Hace apenas un mes, los medios digitales de América Latina publicaron las imágenes de Instagram de una mujer glamurosa que viajaba por todo el mundo. Eran fotografías de Ana Gabriela Rubio Zea, de 32 años, posando con un vestido azul y un bolso de Yves Saint Laurent en las afueras de la ciudad mexicana de San Miguel de Allende, patinando sobre hielo en minifalda en el Central Park de Nueva York y divirtiéndose en la Ciudad Prohibida de Pekín.
A las imágenes de las redes sociales siguieron otras más recientes: Rubio, con sudadera y vaqueros, flanqueada por agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, donde fue detenida el 17 de marzo por su presunta implicación en el suministro de precursores químicos de fentanilo desde China para el cártel mexicano de Sinaloa.
Según la Policía que la detuvo y la acusación federal presentada el 14 de abril, Rubio participó durante casi diez años en operaciones para importar de forma ilegal sustancias para la fabricación de drogas. En muchas ocasiones, las ocultó en envases de alimentos y se aprovechó de la corrupción para entregar los productos químicos al cártel mexicano.
De acuerdo con el informe que sustenta la acusación, en un mensaje cifrado que Rubio envió a Wu Yonghao, representante de ventas del proveedor de productos químicos Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd, antes de la detención, le dijo: “Somos los más grandes México, así que podemos comprar mucho”.
Una nueva ofensiva
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, emitió un comunicado poco después de presentar los cargos contra los jefes del cártel, los intermediarios como Rubio y los proveedores como Wu. Calificó al cártel mexicano de Sinaloa, como “la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y más prolífica del mundo”.
Rubio y Wu son solo dos eslabones de una cadena que conecta al cártel de Sinaloa con empresas y organizaciones delictivas chinas, relaciones que ahora, tras años de investigación por parte de las fuerzas del orden, atraen cada vez más la atención del Gobierno estadounidense.
El 9 de mayo, tres semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara las acusaciones que permitieron que Rubio y Wu cayeran en sus redes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Joaquín Guzmán López, de 36 años, uno de los hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que desde la última detención de su padre han acumulado poder y han dirigido la estrategia hacia el comercio de fentanilo. En un comunicado, la Oficina indicaba que el hijo de El Chapo es responsable de los “superlaboratorios” del cártel, que transforman los precursores comprados en China y otros países en fentanilo.
Las autoridades chinas han negado en repetidas ocasiones cualquier relación entre China y el fentanilo ilegal y han recordado que su país fue el primero en clasificar el opioide como narcótico. En abril, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que México aún no había notificado a China la incautación de ningún cargamento ilegal de precursores.
Sin embargo, las pruebas de la relación entre el cártel y entidades chinas no son nuevas. Las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales estadounidenses, como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Ejército, han rastreado las cadenas de suministro y las redes de blanqueo de dinero del cártel a medida que se expandían a China hace casi una década.
Ahora, la creciente hostilidad entre Washington y Pekín, alimentada por las acusaciones de robo de propiedad intelectual y espionaje, así como por las tensiones geopolíticas por la situación en Taiwán y la guerra en Ucrania, parece dispuesta a desencadenar la acción del Capitolio, un avance que Christopher Urben, exagente especial adjunto de la DEA (Drug Enforcement Administration, la agencia de control de drogas del Departamento de Justicia), está deseoso de ver. “En los últimos 10, 15, 20 años hemos hablado mucho de un enfoque integral que abarque a todo el Gobierno. Hay distintas autoridades dentro de nuestras agencias y competencias. Si se sincronizan esos esfuerzos contra la delincuencia organizada china y el blanqueo de dinero en concreto, podríamos ser muy eficaces”, dice Urben, que ahora dirige Nardello & Co, una empresa privada de investigación. “Es una suma de recursos, esta colaboración es urgente”, apunta.
El “sustento” del cártel
Cuando el fentanilo apareció por primera vez en la calle, procedía casi en su totalidad de China y llegaba a EEUU por “correo postal”, según explica Channing Sophia Mavrellis, directora del área especializada en comercio ilegal del think tank Global Financial Integrity, con sede en Washington DC.
“En un principio, esto era solo una forma de [completar otras drogas callejeras] cuando les quedaba poco producto”, asegura Mavrellis. “Ahora se han percatado de que el consumidor responde bien a esta droga”, apunta. Según la DEA y el Departamento de Justicia, desde al menos 2019, el grueso del fentanilo ilegal que entra en EEUU se ha producido en México utilizando precursores químicos chinos.
Los lazos del cártel con China no acaban ahí. El 26 de abril, tanto Mavrellis como Urben testificaron en una audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense titulada 'China, nuestro patio trasero (en alusión a México); cómo las organizaciones chinas de blanqueo de capitales enriquecen a los cárteles'.
