Nuevo procedimiento judicial contra Reino Unido. La Comisión Europea envió este lunes una carta al Gobierno británico que supone una “notificación formal al Reino Unido por infringir las disposiciones sustantivas del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, así como la obligación de buena fe en virtud del Acuerdo de Retirada del Brexit”, dice Bruselas. Esta notificación marca el comienzo de un proceso formal de infracción contra el Reino Unido. “Es la segunda vez en el espacio de seis meses que el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a violar el derecho internacional”, dice el Ejecutivo comunitario.
Si esta vez tiene que ver con prorrogar unilateralmente la moratoria de controles aduaneros en el mar de Irlanda, la primera tuvo que ver con el proyecto de ley de Mercado Interior, que también reescribía el acuerdo del Brexit.
En estos momentos no se aplican plenamente las normas habituales de la Unión Europea sobre aduanas y productos en la frontera del Mar de Irlanda, pero el primer periodo de gracia de los acordados expira a finales de marzo.
La Comisión Europea está respondiendo a esta situación de dos formas: En primer lugar, la Comisión envió al Reino Unido una carta de notificación formal por infracciones de las disposiciones sustantivas de la legislación de la UE relativas a la circulación de mercancías y los viajes de mascotas que son aplicables en virtud del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. Esto marca el comienzo de un proceso formal de infracción. La carta solicita al Reino Unido que lleve a cabo acciones correctivas rápidas para restablecer el cumplimiento de los términos del Protocolo. El Reino Unido tiene un mes para responder a la carta.
En segundo lugar, el vicepresidente Maroš ŠefÄoviÄ envió una carta política a David Frost, copresidente del Comité Conjunto del Reino Unido, pidiendo al Gobierno del Reino Unido que rectifique y se abstenga de poner en práctica las declaraciones y orientaciones sobre la moratoria de las suspensiones de control. “Estas medidas unilaterales constituyen una violación del deber de buena fe en virtud del Acuerdo de Retirada. La carta también pide al Reino Unido que inicie consultas bilaterales en el Comité Conjunto de buena fe, con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente acordada a finales de este mes”, dice la Comisión Europea.
El Gobierno británico tiene un mes para presentar sus observaciones a la carta de emplazamiento. Tras examinar estas observaciones, o si no se presentaron observaciones, la Comisión Europea podrá, en su caso, decidir emitir un dictamen motivado, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene plenos poderes previstos en los Tratados, incluida la posibilidad de imponer el pago de una multa.
Por otro lado, si el Reino Unido no inicia las consultas en el Comité Conjunto con el objetivo de llegar a una solución mutuamente acordada para finales de este mes, la UE puede proporcionar una notificación por escrito para iniciar las consultas en virtud del Acuerdo de Retirada , como primer paso en el proceso del Mecanismo de Solución de Diferencias establecido en el Acuerdo de Retirada. Si no se encuentra una solución, la UE podría remitir la disputa a un arbitraje vinculante. En última instancia, esto también puede resultar en la imposición de sanciones financieras por parte del panel de arbitraje. En caso de impago o incumplimiento persistente, la UE podría suspender sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Retirada (con la excepción de la parte del acuerdo sobre derechos de los ciudadanos) o del Acuerdo de Comercio y Cooperación, como, por ejemplo, imponer aranceles a las importaciones de bienes del Reino Unido.
“El vicepresidente Saros ŠefÄoviÄ expresó la gran preocupación de la UE por la acción unilateral tomada por el Reino Unido”, explica un portavoz de la Comisión Europea a elDiario.es. “Es una violación de las disposiciones fundamentales del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte y de la obligación de buena fe en virtud del Acuerdo de Retirada del Brexit. Es la segunda vez que el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a violar el derecho internacional. La Comisión Europea responderá de acuerdo con los medios legales establecidos por el Acuerdo de Retirada [que entró en vigor el 1 de febrero de 2020] y el Acuerdo de Comercio y Cooperación [firmado el 24 de diciembre de 2020]. Un incumplimiento permitiría a la UE acudir a los recursos legales disponibles en virtud del Acuerdo de Retirada. Esto implica, como primer paso, iniciar un procedimiento de infracción. Actualmente se está trabajando en acciones legales”.
Es decir, la UE se dirige a la Justicia europea, cosa que ya hizo la anterior vez, con el proyecto de ley de Mercado Interior de Boris Johnson que también reescribía el acuerdo del Brexit y que terminó retirando.
La paradoja es que, precisamente, los problemas que están surgiendo con Irlanda tienen que ver con Boris Johnson. Es decir, el Brexit de Theresa May era menos duro, por lo que Irlanda del Norte y Gran Bretaña permanecían en la unión aduanera de la UE, se evitaba así la frontera en el mar de Irlanda y sólo había que buscar una solución tecnológica para hacer que el paso entre las dos irlandas fuera invisible para respetar el Acuerdo de Viernes Santo.
Pero Boris Johnson y los suyos tumbaron a May con la promesa de un Brexit más duro. Y un Brexit más duro compatible con los Acuerdos de Viernes Santo traslada la frontera entre las dos irlandas al mar del Norte, es decir, entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Lo que dispara la ira de los unionistas y trae el presente pesadillas de los ochenta y los noventa enterradas en la memoria de todo el mundo.
La situación en Irlanda del Norte fue empeorando hasta el punto de que el Gobierno anunció la suspensión temporal de los controles físicos a productos de origen animal que llegan al territorio británico desde el resto del Reino Unido, ante la proliferación de amenazas de grupos paramilitares unionistas. En los puertos de Belfast y Larne se encontraron pintadas en las que se señalaba a los empleados como posibles “objetivos” y tras haber visto a personas apuntando matrículas de vehículos de los mismos.
Esos controles son los que quiere mantener suspendidos durante más tiempo Reino Unido: el Gobierno de Johnson pidió por escrito a la Comisión Europea una ampliación de los periodos de gracia del Brexit hasta 2023 sobre los controles al comercio entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido para adaptarse a la nueva situación. En su carta, pedía que se mantengan las exenciones temporales para los productos de supermercados, los farmacéuticos, las carnes refrigeradas y los paquetes que cruzan de la isla de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. “Tenemos que asegurarnos de que se amplíen los periodos de gracia para que los supermercados puedan seguir proporcionando a los consumidores los bienes que necesitan”, afirmó el ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Gove, en la Cámara de los Comunes.
La decisión británica de hace dos semanas, no obstante, prorroga la moratoria hasta el 1 de octubre.
Sin embargo, Bruselas, de momento, no ha aceptado ninguna petición, y en sucesivas reuniones se ha comprometido a “reiterar su pleno compromiso con el Acuerdo de Viernes Santo y con la implementación adecuada del Protocolo de Irlanda del Norte, protegiendo los logros del proceso de paz, manteniendo la estabilidad y evitando la interrupción de la vida cotidiana de la gente de Irlanda del Norte y una frontera dura en la isla de Irlanda”.
En medio de ese conflicto, a finales de enero, se encendió otra mecha, con el anuncio de que la Comisión Europea pensaba activar el artículo 16 del protocolo de Irlanda del acuerdo del Brexit para evitar la fuga de vacunas de AstraZeneca, que acababa de anunciar un recorte del 50% en sus entregas previstas para el primer trimestre de 2021, desde el continente a Reino Unido. Bruselas terminó reculando, pero desató aún más una tensión que no se disipa.
Al final, el bloqueo de exportaciones contra la fuga de vacunas de la UE se terminó estrenando en Italia ante los problemas de suministro de AstraZeneca.