En Estados Unidos, se calcula que casi una de cada cuatro mujeres afronta un aborto a lo largo de su vida. Son cerca de una cuarta parte que ya no podrá acceder a este derecho en donde reside y que, en su lugar, deberá correr graves peligros para decidir de forma autónoma sobre su cuerpo a partir del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que pone fin al derecho al aborto legal y seguro en todo el país. No hay palabras para describir lo que sentimos. O más bien, sí, pero son tantas que ninguna llega a expresar de forma íntegra lo que nos pasa frente a lo que ocurre y lo que puede suceder a continuación. Bronca, miedo, defraudación, incertidumbre, tristeza…
El principal argumento de la mayoría de los jueces del tribunal —tres votaron en disidencia— para derogar el derecho al aborto legal y seguro es que no figura como tal, de modo explícito, en la Constitución. Aseveran que tampoco tiene arraigo en la historia y tradición de los Estados Unidos ni pertenece al conjunto de derechos “implícitos en el concepto de libertad ordenada”, como otros basados en la cláusula que consagra la libertad en la vida privada. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, indicaron los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y la jueza Amy Coney Barrett, en su posición mayoritaria.
Paradójicamente, fue la Corte Suprema de los Estados Unidos —otra Corte, a las claras— la que marcó un camino hace 50 años con su fallo Roe v. Wade, de 1973, al que le siguió Planned Parenthood v. Casey, en 1992, para apuntalar el derecho al aborto legal y seguro en todo el país hasta la semana 24. Así y todo, nunca consiguió consolidarse en una ley de carácter federal que pusiera punto final a las múltiples embestidas judiciales posteriores. Mientras tanto, numerosos gobiernos conservadores impulsaron leyes estatales para delimitar la interrupción voluntaria del embarazo, poniendo plazos imposibles para su acceso. Prohibiciones tácitas en la práctica. Esta decisión de la Corte es, de hecho, la respuesta a un recurso presentado por Mississippi, y habilita a que cada estado decida por su cuenta.
La contraofensiva conservadora ya empezó. A poco de conocerse la sentencia, el fiscal general de Missouri declaró que su estado era el primero en prohibir de forma efectiva el aborto. La fiscal general de Louisiana no demoró en seguirlo. Solo en lo que va del año, Florida, Arizona y Kentucky aprobaron leyes que limitaban el aborto a las 15 semanas. Idaho lo redujo a las primeras seis. Oklahoma y Wyoming firmaron normas que directamente lo prohíben a menos que sea para salvar la vida de la persona embarazada. Ni siquiera contemplan excepciones como los casos de violación e incesto, presentes en otros estados. En 2021, Texas también fue por el veto absoluto; Carolina del Sur, desde el primer latido, y Arkansas, solo contempla los casos en los que peligra la vida de la persona gestante.
Hasta 26 estados cercenarían de forma total o parcial este derecho a partir de ahora, según el Guttmacher Institute, especializado en este tema. Muchas de estas normas se encontraban en estado de latencia, o bloqueadas por la Justicia, a la espera de que Roe v. Wade perdiera su escudo constitucional. Ahora que lo impensado finalmente pasó, lo que asoma es un horizonte de formidable perplejidad respecto a lo que sucederá en cada estado en particular y cómo eso impactará sobre la otra mitad del país donde el aborto seguro y legal seguirá siendo un derecho adquirido, por ahora.
Implicancias
Parece sorprendente frente a lo que acontece, pero todavía somos mayoría los que defendemos este derecho. Siempre lo fuimos. En 1973, el 52% de las personas consultadas en Estados Unidos en una encuesta de Louis Harris & Associates apoyó la primera resolución favorable de la Corte. Y esa postura se mantuvo constante e incluso con mejores niveles de aceptación en las décadas posteriores. En mayo último, tras filtrarse la posible opinión contraria al fallo, NBC News arrojó que el 63% de los y las estadounidenses no querían que se anulara.
Así y todo, la Corte Suprema falló a contramano de la mayor parte del sentir popular, marcando un hito sombrío en la historia de ese país a partir del cual millones de personas que pueden quedar embarazadas enfrentan ahora un futuro en el que ya no podrán tomar decisiones profundamente personales que afecten sus cuerpos, su futuro y el bienestar de sus familias. Peor aún, la alternativa que se abre y que conocemos bien en Latinoamérica, y la Argentina en particular, es un sendero tan oscuro como peligroso: la práctica de abortos de forma clandestina, sin las condiciones mínimas de salubridad.
Tampoco se puede evitar una lectura profundamente racista y clasista en este fallo porque son esos grupos históricamente vulnerados en los Estados Unidos los que se verán desproporcionadamente afectados con esta decisión. No hace falta revisar mucho tiempo atrás para evidenciar el desigual acceso al sistema sanitario en aquel país que la pandemia expuso con una proporción mayor de víctimas afroamericanas e hispanas. En este sentido, el fallo de la Corte constituirá, de mínima, una violación del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura. De máxima, puede representar una sentencia de muerte.
Por todo ello, sería un error pensar que esta decisión se circunscribe solo aquellas personas con capacidad de gestar. Al contrario, un retroceso en el plano de los derechos humanos es un revés de la sociedad en su conjunto. El fallo del máximo tribunal de los Estados Unidos no se puede aislar de un contexto ni de un proceso con décadas ansiando controlar los cuerpos y la voluntad ajena e imponer una cosmovisión fundamentalista sobre las relaciones sociales. Librados ya de cualquier dique legal, lo que puede venir es un tsunami ultraconservador que busque criminalizar el aborto y arrasar también con otros derechos humanos como el acceso al control de la natalidad, el género y la igualdad matrimonial y demás leyes contra la discriminación.
“La única justificación para lo que la mayoría hace hoy es que el derecho a abortar no está 'profundamente arraigado en la historia'”, escribieron las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan y el juez Stephen Breyer en su voto en disidencia. “La mayoría podría escribir una opinión igual de larga, por ejemplo, mostrando que hasta mediados del siglo XII 'no había apoyo en la ley estadounidense para un derecho constitucional a obtener anticonceptivos'”, alertaron. Por lo que, “o bien la mayoría no cree realmente en su propio razonamiento. O si lo hace, todos los derechos que no tienen historia desde mediados del siglo XIX no están garantizados. O bien el fundamento de la opinión de la mayoría es hipocresía u otros derechos constitucionales están amenazados. Es una cosa o la otra”.
Lo que resulta más inquietante, son las implicancias más extendidas en el resto del mundo donde se intenta instalar la misma agenda reaccionaria. La anulación de Roe v. Wade es el símbolo de una gran regresión en todo el mundo y va a contramano de la Marea Verde que inundó la Argentina, México y Colombia y hasta alcanzó costas tan lejanas como la de Irlanda. Esta contraofensiva, sin dudas, funcionará como inspiración para todos aquellos actores que siguen ensayando modos de frenarla, un terrible ejemplo tanto para gobiernos como organizaciones anti-derechos cuya prédica y acción se centra en negar los derechos de las mujeres, las niñas y personas gestantes así como de otros colectivos sociales.
Frente a tremendo escenario, nuestro país y América Latina quedan a la vanguardia de este debate imprescindible para impulsarlo donde no existe ley todavía o resistir su anulación donde la haya, traccionando la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía reproductiva y la justicia social y de género. Nuestra experiencia demuestra que la Marea Verde es imparable, sin importar los obstáculos que se crucen en el camino. Nadie está solo en esta pelea.