El Comisario de Operaciones Especiales de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa fue asesinado a tiros mientras realizaba una visita familiar el domingo 21 de julio. El funcionario se desempeñaba en el equipo de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, mismo que había reportado números favorables en la reducción del crimen en la capital mexicana. Morales Figueroa trabajó directamente con Omar García Harfuch. García Harfuch, quien fue el encargado de temas de seguridad cuando Claudia Sheinbaum fue la Jefa de Gobierno y hoy ya ha sido llamado a integrar el gabinete de la nueva presidenta, precisamente en la Secretaría de Seguridad. Morales Figueroa podía presumir en su hoja de servicio haber atrapado a los perpetradores de un atentado en contra de García Harfuch, además de haber sido central en el desmantelamiento de la organización criminal Unión Tepito.
Una tasa de homicidios violentos igualitaria
No solo son asesinadas personas en la primera línea de combate al crimen. En el último mes se puso en conocimiento del público el saldo de violencia durante las elecciones presidenciales de 2024. 39 personas que se encontraban en carrera o habían expresado su intención de inscribirse a candidaturas fueron asesinadas desde septiembre de 2023. Distintas organizaciones civiles han dado seguimiento y arrojan resultados con variaciones, pero ninguna baja de las tres decenas. Los asesinatos de contendientes electorales, sin embargo, no son una novedad. En las elecciones anteriores, en 2018, se habló de números récord de asesinatos y de violencia. Involucrarse en política en México conlleva un aumento del riesgo de convertirse en blanco del crimen organizado, lo que por supuesto se convierte en un desincentivo para combatirlo.
A veces, inclusive, sin necesidad de que hayan formulado declaraciones duras contra el delito, hay candidatos que mueren asesinados para así enviar con estas víctimas un mensaje más simple y brutal: el de la intimidación. Un recordatorio. Como para que no se olvide quiénes son los que tienen las riendas en la mano.
En el intento de contener la violencia, desde el sexenio del panista Felipe Calderon Hinojosa (2006-2012) se ha recurrido al ejército como fuerza pública con acción dentro del territorio. El enfoque de Calderón, que fue conocido como la 'Guerra contra el Narco', arrojó resultados de guerra, si no en los resultados, sí en las bajas. Hasta 2021 se estimó que 350.000 personas murieron en la conflagración. La cantidad de militares desplegados no se ha reducido en presidencias posteriores: aumentaron en el sexenio del presidente priista Enrique Peña Nieto y volvieron a aumentar en la administración de Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), hasta llegar a 150.000 efectivos desplegados.
Se trata de una constante que afecta la cotidianidad mexicana desde hace más de tres décadas. En el intento de contener esa violencia, desde el sexenio de Felipe Calderon Hinojosa (2006-2012) se ha recurrido al ejército como fuerza pública con acción dentro del territorio. El enfoque de Calderón Hinojosa, que fue conocido como la Guerra contra el Narco, arrojó resultados de guerra. Hasta 2021 se estimó que 350.000 personas murieron en la conflagración. La cantidad de militares desplegados no se ha reducido en presidencias posteriores: aumentaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y volvieron a aumentar en la administración de Andrés Manuel Lopez Obrador, hasta llegar a 150.000 efectivos desplegados. Si una promesa incumplió AMLO esa fue que los militares regresen a los cuarteles. Según datos del Banco Mundial la tasa de homicidios en 2018 llegó a 30 por cada 100.000 y desde entonces ha descendido levemente: 28 por cada 100.000 en 2021. Pálida mejora que no saca a México de la lista de países más violentos del mundo.
No solo las drogas son negocio de cárteles
“Si no te metes en sus negocios, no se meten contigo” más que una máxima es una plegaria. Se la repite machaconamente al comentar la situación de violencia en México. Como si por iteración eventualmente pueda llegar a ser verdad, como si pudiera proteger a quienes la dicen en voz alta. Una formulación semejante empleó el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimento Condimentados de Guanajuato, Manuel Bribiesca, para procurar convencer que la industria turística sigue con normalidad en uno de los Estados de la República Mexicana. “Si no te metes con los malos, no se meten contigo” dijo el empresario esperando que durante las vacaciones de verano el flujo de turistas no disminuya.