“El dinero es la savia de los cárteles, y los métodos que utiliza [el crimen organizado] chino los enriquecen y les permiten traficar en Estados Unidos con aún más fentanilo y otras drogas que son mortales”, dijo Urben a los legisladores en la audiencia.
Delincuentes conectados en la red
En una entrevista posterior a la comparecencia, Urben explicó los cambios que se produjeron en el tráfico de drogas de Nueva York en torno a 2016, cuando los mensajeros de las organizaciones chinas de blanqueo de capitales empezaron a aparecer en las entregas de dinero en la zona que él monitorea. El negocio estaba en auge para los cárteles de la droga en su jurisdicción y en todo Estados Unidos, a medida que más personas se enganchaban al fentanilo y aumentaban las muertes por sobredosis.
Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2014 murieron en EEUU menos de 6.000 personas por sobredosis de opioides sintéticos. En 2021, el último año completo del que se dispone de datos, esa cifra superó las 71.000, es decir, una media de casi 200 personas al día.
Urben cuenta que, en los años previos a la pandemia de COVID-19, su equipo apenas podía seguir una transacción de drogas sin tener ya otra en la cola: “Estábamos en Flushing, un barrio de Queens, persiguiendo a un grupo… La actividad callejera relacionada con estas organizaciones era tan importante que acababas viendo entregas en la misma calle”.
La estrategia para las entregas cambió cuando las organizaciones chinas de blanqueo de dinero se hicieron con el control. Antes, tanto los narcotraficantes como los intermediarios de dinero que contrataban para lavar sus ganancias asumían que los intercambios eran operaciones de alto riesgo, y eran conscientes del peligro de robo o de una redada policial, por lo que desplegaban contravigilancia y se esforzaban por mantener el anonimato durante la planificación y ejecución de la entrega.
Ahora cuentan con WeChat y otras aplicaciones encriptadas con sede en el extranjero, que están fuera del alcance de las órdenes judiciales estadounidenses. “No podemos intervenirlas”, lamenta Urben. “Tenemos las manos atadas”, dice.
La web de WeChat afirma que la empresa proporciona “información no pública de los clientes en respuesta a solicitudes de las fuerzas de seguridad cuando la ley así lo exige”.
Según Tom Cindric, veterano de la división de operaciones especiales de la DEA, que comparte la frustración de Urben y pide más colaboración de todas las agencias federales para afrontar los retos que plantea la aplicación, conseguir la información es solo una parte de la batalla. “No hay nadie que la interprete”, asegura.
Urben señala que la aplicación, que permite una comunicación privada entre el cártel y sus intermediarios financieros, también ha reforzado la percepción de seguridad de los traficantes. Atrás quedaron los días de los teléfonos desechables, que cambiaban constantemente y significaban que nunca se sabía realmente quién estaba al otro lado de la llamada.
“Las cuentas de WeChat se mantienen constantes a lo largo del tiempo”, sostiene, lo que ofrece a los operarios de los cárteles “un cierto nivel de comodidad”. Además, la tecnología permite a los delincuentes coordinar reuniones y transferencias de dinero de forma instantánea. “Eso no ocurría en el pasado”, dice Urben.
Un nuevo modelo de negocio
A diferencia de sus predecesoras, las organizaciones chinas de blanqueo de capitales tienen poco interés en cobrar al cártel una comisión por sus servicios. En su lugar, van a por el dinero en efectivo a granel en sí. Anuncian los dólares en WeChat u otras plataformas y venden el efectivo a ciudadanos chinos a un precio superior.
Las leyes que China introdujo en 2015 para impedir que el dinero fluyera fuera del país han generado un enorme mercado de ciudadanos chinos que buscan gastar dinero en Estados Unidos en grandes compras, como bienes inmuebles y matrículas universitarias, y que, sin embargo, no pueden sacar su dinero de China.
Según la forma en que operan las organizaciones delictivas, ni un solo yuan sale de China. En su lugar, la persona que compra los dólares envía el pago a la cuenta china del vendedor, y cobra el dinero que compró en persona en Estados Unidos.
El cártel también recibe el pago al instante, en lugar de esperar semanas como antes, mientras que los intermediarios convierten los dólares en pesos exportando físicamente mercancías desde Estados Unidos y entregando al cártel los beneficios una vez que esas mercancías se venden en México.
Mavrellis y Urben salieron de la audiencia alentados por el hecho de que los miembros de la Cámara de Representantes parecen deseosos de eliminar las ganancias del fentanilo del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, Cindric no cree que los legisladores vayan a solidarizarse con las personas más afectadas por la crisis del fentanilo. “Al Congreso le da igual. Creo que [ven] a las personas que mueren como adictos, y creo que quedan marginados”, asegura. “Creo que al Congreso no le importa lo más mínimo”, concluye.
Traducción de Emma Reverter