Pedro Castillo había logrado superar un año en el poder: este político provinciano y serrano, ex docente y gremialista del magisterio, llevaba 16 meses en el cargo en Lima. La duración era considerable en un país que antes de la llegada del primer presidente izquierdista al poder, había visto sucederse desde 2018, y antes de la asunción de Castillo el 28 de julio de 2021, cuatro Ejecutivos caídos o colocados por el Congreso unicameral. Con la destitución de Castillo aumenta a cinco el número de presidentes destituidos por el Congreso.
El 28 de noviembre, Perú estrenaba una nueva primera ministra, Betssy Chávez. La quinta funcionaria en ese cargo de la presidencia de Pedro Castillo, tras la renuncia el jueves por la noche de Aníbal Torres. Este miércoles, el Congreso que había presentado la tercera moción de vacancia contra Castillo, votó su destitución después de que decretara su disolución e instaura un gobierno de emergencia nacional.
El ex presidente que siempre ha sostenido su inocencia, en el mensaje pregrabado del martes declaró: “Confirmo que nunca he robado un solo sol de mi país”. Repetidamente ha calificado las denuncias en contra a su gobierno como un intento de “golpe de Estado” de la Fiscalía y el Congreso. Por esa razón había solicitado que interviniera la Organización Americana, que desde el 20 al 23 de noviembre visitó el país a fin de indagar sobre “el golpe de Estado en marcha”.
Primera nueva corónica y buen gobierno
Desde el primer día de su gestión, Castillo enfrentó un contexto político complicado debido a la fragmentación parlamentaria donde el entonces presidente no contaba con fuerza propia: se presentó por el partido de izquierda Perú Libre (PL), sin ser líder de esa fuerza política que lo adoptó como candidato y al que por disidencias renunció.
No fue menor tampoco la incidencia para nada favorable de la campaña en su contra que sin desmayos sostuvieron los medios de comunicación en manos del empresariado y actores hegemónicos, siempre declarados opositores. Ante una postura económica incierta, pero recordando su eslogan “no más pobres en un país rico”, los medios criticaron su capacidad de gestión de la pandemia y su ideario en economía, a pesar de que hasta febrero de 2022 seguía en su cargo Julio Velarde como presidente del Banco Central, y había designado a Pedro Francke como ministro de Economía, ex funcionario del Banco Mundial de larga trayectoria vinculada al sector público quien también renunció en febrero 2022.
Aún con los cambios de ministros que indicaban la inestabilidad del gobierno y las campañas mediáticas dirigidas a erosionar al gobierno de Castillo, lo sucedido el 9 de agosto de 2022 fue un claro indicador de la incidencia operativa del lawfare. Ese día fue el despliegue de un “espectacular” operativo de allanamiento y detención de personas vinculadas al presidente Castillo, aludiendo, sin pruebas pero con diversas conjeturas - como diría el juez federal, y después ministro de Justicia bolsonarista en Brasil, Sergio Moro ejecutor de la operación Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva- la existencia de una supuesta organización criminal cuya cabeza sería Pedro Castillo. La Fiscalía intervino en las instalaciones del Palacio de Gobierno y Casa Presidencial, argumentando antojadizamente que ahí se encontraba escondida su cuñada Yenifer Paredes, acusada, también sin pruebas, de corrupción y otras imputaciones propias de la táctica golpista del lawfare.
Lawfare en clave latinoamericana
El concepto combina los términos law (ley o derecho) y warfare (guerra), y se traduce del inglés como “guerra jurídica”. El mismo hace referencia al uso de procesos legales para llevar a cabo operaciones de erosión, proscripción o destitución de figuras relevantes o movimientos de peso en un país o región. Definido como el uso del sistema judicial para deslegitimar a un líder político se ha verificado en la persecución judicial y parlamentaria contra los expresidentes Lula de Brasil, Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual vicepresidenta de Argentina. Un método que los sectores conservadores utilizan para perseguir a los movimientos progresistas. “El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación de sistemática de los derechos sociales” ameritó el Papa Francisco.
Característica del lawfare es el posicionamiento mediático por el criterio de noticiabilidad o magnificado a propósito, por intereses de un actor o grupos que busca ataques mediáticos, callejeros y/o la desestabilización de la figura acusada. “No existe el lawfare sin los medios de comunicación. El día que inicia la causa sale en todos los medios y automáticamente se condena a la persona acusada”, detalló la doctora en ciencias políticas CELAG, Silvina Romano.
El lawfare tiene un guion repetido en el juicio mediático o la moción de censura que acumuló Castillo. En las dos opciones, se hace protagonista de la corrupción al político que este en la mira de esta estrategia, construyendo una narrativa repetida por los principales medios de comunicación. Y, el rol del ámbito judicial: protagonizado por la Fiscal General, Patricia Benavidez quien sostuvo contar con más de 190 elementos probatorios para sustentar una acusación contra Castillo por presuntamente liderar una supuesta red corrupta que, desde su Ejecutivo, otorgó licitaciones fraudulentas de obras públicas. Una construcción de culpable construyendo culpables a quienes todavía se les debe probar el delito.
Un lawfare a la peruana
Desde antes de iniciar su gestión, el ex presidente Pedro Castillo conoció las invectivas del lawfare. Su rival Keiko Fujimori, secundada por la fiel vocería de los medios, formuló ante la administración pública y la justicia todos los reclamos de contralor extremo y todas las denuncias de maniobras delictuosas en su perjuicio con que la ley busca proteger del fraude electoral a votantes y partidos. El maestro y gremialista serrano esperó el limpio día del inicio de su mandato. Que coincidía con las Fiestas Patrias y el Bicentenario de la Independencia del Perú de la dominación española. Una suerte de lawfare (electoral, racista y colonial) en la tentativa de anular gran parte de votos por Pedro Castillo luego de la segunda vuelta electoral, votos provenientes de territorios de pueblos originarios y zonas rurales. Perú ha vivido el guion de lawfare en el contexto de un golpe de Estado lento y permanente que desde el Congreso ha intentado tres veces la vacancia presidencial y en la última, ha logrado destituir al presidente Castillo.
Una nota singular del lawfare en Perú es que además se maneja con el terruqueo, la permanente táctica de la élite política hacia quienes piensan distinto. En la campaña electoral y los primeros meses de gobierno, todo el ataque contra el ex presidente era sobre sus supuestas vinculaciones con el terrorismo. Antes de ser el “corrupto”, mucho antes de ser el “dictador”, el ex presidente Castillo fue el “terruco”, y el “maestro bruto”, y el “serrano ignorante”.
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