Ocho jefes de Estado y ex mandatarios asistieron el domingo a la ceremonia de asunción del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, llevada a cabo en la gran Plaza Bolívar de la época colonial, colmada de ciudadanos y ciudadanas con pancartas y banderas nacionales, frente al edificio del Congreso. Escenarios con música en vivo y pantallas gigantes en parques del centro de la capitalina Bogotá permitieron que decenas de miles de ciudadanos sin invitación al evento principal se unieran a las festividades, a diferencia de anteriores inauguraciones presidenciales que fueron eventos más sombríos limitados a unos pocos cientos de invitados VIP.
“Es la primera vez que la gente de la base puede venir aquí para ser parte de una toma de posesión presidencial”, testimonió Luis Alberto Tombe, miembro de la tribu Guambiano presente en la ceremonia de juramentación con un tradicional poncho azul. “Nos sentimos honrados de estar aquí”.
Es la primera vez que en Colombia asume una fórmula de izquierda social. El presidente Petro de 62 años, nacido en una familia humilde en el pequeño pueblo de Zipaquirá en el norte de Colombia, a los 17 años participó en la formación del movimiento guerrillero urbano M-19 que en 1990 firmó un tratado de paz y se desarmó; un año después, su partido político Colombia Humana recién fundado ayudó a redactar la constitución del país. Petro comenzó su carrera parlamentaria en la Cámara de Representantes. En 2010, Petro lanzó su primera campaña presidencial obteniendo solo el 6% de los votos, pero consiguió la alcaldía de Bogotá. “Durante mi tiempo como alcalde tuvimos los niveles de empleo más altos jamás vistos en Bogotá y altos niveles de inversión extranjera”, dijo Petro al Financial Times. “Los inversionistas extranjeros no se asustaron porque el alcalde se llamara Gustavo Petro”.Su segunda campaña presidencial fue en 2018 contra Iván Duque. Y como el ex presidente Belisario Betancur, tres veces candidato y la tercera resulta ganador, en la de 2022 obtuvo un holgado triunfo. Elegido presidente para desvanecer su comentada cercanía a las ideas castrochavistas, nombró nombró a José Antonio Ocampo, economista ortodoxo y profesor de la Universidad de Columbia, para ocupar el cargo de ministro de Hacienda en su gabinete de gobierno.
Durante su última campaña presidencial, Petro firmó una declaración jurada comprometiéndose a no participar en “ningún tipo de expropiación”. Más tarde se difundieron informes del Bank of America que respaldaban programa de gobierno, junto con el apoyo de Noam Chomsky y Slavoj Žižek.
Esta apuesta ideológica llevó a Petro al poder. “No divido la política entre izquierda y derecha, como hacíamos en el siglo XX”, declaró el entonces candidato Petro el año pasado. “La política del siglo XXI se divide… entre dos grandes campos: la política de la vida y la política de la muerte”.
La política de la vida
Cuenta con la notable figura de Francia Márquez, de 40 años, militante medioambiental, abogada, feminista y antiracista. Oriunda de la empobrecida comunidad de La Toma, en el departamento del Valle del Cauca, Márquez ha estado activa en la lucha contra la extracción desde los 13 años, cuando se unió a la exitosa lucha contra las corporaciones mineras que buscaban desviar el río Ovejas que sustentaba a su comunidad. En 2014, cuando mineros respaldados por paramilitares llegaron a su región en busca de oro, organizó la movilización conocida como ‘La marcha de los Turbantes’ de mujeres negras y campesinas que caminaron desde las altas montañas del Cauca hasta la capital Bogotá. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaron de nuestras tierras”, dijo Márquez a los manifestantes. Ese diciembre, llegó a un acuerdo con el gobierno para desmantelar la minería ilegal en la región y crear un grupo de trabajo especial para combatir su aumento en todo el país.
En 2022, Márquez, quien en 2019 fue galardonada con el Premio Golman, el Nobel Verde, anunció su candidatura a la presidencia en la Convención Nacional Feminista. En las primarias presidenciales para el Pacto que siguieron, Márquez obtuvo más de 750.000 votos, asegurando su lugar en la boleta de Petro. Abanderada de las luchas contra la esclavitud, el colonialismo y la explotación, en las elecciones, los 'nadie', el apodo cariñoso de Márquez para los colombianos marginados, superaron en votos a sus élites. Las tasas de participación alcanzaron un 5%, 6%, 7% en las regiones del Pacífico, el Caribe y la Amazonía de Colombia. En un país dominado durante mucho tiempo por las ciudades del corazón de los Andes, esta elección marcó el ascenso de las periferias.
El país bajo el signo de la violencia
Colombia -hasta esta victoria- se ha diferenciado de gran parte de países de América Latina que durante el último medio siglo han visto el triunfo de la política de izquierda desde proyectos revolucionarios en Nicaragua y Venezuela hasta gobiernos de marea rosa en Brasil y Argentina.
