Las masivas movilizaciones en las calles de Lima y de ciudades del interior de Perú continúan. Ni las balas ni los tanques, ni el estado de emergencia decretado por la presidenta Dina Boluarte han conseguido doblegarlas hasta ahora. Reclaman la libertad del destituido Pedro Castillo, la renuncia de Boluarte y el llamado inmediato de las elecciones presidenciales y del Congreso unicameral de 30 congresistas antes del programado 2026. Han cortado las rutas principales del país y quedaron varados cientos de turistas extranjeros por el bloqueo a los aeropuertos.
El 7 de diciembre en el país andino de Perú una serie vertiginosa de hechos concretó el fin anticipado del mandato presidencial del izquierdista Pedro Castillo. Poco antes, el Congreso de la República, con mayoría de la oposición de derecha, debatiría por tercera vez su destitución. En las dos anteriores, apoyado en una serie de denuncias de actos de corrupción y “traición a la patria”, no había alcanzado los 87 votos necesarios.
Castillo, quien había denunciado un “ataque sin cuartel” por parte del Parlamento, invocó el “reclamo ciudadano a lo largo y a lo ancho del país” para disolver temporalmente el Congreso. Convocó a elecciones en el menor tiempo posible para elaborar una nueva Constitución en un plazo no superior a los nueve meses, en tanto anunció que gobernaría por decreto. Esta, su última decisión, fue interpretada como un intento de golpe de estado por parte de los políticos, incluso los de su partido. Una “decisión política fallida” o al menos precipitada, amerita Alfredo Serrani, director Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Castillo, destituido por “incapacidad moral”, fue arrestado mientras se dirigía a la embajada mexicana en busca de asilo. En un giro irónico no exento de crueldad, Castillo está detenido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales en la capital limeña donde encuentra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), factótum del golpe del 5 de abril de 1992 que disolvió el Congreso Nacional, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Consejo Nacional de la Magistratura.
La Corte Suprema ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración, por temor de una fuga. Desde la cárcel, el dirigente provinciano y serrano, ex docente y gremialista del magisterio por redes sociales, ha declarado que está “injusta y arbitrariamente detenido”. Y definió a Dina Boluarte, sin nombrarla, de “usurpadora” y aclaró que él no renunció al cargo de presidente.
En el espejo de la historia reciente de Perú, Castillo durante su primer año de gestión, con una marcada fragmentación partidaria en el Congreso, con 13 fuerzas parlamentarias sin ninguna hegemonía y además con una Constitución que otorga al Congreso un poder de decisión de injerencia en el Ejecutivo muy particular, en comparación con los seis presidentes anteriores (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García), “ganó por goleada” en este país donde el neoliberalismo penetró más fuertemente que en resto de la región tanto en la cotidianidad de la gente como en la clase política.
La primera presidenta del Perú
Dina Boluarte es la primera mujer designada para ejercer el más alto cargo del país. Abogada de 60 años, de nombre desconocido fuera de las fronteras nacionales, defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Boluarte oriunda de Apurísmac había acompañado como candidata a vicepresidenta a Pedro Castillo en la fórmula presidencial del partido de izquierda Perú Libre, que venció en el ballotage de 2021 a la candidata de la derecha y la ultraderecha, Keiko Fujimori.
En su discurso de toma de posesión, Boluarte formuló un pedido que los hechos han mostrado que no hay margen para su cumplimiento: “Pido tiempo, un tiempo valioso para rescatar al país de la corrupción y el mal manejo”, a la vez de “tregua política”. Boluarte enfrentaba una acusación constitucional en la Legislatura por presuntas irregularidades como funcionaria pública cuando asumió la vicepresidencia. Los procedimientos en su contra fueron retirados, aparentemente solo porque los legisladores habían previsto que reemplazara a Castillo después de la premeditada y anunciada destitución.
Levantamiento popular
Si la destitución de Castillo era anunciada y esperada, no lo fue la espontánea reacción popular que comenzó al día siguiente de la salida del ex presidente, de manera progresiva pero sin desmayos con actos de protesta contra el Parlamento y contra la nueva presidenta. Las consignas más voceadas de “que se vayan todos” y de “nuevas elecciones generales” -sobre todo en las regiones más pobres del interior del país- protagonizaron marchas de protesta. Sin mucha tardanza, siguieron en 20 de las 24 regiones del Perú bloqueos de carreteras importantes como la Panamericana sur a la altura de la región Ica y en Chala, Arequipa. En Panamericana norte y en regiones de la sierra centro, como Apurímac. Las acciones avanzaron en la toma de cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho). Más de medio millar de turistas han quedado varados en la joya arquitectónica de la ciudadela inca Machu Picchu y los grupos manifestantes han quemado importantes instituciones públicas en Arequipa.
