición con los partidos Liberal de Colombia (PLC), Conservador y Unión por la Gente (de la U), que habían colaborado en la aprobación de una ambiciosa reforma tributaria.
No fue la mayor crisis en lo que va del año. Un escándalo político, que involucra a quien fuera la mujer más poderosa del Palacio de Nariño, Laura Sarabia, su secretaria en la campaña electoral y ex jefa de gabinete, y Armando Benedetti, el ex embajador en la República Bolivariana de Venezuela, ha mostrado una mayor incidencia negativa al punto que se ha temido que pusiera en riego la agenda de gobierno.
Los detalles del caso son desconcertantes incluso para los colombianos, por su mezcla de intriga personal, escuchas ilegales y acusaciones del uso de dinero proveniente del narcotráfico por importantes funcionarios del círculo político. Si bien muchos de los hechos complicados en este affaire aún no están aclarados, la reputación de la persona de Petro, quien ha basado su carrera política en la lucha contra el paramilitarismo y su convivencia con el narcotráfico, junto con la cohesión de la amplia coalición política que recorrió la victoria en 2022 han sufrido un duro golpe.
Uno de sus principales oponentes en esa elección el conservador Federico ‘Fito’ Gutiérrez pidió su renuncia; y ex aliados, exigieron explicaciones convincentes acerca de lo sucedido. Los líderes de la oposición anunciaron su presentación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, el único organismo con la capacidad de acusar al Presidente. Si bien la Cámara Baja suspendió la acción legislativa sobre las reformas sociales y de salud enviadas por el gobierno a la espera a que la polvoreda política se asiente; la cuestión se saldó, por el momento, con el alejamiento de Sarabia y Benedetti de sus cargos y un llamado del Consejo Nacional Electoral para que declaren junto con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
Si la crisis ha resultado tan grave como rezaban los titulares de los diarios, se explica que la aprobación de la gestión haya sufrido una baja según los datos de tres encuestas que mostraron una caída entre 5 y 10 puntos.
Conjeturas sobre futuras acciones del Presidente
Entre las probables estrategias que pudiera haber adoptado el presidente Petro ante este escándalo, se contaba la de gobernar con los miembros más leales de la coalición. De haber sido así, mayor hubiera sido el disenso, no solo con el Partido Liberal y el Partido U, que todavía forman formalmente parte de la Coalición gobernante, sino con otros partidos que firmemente lo apoyan como el Partido Alianza Verde, donde algunos miembros influyentes ya están pidiendo al partido independizarse. Y esta dificultad en la gobernabilidad hubiera desfavorecido en las elecciones locales que tendrán el 29 de octubre.
También el presidente Petro podría haber otorgado concesiones a los partidos tradicionales a cambio de la aprobación legislativa de iniciativas clave, como la reforma laboral, la reforma de la salud o la reforma de las pensiones. Sin embargo, la confianza en la palabra presidencial se encuentra devaluada por los esfuerzos de negociación previos de Petro quien no siempre ha mantenido su promesa a las elites tradicionales y las conversaciones de audio filtradas por Benedetti.
Otra vía a la que tenía opción el presidente era llevar la pelea a Twitter donde tiene seis millones de seguidores -pero no los 52 millones de colombianas y colombianos- y las calles. Su discurso de tono conciliador al inicio de su mandato ha mudado a una radicalización. Sus seguidores, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, han difundido teorías sobre un “golpe suave” propiciado por la derecha y los partidos tradicionales para dañar al presidente.
El Gobierno no ha ordenado “interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales (...) ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco”, replicó Petro en Twitter. Sin embargo, la negación de un escándalo de esta gravedad no parece una buena estrategia para el gobierno, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de casos llevan tiempo en la investigación de todos los involucrados.
El sociólogo colombiano Eduardo Pizarro, egresado del Institut d'études politiques de Paris precisa respecto a las principales opciones del Presidente Petro frente a este escándalo: “Él tiene dos modelos al frente: el de Hugo Chávez del balcón y la movilización social o el modelo de Gabriel Boric en Chile de ampliar el equipo de gobierno con una amplia coalición y buscar, de esa forma, adelantar las reformas sociales con un gran consenso social”.
El presiente y el pueblo en las calles
En este escenario nada favorable, el presidente Petro lanzó la que será su estrategia elegida: movilizaciones, asambleas populares regionales con ministros y funcionarios en el lugar como forma de presión al Congreso, que resiste las iniciativas del presidente.
La nueva ofensiva de Petro se apoyó en las centrales sindicales colombianas -la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)- que llenaron el miércoles 7 de junio las calles de las principales ciudades en respaldo a los proyectos del gobierno. En un texto con más de 400 firmas, donde líderes de todo el mundo expresaron su acompañamiento al mandatario, se incluyó el concepto de “golpe blando” que precisamente el presidente Petro denunció: “Se llama golpe blando. Es un golpe de Estado, contra la voluntad popular. Una vez que tumben las reformas piensan destruirme en la Comisión de Acusaciones para hacer exactamente lo que se hizo en Perú: llevar al presidente a la cárcel y cambiarlo por uno no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir al jefe del Congreso en el próximo semestre”. El presidente que había prometido su participación “en la calle” junto a los manifestantes caminó entre saludos y fotos unos cientos de metros escoltado por la vicepresidenta Márquez, varios ministros y legisladores.
El jueves 8 fue el turno de la oposición. Muchos vestidos de blanco, algunos con pancartas que calificaban a Petro de “tirano” y “peor que Chávez”, miles salieron a las calles en varias ciudades a defender el sistema de salud, el capitalismo y la democracia, que supuestamente está bajo amenaza. Y apenas el viernes 9, la firma en ciudad de La Habana de un histórico alto al fuego bilateral por 180 días con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que reforzó al Gobierno en un punto absolutamente central de su programa: el de la “paz total” con las organizaciones ilegales.
“Estalla el escándalo político y los medios empiezan a plantear la necesidad de una investigación profunda. En un momento en el que Petro ya no tiene mayoría en el Congreso, que es el que eventualmente puede destituir a un presidente. La crisis es de tamaño gigantesco, pero Petro contraataca: convoca a una movilización muy grande de apoyo en las calles y escala el conflicto con los medios a partir de denunciar que son parte de una estrategia de golpe blando”, reseñó el sociólogo Alexander Gamba, decano de la Facultad de Sociología de la bogotana Universidad Santo Tomás.
AGB