La petición de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que adopte medidas cautelares que impidan que Israel cometa actos de posible genocidio –principalmente pidiendo el cese de las operaciones de combate–, adquirió de pronto una importancia y una urgencia que hace 15 días parecían inverosímiles.
Equipos legales de expertos están en reuniones, varios países están emitiendo comunicados de apoyo a Sudáfrica e Israel declaró que se defenderá en los tribunales, con lo que revierte una política de décadas de boicot al máximo tribunal de la ONU y a los 15 magistrados que lo componen.
La primera vista en La Haya se celebrará los días 11 y 12 de enero. Si los precedentes nos sirven de referencia, es posible que la CIJ emita un fallo provisional en cuestión de semanas y, con toda seguridad, mientras siguen produciéndose los ataques israelíes contra Gaza.
Las ruedas de la justicia internacional –al menos de la justicia cautelar– no siempre giran despacio.
La solicitud de Sudáfrica de que se dicte una medida cautelar va en consonancia con la tendencia general de la CIJ a dictar sentencias de este tipo. Las partes solicitaron y obtuvieron medidas cautelares con cada vez más frecuencia: en la última década, el tribunal dictó medidas cautelares en 11 casos, frente a 10 en los primeros 50 años de existencia del tribunal (1945-1995).
Al igual que las medidas cautelares dictadas por los tribunales nacionales, las medidas cautelares de la CIJ tienen por objeto congelar la situación jurídica entre las partes para garantizar la integridad de una futura sentencia definitiva.
Durante un tiempo persistieron las dudas sobre si estas medidas eran consideradas vinculantes por la CIJ, pero el Tribunal disipó esas dudas en la sentencia LaGrand de junio de 2001, en la que sostuvo que las sentencias eran vinculantes, dada la “función básica de resolución judicial de controversias internacionales” del Tribunal.
Se supone que son vinculantes, pero ¿lo son realmente?
Según un estudio elaborado por un abogado estadounidense, Mattei Alexianu, las medidas del Tribunal fueron acatadas por los Estados parte sólo en el 50% de los casos, mientras que en algunos –normalmente los casos de mayor perfil, como Ucrania contra Rusia en 2022, las denuncias de genocidio de Gambia contra Myanmar en 2020, Nagorno-Karabaj y las sanciones estadounidenses a Irán– el Estado parte perdedor se limitó a desafiar al Tribunal.
No es de extrañar que cuanto más intrusiva es una sentencia adversa para la soberanía nacional de un país, menos probable es que la acate.
Pero dejando a un lado si Israel cumpliera un fallo de la CIJ ordenando cambiar sus tácticas militares y desistir de cualquier acto calificado de genocidio, el daño a la reputación de Israel que supondría una sentencia de este tipo sería considerable y, cuanto menos, podría provocar un cambio en su estrategia militar.
El mero hecho de que Israel haya optado por defenderse ante la CIJ, un organismo auspiciado por la ONU, y sea signatario del Convenio sobre Genocidio hace que le resulte más difícil ignorar una decisión adversa del tribunal.
Se trata de un movimiento muy arriesgado por parte de Israel ¿Cuáles son las posibilidades de que se emita un fallo adverso?
En primer lugar, hay que destacar que, aunque la demanda sudafricana ante la CIJ pareció surgir de la nada el 29 de diciembre, no es algo que sus abogados hayan improvisado mientras envolvían regalos de Navidad.
Se trata de una demanda sólida y bien argumentada de 80 páginas, repleta de referencias detalladas a altos funcionarios e informes de la ONU que sólo en contadas ocasiones se desvía de su objetivo principal y necesario de intentar demostrar la intención genocida de Israel.
Los abogados que Sudáfrica envía a La Haya son los mejores. Gran parte del argumento de Sudáfrica se deriva de la sentencia de la CIJ sobre medidas provisionales que dictó en el caso Gambia contra Myanmar en 2020.
Según la solicitud, “los actos y omisiones de Israel [...] son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida [...] de destruir a la población palestina de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio” y que “la conducta de Israel –a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia– en relación con los palestinos de Gaza constituye una violación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.
El umbral para ordenar el cese de los combates
Al solicitar una medida cautelar en virtud del artículo 74 del Tribunal, en lugar de una sentencia definitiva, Sudáfrica puede reducir el umbral de lo que debe probar antes de que el Tribunal ordene alivio provisional y posiblemente minimiza algunas de las cuestiones jurisdiccionales prime facie a las que se enfrenta el tribunal.
De hecho, Sudáfrica argumenta que “el tribunal no está obligado a determinar si se ha producido alguna violación de las obligaciones de Israel en virtud de la convención sobre el genocidio”.
“Es importante destacar que, como sostuvo anteriormente el tribunal, 'tal conclusión, que dependería notablemente de la evaluación de la existencia de una intención de destruir, total o parcialmente, al grupo... [de palestinos] como tal, sólo podría ser realizada por el tribunal en la fase de examen de fondo del presente caso”.
“En cambio, 'lo que el tribunal está obligado a hacer en la fase de dictar una orden cautelar es establecer si los actos denunciados... son susceptibles de encuadrarse en las disposiciones de la convención sobre genocidio'.
“El tribunal no tiene que determinar que todos los actos denunciados pueden estar comprendidos en las disposiciones del convenio”. Basta con que “al menos algunos de los actos denunciados... puedan estar comprendidos en las disposiciones del convenio”.
