“Hay víctimas que nunca se han atrevido a hablar porque hay obispos que no creen en estas cosas, entonces tú puedes decir: ‘Mira, no ha habido suficientes víctimas que hayan hablado’. Yo te digo que no estaría aquí si no nos preocupáramos y lo central fueran las víctimas”. Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del pederasta Karadina en Chile, es uno de los miembros de la Comisión Antipederastia del Vaticano que este mediodía, después de diez años de trabajo, ha presentado su primer informe global sobre los abusos en la Iglesia. Un informe que no aporta cifras de casos a nivel global, pero que plantea exigencias a la propia institución para mejorar su actuación con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica.
“Las víctimas claman justicia”, admitió el cardenal Sean O'Malley, quien fuera arzobispo de Boston y uno de los máximos responsables de la lucha contra la pederastia en la Iglesia durante la presentación del informe, que incluye una serie de recomendaciones, entre la que destacan “agilizar y acelerar el proceso de dimisión” de los abusadores, así como “medidas rigurosas de reparación” para las víctimas.
De hecho, el estudio exige “estudiar las políticas de indemnización” a nivel global para ejercer medidas “rigurosas” de reparación en el proceso de “sanación” de las víctimas, al tiempo que admite “una preocupante falta” de estructuras de denuncia y de acompañamiento de los supervivientes de abusos sexuales. Más aún: se constata que las víctimas aún sufren procesos civiles y canónicos “difíciles, lentos y fuente de continua victimización”, que les impide desarrollar una vida normal.
A día de hoy, y pese a las reformas en el Derecho Canónico, todavía no existe un estatuto de las víctimas, que no tienen acceso completo a sus procesos judiciales. En ocasiones, incluso, los denunciantes solo se enteran verbalmente del resultado de los juicios canónicos, algo que debe cambiar radicalmente, en opinión de la Comisión, que ha sido recibida en estos días por el papa Francisco.
Para ello, constata el informe, la Iglesia católica debe impulsar el acceso de las víctimas a la información para afrontar el “problema” de la opacidad en los procesos canónicos. “Deberían estudiarse medidas que garanticen el derecho de todo individuo a acceder a cualquier información que lo afecte, máxime en los casos y responsabilidad de los abusos”, se lee en el informe.
“Hay personas sin medios para contratar a un abogado, que temen el encubrimiento de algunos obispos, que no les creen, los insultan o destruyen sus carreras”, lamenta Juan Carlos Cruz, quien plantea a la Iglesia dar voz “a los buenos, para que podamos callar a los malos”, y pide a la institución “no ponerse una venda en los ojos”. “La Iglesia tiene que hacer un firme compromiso de conversión, de que esto no vuelva a pasar”, concluye en su doble figura de superviviente y miembro de la Comisión.
El informe publicado este martes insta a “garantizar una gestión eficaz, rápida y rigurosa” de cada caso de abuso, y a “agilizar y acelerar el proceso de dimisión” de los líderes eclesiales acusados de abusos, “siempre que esté justificado”.
Algo que, pese a que ya es posible con el Código de Derecho Canónico en la mano, apenas se ha llevado a cabo.
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