Las gestoras de fondos de inversión y la banca son actores fundamentales en la transición energética por su papel como financiadores de las empresas. Sin embargo, han sido reiteradamente criticados por las asociaciones ecologistas y por los supervisores por actuar despacio en sus desinversiones y el final de la financiación a los sectores más contaminantes. Bancos y gestoras han respondido, en los últimos años, con anuncios calendarios ordenados para salir de actividades basadas en combustibles fósiles. Pero ahora la crítica le viene de la extrema derecha, que acusa al sector financiero de hacer política con sus mensajes de transición ecológica.
Este hecho ha llegado a España. Vox ha presentado este jueves una proposición no de ley en el Congreso que pide cambios legales para que las entidades financieras no puedan utilizar los datos personales y los perfiles de cliente para ofrecer servicios bancarios 'verdes'. La formación de extrema derecha acusó a los bancos españoles de estar haciendo “proselitismo” climático y “acciones de carácter político”. Con ello, aseguran, se está haciendo “adoctrinamiento ideológico o social”.
El discurso de Vox fue incluido en un paquete de peticiones, también al sector de las grandes tecnológicas, para defender “la soberanía nacional y personal” de los datos. Inés Cañizares, portavoz adjunta del partido en el Congreso, fue la encargada de presentar esta propuesta, acusando a los bancos de aprovechar los datos de sus clientes y de los pagos con tarjetas. “Puede desembocar en que los bancos conozcan y controlen todos nuestros movimientos”, apuntó, en contra del mayor uso de la tarjeta. Con estos datos, defendió: “Bombardean a sus clientes sin que estos lo hayan pedido”.
Entre otras medidas, Cañizares criticó que los bancos informen a sus clientes sobre la huella de carbono en su aplicación móvil. Se trata de una idea que no es nueva en el sector bancario, pero que ha ido ganando enteros en los últimos años y que consiste en otorgar información al cliente de qué uso hace el banco de ese dinero y qué impacto tiene sobre el medio ambiente. Para Vox, estas medidas pueden acabar en “listas negras de usuarios que tengan un vehículo de combustión o de viajeros de avión”.
El ataque de la extrema derecha al sector financiero por sus intentos de adaptarse a la transición ecológica no es exclusivo de España. La iniciativa parlamentaria de Vox ha coincidido en unos días en los que la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, Blackrock, sufre una campaña organizada por miembros del partido republicano de Estados Unidos por sus mensajes a las empresas para ampliar sus políticas verdes. Todo empezó hace dos semanas, cuando el Estado de Texas señaló a la gestora y a nueve grupos financieros europeos por “boicotear” a empresas energéticas con sus políticas ESG —siglas en inglés de ambientales, sociales y de gobierno corporativo—.
Blackrock es una gestora que tiene acciones en la mayor parte de las grandes compañías del mundo. Sin embargo, pese a sus acciones en estas empresas, nunca se implica en la gestión directa y no participa en los consejos de administración. Si bien su consejero delegado, Larry Fink, es considerado como uno de los rostros más influyentes de los mercados en todo el mundo. Fink acostumbra periódicamente a publicar cartas al resto de consejeros delegados que marcan en muchos casos la agenda. En los últimos años, ha incorporado mensajes de transición ecológica y ha animado a votar en las juntas de accionistas en contra de directivos y empresas que no se muevan en esa dirección.
El partido republicano, al igual que está haciendo Vox, está instalado en el negacionismo del cambio climático y ha puesto a Blackrock en su punto de mira por estas políticas ESG. Fiscales de 19 estados, todos ellos republicanos, enviaron hace unas semanas una carta a la gestora acusándola de priorizar el “activismo” a su deber fiduciario con sus clientes. Entre los negocios que tiene Blackrock, se encuentra la gestión del dinero de fondos de pensiones de empleados públicos en EEUU y algunos estados como Texas o Arizona están amenazando con retirar el dinero de sus funcionarios de los fondos de esta gestora, según informó Financial Times. En Florida, por ejemplo, se ha prohibido incluir perspectivas ESG en la gestión de planes de pensiones de trabajadores públicos. “El movimiento ESG ha producido un sistema opaco y perverso en el que algunas compañías financieras ya no toman decisiones en el mejor interés de sus accionistas o sus clientes”, señaló Glen Hegar, controlador de las cuentas del Estado de Texas.
La gestora ha tenido que salir al paso de este movimiento en el partido republicano, señalando que es falso que Blackrock esté ejerciendo boicots sobre ningún sector. “El cambio climático está poniendo a prueba la resiliencia de muchas industrias y empresas. Como administradores de riesgos prudentes y administradores de activos de nuestros clientes, es imperativo que busquemos comprender y valorar estos riesgos y oportunidades que afectarán a las empresas en las que invertimos”, apuntó en un comunicado recogido por el citado rotativo económico.
“La politización de los fondos de pensiones estatales, la restricción del acceso a las inversiones y el impacto en los rendimientos financieros de los jubilados no es consistente con ese deber de actuar en el mejor interés de las personas a las que sirven”, añadió Blackrock sobre las amenazas de Texas de retirar el dinero de sus funcionarios.
Críticas de organizaciones ecologistas
Blackrock se sitúa así en un punto intermedio en el que no satisface a la extrema derecha estadounidense, que lo acusa de ir contra los negocios nacionales como el petróleo pero tampoco a los grupos ecologistas, que consideran que no convierte en hechos sus palabras por la transición ecológica. Estos grupos, por ejemplo, han lamentado que Blackrock haya reducido los votos favorables en juntas de accionistas a propuestas frente al cambio climático. Únicamente ha apoyado el 24% de las veces, frente al 43% del pasado año. El fondo consideró que las propuestas que buscaban dictar el calendario en la transición de las empresas no tenían en cuenta la nueva situación abierta por la guerra en Ucrania. Blackrock, al igual que su competidor Vanguard, aumentaron en 2021 sus posiciones en sectores contaminantes pese a sus compromisos.
El 'greenwashing' del sector financiero ha sido advertido no solo por organizaciones ecologistas sino por organismos como el BCE. Los bancos y los fondos han ido estableciendo calendarios para reducir durante esta década su huella de carbono en su actividad y en sus inversiones. Si bien son múltiples los estudios que apuntan que desde la Cumbre de París no se han reducido las inversiones del sector financiero en el sector del carbón, salvo la excepción de 2020 y el freno por la pandemia. Además, han apuntado a la contradicción de que en muchos casos estos compromisos, con alianzas por las emisiones 'cero', contrastan con el hecho de que no se incluyan al petróleo y el gas.
Pese a estas críticas, la extrema derecha ha presentado ya su batalla contra el sector financiero por sus avances hacia políticas que tengan en cuenta al medioambiente.
DL