Del mismo modo, el tribunal no necesita determinar si la existencia de una intención genocida es la única inferencia que puede extraerse del material que tiene ante sí, ya que “este requisito equivaldría a que el tribunal tomara una decisión sobre el fondo”.
Sudáfrica pretende demostrar que las medidas adoptadas por Israel van más allá de la legítima defensa y se dirigen a la destrucción de la población palestina.
La demanda detalla el consabido, aunque chocante, número de muertos, los desplazamientos forzosos, la privación de alimentos y las restricciones a los nacimientos mediante ataques a hospitales, afirmando que son pruebas suficientes para inferir una intención genocida plausible.
La demanda añade otros dos elementos: el nivel en que se ha atacado la vida cultural palestina y el nivel en que funcionarios israelíes, sin reproche alguno, han abogado repetidamente por la destrucción no sólo de Hamás, sino de toda la población palestina.
Sudáfrica detalla numerosos ejemplos de “incitación directa y pública a cometer genocidio por parte de funcionarios del Estado israelí”, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Las amenazas de hacer Gaza permanentemente inhabitable, las referencias a los palestinos como “animales humanos”, están documentadas en la demanda. También se citan los llamamientos de los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir para reasentar a los palestinos fuera de Gaza.
Dentro del mismo Israel, antiguos funcionarios han escrito a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, pidiendo que se tomen medidas contra los funcionarios públicos y los políticos electos que han llamado a la limpieza étnica. Entre los firmantes de esta carta se encuentran el exembajador Dr. Alon Liel, el profesor Eli Barnavi, Ilan Baruch y Suzie Bachar.
“Los llamamientos explícitos a cometer atrocidades contra millones de personas se han convertido, por primera vez que podamos recordar, en una parte legítima y ordinaria del discurso israelí”, afirman.
Son este tipo de pruebas, quizá nacidas de un nuevo pesimismo israelí sobre la posibilidad de paz, las que pueden inducir a los jueces a considerar que Israel cree que su seguridad depende de la expulsión de los palestinos de Gaza. Pero ha habido muchas declaraciones de funcionarios israelíes en contra de esa opinión, que el tribunal tendrá que sopesar. La reticencia del Gobierno de Netanyahu, en parte por razones políticas internas, a discutir sus planes para el “día después” complica la tarea del tribunal de discernir la intención colectiva de Israel.
La defensa israelí
En un gran esfuerzo retórico, el portavoz israelí Eylon Levy adelantó el martes la respuesta de Israel ante el tribunal, centrándose en su derecho a la autodefensa y en las innovadoras medidas adoptadas para reducir las víctimas civiles.
Levy, sin embargo, comenzó cuestionando que Sudáfrica tuviera una disputa genuina con Israel y poniendo en duda la buena fe del país como opositor al genocidio, dado su apoyo en Darfur al expresidente sudanés Omar al Bashir. Según su opinión, Sudáfrica estaba actuando como defensor pro bono de la máquina genocida y violadora de Hamás.
Sudáfrica ha intentado protegerse de esta línea de ataque criticando a Hamás por la matanza del 7 de octubre y enviando una nota formal a Israel antes de la demanda, a la que afirma que Israel no ha respondido. El portavoz alega que ambos países son signatarios de la Convención sobre Genocidio de 1948, que estipula que aceptan la jurisdicción de la CIJ en lo que respecta a la adhesión a dicha convención.
Levy dice que Israel ha tomado medidas sin precedentes en la historia de la guerra para minimizar las víctimas civiles.
“Hemos dejado claro de palabra y de hecho que nuestro objetivo son los monstruos que (cometieron los atentados) del 7 de octubre y estamos innovando métodos para defender el derecho internacional, incluidos los principios de proporcionalidad, precaución y distinción en el contexto de un campo de batalla antiterrorista al que ningún ejército se ha enfrentado antes”, dice.
“Por eso pasamos semanas instando a los habitantes del norte de Gaza a que evacuaran antes de la ofensiva terrestre. Para advertir a los civiles realizamos más de 70.000 llamadas telefónicas, enviamos 13 millones de mensajes de texto, dejamos 14 millones de mensajes de voz y lanzamos casi 7 millones de folletos instando a los civiles a evacuar temporalmente por su seguridad, informándoles sobre las pausas humanitarias y las rutas de evacuación precisas”, dice el portavoz.
“Con este propósito aseguramos corredores humanitarios para que la población civil escapara de Hamás, establecimos líneas telefónicas de ayuda para que los civiles palestinos informaran a nuestro ejército si Hamás les impedía huir y por ello designamos una zona humanitaria en uno de los únicos lugares de Gaza donde Hamás ya se escondía detrás de la población civil” añade.
“La máquina de violación de Hamás tiene plena responsabilidad moral por todas las víctimas de esta guerra que lanzó el 7 de octubre y que está librando dentro y debajo de escuelas, mezquitas, hogares e instalaciones de la ONU”.
Sudáfrica puede argumentar que estas medidas han sido, en el mejor de los casos, una operación de imagen y, en el peor, deliberadamente ineficaces. Pero la escasa referencia a los combatientes de Hamás incrustados en la vida civil o al derecho de Israel a la legítima defensa puede dificultar que el tribunal acuse a Israel, incluso de forma preliminar, del crimen de crímenes.
Traducción de Emma Reverter