En Colombia, los candidatos de izquierda que estuvieron cerca del poder -Jorge Eliécer Gaitán en 1948, Luis Carlos Galán en 1989, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez en 1990- fueron asesinados a tiros.
Petro logró sortear las amenazas y la muerte violenta. Durante una de su segunda campaña presidencial, hombres armados abrieron fuego contra su automóvil después de un evento de campaña en la ciudad de Cúcuta. Solo los refuerzos a prueba de balas en las ventanas le salvaron la vida. Tres semanas antes de la primera ronda de elecciones presidenciales, Petro se vio obligado a suspender su gira proselitista luego de recibir un aviso sobre un intento de asesinato por parte del grupo paramilitar de derecha La Cordillera, el grupo de narcotráfico más poderoso en el Eje Cafetero.
Las amenazas de los paramilitares continuaron, no solo dirigidas a Petro, sino a la coalición más amplia del Pacto Histórico que en febrero de 2021 logró por primera vez reunir a las fuerzas fragmentadas de centro izquierda del país en un solo vehículo electoral, que abarcaba a liberales y verdes, socialdemócratas y comunistas, activistas indígenas y movimientos sociales.
A partir del Paro Nacional de 2021, cuando millones de colombianos salieron a las calles para protestar por la reforma tributaria, lacerante para los sectores medios en tiempos de pandemia del ex presidente Duque y enfrentaron una represión violenta de la policía, el Pacto surgió en las elecciones legislativas de marzo para convertirse en la fuerza más grande del Congreso.
Al inicio de la campaña presidencial de Petro, los narcoterroristas Águilas Negras advirtieron que “los exterminaremos como las ratas que son”.
No se trata de episodios aislados y novedosos: la violencia ha sido durante mucho tiempo un principio estructurante de la política colombiana.
De la guerra civil entre liberales y conservadores de 1948-1958 -La Violencia, derivó el Frente Nacional: un acuerdo antidemocrático en el que el poder rotaría entre las dos fuerzas, y se desencadenó una serie de guerras de guerrillas, en las que grupos de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lucharon para ampliar la participación política y promover los intereses de las comunidades campesinas marginadas. Se enfrentaron durante 60 años con el gobierno colombiano y sus asociados paramilitares, que regularmente atacaban y asesinaban a sindicalistas, defensores de la tierra y defensores de los derechos humanos. El mes pasado, la Comisión de la Verdad de Colombia publicó un informe integral Hay futuro si hay verdad que documenta un total de 450.000 muertes, más del doble de la cifra comúnmente citada.
En 2016, en La Habana, el entonces presidente Juan Manuel Santos negoció Acuerdos de Paz con las FARC que ingresaron a la política parlamentaria bajo el nuevo nombre de Comunes. Los antiguos territorios de las FARC han sido ocupados por paramilitares de derecha que continúan con su guerra sucia contra la izquierda. Según el Instituto para el Estudio del Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), más de 1.300 líderes sociales han sido asesinados desde que se firmaron los Acuerdos de Paz. Solo este año se han producido más de 50 asesinatos de este tipo. La responsabilidad de estas atrocidades en gran parte corresponde al presidente saliente Duque, quien hizo campaña con la promesa de desmantelar los acuerdos.
Esta violencia política estructural contó con la colaboración de Washington. Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional revelan el alcance de la complicidad de la CIA en el asesinato selectivo de trabajadores, campesinos y guerrilleros. En 1999, durante las administraciones de los ex presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, se firmó el acuerdo bilateral entre Colombia y EEUU llamado “Plan Colombia” para enviar armas al ejército colombiano bajo la bandera de la Guerra contra las Drogas. Sucedió lo contrario: la producción de cocaína ahora está floreciendo en las áreas rurales: 1228 tn solo en 2020, un aumento del 10% con respecto al año anterior.
La intervención de los EEUU con la complicidad del Estado de Colombia -que cuenta con el trágico precedente de la Masacre del banano (1928), cuando el ejército colombiano asesinó a varios cientos de trabajadores en huelga de la United Fruit Company en el pueblo de Ciénaga- continúa en las regiones mineras, madereras y de perforación de Colombia. Miembros de la organización de DDHH, Coordinación Colombia-Europa EEUU (CCEEU), han declarado: “Nada pasa en Colombia sin el conocimiento y consentimiento de los gringos”.
El desafío del progresismo
La centralidad de Colombia en la historia reaccionaria hace que la victoria de Petro tenga tanta resonancia. En los últimos años, Colombia ha desempeñado un papel fundamental en la obstrucción de la integración regional de los gobiernos progresistas, utilizando su poder de veto en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Una década después, al comienzo de la próxima Marea Rosa, Colombia seguía siendo un saboteador comprometido de la izquierda latinoamericana. Durante las elecciones presidenciales de Ecuador en 2021, la administración derechista de Colombia participó en una operación de bandera falsa contra el candidato izquierdista Andrés Arauz luego de que se publicara un video en línea que parecía mostrar al ELN declarando su apoyo a Arauz. Aunque luego fue desmentido Arauz fue perdedoso ante el banquero Guillermo Lasso, ganó por menos de cinco puntos porcentuales.