La respuesta gubernamental fue la represión y, en reacción el eufórico “amargón” de los manifestantes aumentó de manera enardecida cuando se produjeron las primeras muertes. Boluarte decretó el estado de emergencia por 60 días y ordenó la intervención de las FFAA. Las cifras de muertos y heridos han dado un salto cuantitativo y pasaron de 7 fallecidos a 24 a la fecha de esta nota, además de cientos de heridos, muchos de ellos en estado de coma como consecuencia de las heridas de bala.
En conferencia de prensa y flanqueada por sus ministros, la presidenta Boluarte declaró en quechua; “¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar, firmes, hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones (...) Exijo que se reconsidere la votación”, refiriéndose a la votación en contra del Parlamento el viernes 16 de adelantar los comicios generales de 2026 a 2023. Y apeló a la simpatía de los manifestantes “ ¿No me viste caminando por todo el país, llenando plazas y buscando votos entre hermanos y hermanas? Entonces, ¿por qué esta violencia en las calles?”. A diferencia de Castillo, que llevaba ponchos, un sombrero tradicional y sandalias de caucho características del campesino peruano, Boluarte ha vivido durante años en Lima, símbolo de políticos ricos y conservadores a los ojos de las comunidades rurales. La consideran una oportunista que entró fácilmente en el Palacio de Pizarro.
Gran parte del Perú está militarizado y las tanquetas, junto a grupos de militares y policías de asalto, patrullan a diario por las calles para silenciar a parte de la ciudadanía que copó las calles con sus protestas. Han empezado a calificarlas de terroristas. La presidenta Boluarte ha dicho: “Eso ya no es protesta, eso es terrorismo”. Sin embargo, las manifestaciones no se han detenido. En tanto, los ministros de Cultura y de Educación, Jair Pérez y Patricia Correa renunciaron, en rechazo a la represión de las protestas sociales.
La situación también ha causado problemas diplomáticos a Perú. Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia y México expresaron su apoyo a Castillo.
30 años de neoliberalismo: las raíces estructurales de la crisis peruana
El Perú país capitalista dependiente ofrece marcados desarrollos desiguales. Una parte, o un Perú representado por Lima, donde se concentran las principales actividades políticas, administrativas, comerciales, financieras y productivas; y donde a pesar de las contradicciones y desigualdades propias del sistema, existe una mayor percepción de progreso y bienestar. Otra, otro Perú, llamado por el notable historiador Jorge Basadre el “Perú profundo” en su ensayo La multitud la ciudad y el campo (1947), compuesto por la mayoría de regiones del interior del país, donde se concentran con mayor crudeza los grandes problemas sociales de la pobreza, informalidad, desempleo, precariedad de servicios sociales y discriminación racial. Precisamente, este “Perú profundo” es el principal epicentro de esta insurgencia social que evidencia la crisis del estado y la sociedad peruana.
La crisis ha sido potenciada significativamente por la implementación de 30 años de neoliberalismo, modelo económico impuesto por el régimen de Fujimori con la promulgación de la actual Constitución de 1993. El denominado “milagro peruano” contrasta con las condiciones de vida de la gran parte de la población. La mayoría de las regiones del interior presentan las más altas tasas de informalidad laboral y de pobreza. Las labores de los campesinos -solo de subsistencia- han sido fuertemente afectadas por la importación de bienes agrarios y por el encarecimiento de los insumos como los fertilizantes. La gran inversión privada minera, promocionada como la palanca del desarrollo social, ha profundizado considerablemente la crisis debido a la contaminación ambiental y de apropiación de recursos hídricos, como ocurre en la zona alto andina de Moquegua con la minera Souther o en el corredor Minero de Apurímac y Cusco con la minera Las Bambas. Son en estas regiones donde hoy se están protagonizando manifestaciones opositoras contra el gobierno de Boluarte y contra las demás instituciones del Estado.
“Que se vayan todos”
El Congreso de la República y la mayoría parlamentaria están devaluados por la percepción y convencimiento de que son recinto de intereses particulares que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo. Un descrédito que se inició en 2016, cuando se hicieron públicos los vínculos entre los empresarios de la constructora Odebrecht y los políticos de turno, que condujo a la renuncia del entonces presidente Kuczynski e incluso el suicidio del aprista dos veces presidente Alan García.
El Parlamento ha estado acaudillado por el fujimorismo y otros partidos políticos, llamados “partidos empresa” como los de derecha conservadora Alianza para el Progreso del millonario Cesar Acuña, Podemos Perú de José Luna Gálvez, Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Otros partidos con más historia, manchados de corrupción y entreguismo pro empresarial, Acción Popular del expresidente Manuel Merino que gobernó solo una semana debido a las masivas protestas d elas calles de Lima y otras ciudades, así como el de extrema derecha Fuerza Popular de Keiko Fujimori.