La situación dista de ser tan apacible. El negocio de los cárteles de droga en México sigue siendo el principal problema de seguridad en el país, no solo por el control que se ejerce en ciertas partes del territorio, principalmente la que asegura las rutas de transporte hacia los Estados Unidos. A ello hay que agregar los derechos de piso que las organizaciones criminales se han autorizado a cobrar a lo largo y ancho del país. Derechos de piso se cobran a productores del agro, sean quienes cultivan y comercian aguacates (paltas) como a los que hacen lo mismo con limones o a quienes circulan por determinadas carreteras.
El problema que se centraba en los Estados de Zacatecas, Jalisco y Michoacán ha proliferado hacia otras regiones. Las zonas urbanas no se eximen de este problema y distintas investigaciones periodísticas han mostrado que en la Ciudades de México, Monterrey, Cuernavaca y otras, las organizaciones criminales cobran un montó mensual para garantizar la seguridad de todo tipo de comerciantes. Los trabajadores del transporte no se salvan de estas exacciones: sean taxistas en la pequeña ciudad de Iguala, en el sur del país, o en las ciudades del populoso Estado de México. Alejandro Desfassiaux del Consejo Nacional de Seguridad Privada afirmó en 2023 que cobros de derecho de piso se extendieron a 90% del país.
La constante extorsión a la que se ven sometidas las personas tuvo repercusiones en diciembre de 2023. En Texcapilla, un pueblo del Estado de México, miembros de la organización criminal Familia Michoacana citaron a los pobladores para informarles a cuánto iba ascender la cuota a pagar por cada hectárea cultivada. Los pobladores asistieron a la reunión buscando negociar, pero las cosas se salieron de control. Los pobladores atacaron a los narcotraficantes y tomaron la vida de diez de ellos, perdiendo cuatro de sus propias filas. “No nos arrepentimos” declaró una campesina a un medio internacional.
El miedo a una represalia ha llevado a cientos de personas a dejar el pueblo. El Estado de México dispusó que para disuadir las intenciones de venganza de la Familia Michoacana se desplegarían efectivos policiales para vigilar y hacer rondines. En junio de 2024 los pobladores de Texcapilla denunciaron que la vigilancia policial se había reducido. Temen, seis meses después, que la Familia Michoacana cobre venganza si hay laxitud en los relevos y tareas policiales. Mientras tanto, se denuncia que los policías del Estado pagan a superiores para no tener que vigilar Texcapilla.
Claudia frente al desafío
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha presumido que durante su gestión al frente de la Ciudad de México se redujeron los índices de criminalidad: los homicidios se habrían reducido a la mitad y los crímenes de alto impacto en 60%. Sheinbaum ha afirmado durante los debates que antecedieron a su elección que la violencia debe ser combatida en sus orígenes: la desigualdad, la marginación, la injusticia. Destaca que las políticas punitivas bañaron a México en sangre, pero que el abordaje del humanismo mexicano de la cuarta transformación -denominadores oficialistas para la ideología y el proceso político del Movimiento de Regeneración Nacional- ha mostrado ser efectivo para contener los delitos. Sin embargo una de sus propuestas es fortalecer la presencia de la Guardia Nacional -conformada por efectivos del ejército- en la seguridad interna.
La masiva votación por Sheinbaum, más alta que aquella con la que fue elegido AMLO, haría pensar que una parte importante de la ciudadanía considera que el sexenio que termina no fue malo tampoco en temas de seguridad. Los opositores insistieron todo el primer semestre de 2024 que la política de Lopez Obrador fracasó por todo lo alto y en redes sociales es frecuente el comentario de que los delincuentes viven en permanente impunidad. Sheinbaum no ha mostrado amilanamiento. Mientras han surgido voces que piden un modelo como el que Nayib Bukele aplicó en El Salvador, Sheinbaum insiste en que la violencia no se soluciona con violencia, y seguirá la máxima de Lopez Obrador de “abrazos y no balazos” aun apoyada en la Guardia Nacional.
AGB