La perspectiva de una intervención extranjera persiguió la campaña presidencial de Petro. Durante meses, el Departamento de Estado de EEUU ha estado expresando su “preocupación” de que Rusia pueda interferir en las elecciones para ayudar al líder izquierdista. Muy poco antes de la primera ronda electoral, Biden designó oficialmente a Colombia como un “Gran Aliado de los Estados Unidos fuera de la OTAN”.
Programa de gobierno y utopía normativa
El flamante presidente Petro anunció sus tres prioridades programáticas de gobierno: “paz, justicia social, justicia ambiental”.
Respecto al primer término de la tríada, “la paz”, el flamante mandatario convocará a un nuevo proceso internacional para cumplir la promesa de los acuerdos de 2016, reuniendo nuevamente a guerrilleros, paramilitares, campesinos y las FFAA para negociar los términos del desarme y la distribución de tierras que garanticen la construcción de una paz estable y duradera. Con el nombramiento de Álvaro Leyva Durán, gran heraldo de la paz como Ministro de Relaciones Exteriores, selló esta su voluntad que incluye también la reanudación inmediata de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, rotas desde que el ex presidente Duque reconoció a Juan Guaidó como ‘presidente interino’ del país vecino.
En cuanto a la “justicia social”, el presidente Petro tiene previsto aumentar los impuestos a la élite de Colombia: una reforma fiscal de $10 mil millones al año que gravaría los impuestos a los ricos y eliminaría las exenciones de impuestos corporativos, para apoyar las pensiones de los ancianos, los planes de bienestar familiar y la educación universitaria gratuita. Aunque será un importante reto revertir la forma en que el ex presidente Duque y su equipo han aprovechado hasta lo último para hacer contratos billonarios-comprometiendo vigencias futuras del presupuesto nacional- y dejar a sus cercanos que han sido denunciados como “corruptos salientes” en juntas directivas, notarías y cargos diplomáticos.
Para lograr “la justicia ambiental” que posicionará a Colombia en “una potencia mundial para la vida”, el nuevo gobierno frenará la deforestación y tomará medidas para cumplir una transición de una década que desde los combustibles fósiles llegará a una cartera de exportaciones legales, sostenibles y económicamente viables. Dejará de otorgar nuevas licencias para la exploración petrolera y prohibirá los proyectos de fracking, a pesar de que la industria petrolera representa casi el 50% de las exportaciones legales del país. “Nuestras tres exportaciones principales son veneno”, ha dicho Petro sobre el carbón, el petróleo y la cocaína. Su promesa es reemplazarlos con industrias de alto valor y granjas de marihuana, y hacerlo rápido: “Las reformas se hacen en el primer año o no se hacen”.
Una agenda ambiciosa para cualquier presidente, pero particularmente difícil de realizar en Colombia, con una derecha fuerte y recalcitrante, una élite empresarial imponente y una red paramilitar bien armada.
En los días posteriores a su elección, Petro convocó a un “Gran Acuerdo Nacional” para establecer una nueva dirección para el país. Ha dado la bienvenida a rivales del Partido Conservador y el Partido U en este pacto, estrechando la mano de dirigentes como Rodolfo Hernández, su contrincante en el balotaje y el expresidente Uribe. También ha designado un equipo de transición con candidatos ministeriales de izquierda, centro y derecha conservadora. Si la coalición del Pacto Histórico requería un puente ideológico, entonces los planes de gobierno de Petro impulsarán aún más esta táctica. Sin embargo, de concretarse el Acuerdo Nacional no está claro qué tipo de concesiones deberá hacer Petro para sobrevivir en un entorno político tan hostil.
El baluarte más eficaz contra la capitulación es el movimiento popular que llevó al Pacto al poder, que seguirá luchando contra el extractivismo y la violencia paramilitar en la periferia. Sin embargo, esta lucha no puede tener éxito sin aliados internacionales que se opongan a los intentos de EEUU y sus aliados de neutralizar la presidencia de Petro y asegurar sus rentas de recursos.
Durante siglos, se han acumulado en Colombia muertos y desaparecidos, los 'don nadie' descartados en el curso de su desarrollo desigual. Ahora, finalmente, nuevos vientos fuertes parecen anunciar el cumplimiento de la utopía que aspiraba el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, “no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir una tierra donde nadie pueda decidir por los otros, donde los pueblos que han quedado marginados tengan una nueva oportunidad. Un mundo en el que sea posible verdaderamente la solidaridad”. Una utopía que -con pesar reconocemos- a menudo milita en contra de los objetivos más modestos pero alcanzables de buen gobierno y progreso constante.
AGB