Nos habíamos choleado tanto
El racismo contra la población generalmente de origen provinciano de bajos recursos de las instituciones que destilan los partidos políticos y sus dirigentes más reconocidos gravita en su propio descrédito. En su ensayo Una república sin ciudadanos (1997) el historiador Alberto Flores Galindo definió: “el racismo existe en el Perú no obstante que los términos raciales, suprimidos en los procedimientos de la identificación pública, no tienen circulación oficial. Pero un fenómeno por encubierto y hasta negado, no deja de ser menos real”. En este racismo de raíces coloniales y de perdurable vigencia en la sociedad peruana, naturalizado y hasta institucionalizado, se encuentra otra de las razones de las protestas de las provincias del “Perú profundo”.
El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, con poderes omnímodos capaces de intervenir en casos políticos se han convertido en pieza dirimente y la política se ha judicializado. Así, la intervención política de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavidez quien, a pesar de tener serios cuestionamientos por su cercanía a personas vinculadas a delitos de narcotráfico (su hermana), se convirtió en la figura determinante quien, a través de sus denuncias y presión jurídica, dio “fundamento jurídico” al golpe parlamentario que terminó por destituir a Castillo, tomando como base de sus denuncias solamente las declaraciones de los llamados “colaboradores eficaces”.
Pedro Castillo y el fracaso de una estrategia reformista
Muchos de los que votaron por Castillo en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021, lo hicieron esperanzados en que el gremialista cajamarquino de origen rural y que venía de liderar una importante huelga de maestros en 2017, y llegaba al poder el mismo año del Bicentenario de la Independencia del Perú, tendría la fortaleza y convicción para materializar sus promesas de campaña, donde destacaban el cambio de la Constitución de 1993 a través de una Asamblea Constituyente y reformas al modelo neoliberal.
Castillo mantuvo la continuidad económica, le otorgó la dirección del Banco Central de Reserva al fondo monetarista y neoliberal Julio Velarde. El ex mandatario viajó a EEUU y allí se pronunció a favor de atraer a la inversión extranjera, garantizando el respeto a las condiciones jurídicas de la Carta Magna que favorece la expoliación de los recursos nacionales. El socorrido argumento de los seguidores de Castillo y de los partidos de la izquierda que lo apoyaban desde el ejecutivo, era que no había “correlación de fuerzas” y no hubo reacción cuando la derecha parlamentaria y los medios de comunicación arremetían contra su gobierno e iban construyendo día a día la viabilidad del golpismo parlamentario que terminó por concretarse el 7 de diciembre. Que no pudo ser detenido cuando se convocó a la OEA que venía de promover el golpe de estado en 2019 contra Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia y que reconocía el gobierno golpista de Juan Guaidó en República Bolivariana de Venezuela.
Ciertamente, Castillo no se caracterizó por su pericia de estadista, ni por sus dotes de orador. Sin embargo, no parecen ser estos factores los que promovieron la pérdida de su poder político ni tampoco que haya demorado la propuesta al Congreso para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que de haber prosperado en el Parlamento ofrecería una vía para el cambio de la institucionalidad vigente desde el 93 rémora del fujimorismo. Por el contrario, la destitución de Castillo ha expuesto de manera nítida que la crisis peruana es política (como la boliviana de 2019), no social (como la chilena del estallido del mismo año y el mismo bimestre octubre-noviembre), ni mucho menos económica (como la argentina de 2001). La erosión del poder Ejecutivo, más allá de la ya establecida en la Ley Suprema de 1993, ha sido operada por el Legislativo y tolerada o admitida por el Judicial. La folklórica apelación a los 'ronderos' en la última comunicación de Castillo puso de trágica evidencia hasta a qué punto carece hoy un presidente peruano de esas dos bases de apoyo indispensables para el populismo más banalmente estereotípico: los sindicatos de trabajadores con empleo (bastión del peronismo clásico en la Argentina) y los movimientos sociales de trabajadores sin empleo (el electorado planero atendido por el kirchnerismo).
¿Un socialismo cobrizo?
En los últimos años, las FFAA se han abstenido de intervenir directamente en la esfera política. Sin embargo, esto puede cambiar si figuras como Antauro Humala ganan una mayor tracción. El hermano del ex presidente Ollanta, lidera el movimiento nacionalista “etnocacerismo” que plantea subordinar los intereses clasistas a los intereses étnicos: un gobierno “cobrizo ” para los “verdaderos peruanos” con un elemento paramilitar altamente visible. Hasta ahora, cuenta con el apoyo de algunas comunidades rurales y soldados retirados que puede ser el punto de apoyo para su campaña presidencial de 2026. Una alternativa nueva ante Fujimorismo y Anti-Fujimorismo. El adelanto de elecciones juega a favor de Antauro, en la medida que la única candidata de la derecha sería Keiko Fujimri, lo que terminaría favoreciendo a Antauro Humala.
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