El viernes participé de una charla para hablar del atentado organizada por Meretz y otras organizaciones en IWO, el edificio donde está el archivo que se recuperó del 3er y 4to piso del edificio de la AMIA que explotó.
Pasaron un video en el que volví a ver imágenes que ya había visto muchas veces sobre los escombros y las acciones de rescate. Pero esas imágenes ahora se resignificaron porque lo que contaban es que las responsables del archivo y la biblioteca armaron un dispositivo de rescate con muchos jóvenes voluntarios. Hicieron pasamanos sobre los escombros y lograron recuperar casi el 80% del archivo, los libros y las obras de arte. Me conmovió el esfuerzo colectivo, la importancia que le dieron en ese momento de desesperación a recuperar la historia y a sostener la memoria.
Mientras veía las imágenes, no pude dejar de pensar que, al mismo tiempo que eso pasaba, la investigación del atentado ya era un desastre. Se preservó mal la escena del hecho, no se resguardó prueba, no se sabía bien qué hacer, comenzaba el pacto para contar una historia oficial que iba a prescindir de la reconstrucción de la verdad.
Hace unas semanas, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en la denuncia internacional que comenzamos con Memoria Activa en 1999. La Corte Interamericana confirmó cosas muy importantes que denunciamos durante todas estas décadas, en gran parte en soledad.
Lo primero que dijo fue que el Estado es responsable de no haber prevenido el atentado.
Esto quiere decir que muchas personas tenían información real de que iba a suceder otro atentado en nuestro país y que no hicieron lo que debían hacer para prevenirlo. La Corte IDH lo dijo claramente: el Estado no adoptó medidas razonables para evitarlo, sobre todo después del atentado a la Embajada y de que estaba siguiendo y tenía infiltrados a quienes hasta hoy considera sospechosos.
Es decir, existían alertas serias sobre las que el gobierno de aquel momento fue totalmente negligente. Da gracia que ahora parezca serio volver a la SIDE de aquella época.
La Corte también dijo que el Estado es responsable por no haber garantizado justicia.
Después de 30 años sospechamos algunas cosas, pero no tenemos ninguna certeza. Hubo dos juicios que terminaron con los acusados absueltos. Los indicios sobre los sospechosos no se tradujeron en prueba judicial. Hoy no hay verdad, ni hay justicia.
Esto no ha sido una consecuencia de la naturaleza. Para la Corte Interamericana, el Estado “utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación”. Dijo que “se combinaron problemas estructurales, falta de voluntad política y el actuar doloso de agentes estatales para obstaculizar la investigación.”
Ayer apareció un reportaje de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia que pretende victimizarlos y limpiar sus nombres. Pero pongamos ejemplos concretos de lo que hicieron el juez, los fiscales, los policías, los agentes de inteligencia, los funcionarios de gobierno:
La Corte IDH dijo que los funcionarios a cargo de la investigación fueron absolutamente negligentes en la manera en que trataron la prueba y aseguraron la cadena de custodia. Y que esto era injustificable (hoy se pide el juicio político por bastante menos).
También dijo que no es entendible por qué si los funcionarios tenían información del eventual involucramiento de Rabbani u otros sospechosos, la línea de investigación “fue desatendida y abandonada deliberadamente”. ¿Cómo se explica que el agregado cultural de la Embajada iraní Mohsen Rabbani saliera del país en 1997 sin problemas? Dice la Corte IDH que como consecuencia de estas maniobras “la investigación quedó trunca y no se pudo profundizar”.
Pasaron, por ejemplo, más de 10 años en tratar de corroborar la identidad del conductor de la camioneta y, además, dio negativo.
“Por más de diez años, la investigación se centró en una línea de investigación deliberadamente fabricada por agentes estatales, lo que evitó que se pudiera profundizar en otras líneas de investigación, impidiendo el esclarecimiento del atentado en los años directamente posteriores a su comisión.”
¿Por qué si desde el principio se sospechaba de los acusados libaneses e iraníes, la investigación en esos años se centró en la acusación falsa contra los policías bonaerenses? Esta pregunta no está respondida. La Corte también se la hace.
Esto fue lo que pasó: cometieron irregularidades en diligencias esenciales y abandonaron líneas de investigación centrales. Como denunciamos desde el principio, lo que hoy no se termina de saber tiene relación directa con lo que no se hizo a propósito y por negligencia.
Aún después de 2004 la Corte constató graves errores en el manejo de la prueba y dificultades para que las investigaciones avancen.
A 30 años no tenemos “claridad sobre lo acontecido, ni sobre sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación.”
Lo tercero que determinó fue el Estado es responsable por no haber garantizado verdad, derecho a la verdad que es para todos.
A esta altura ya nadie puede negar que uno de los principales obstáculos para conocer la verdad fue la entrega de la investigación a la SIDE. Quedamos sometidos al secreto y atados a una montaña de documentación dudosa, desordenada, inconsistente, inconducente, mal conservada, sin sistematizar, que aún no logramos conocer, y que ni siquiera los fiscales conocen.
La Corte reafirma que en gran parte por esta razón no tenemos una versión judicial de los hechos del atentado, ni de ningún otro ámbito estatal. Aun con buena voluntad la investigación depende de aportes milagrosos de agencias extranjeras y de chequear con mucha dificultad hechos ocultos desde hace 30 años.
Así quedamos sometidos a las disputas políticas por la verdad, al secreto guardado para tapar las propias negligencias, y a las maniobras internas para ganar poder, que nos alejaron de la posibilidad de construir una memoria colectiva sobre lo que pasó el 18 de julio en nuestro país.
Fue muy difícil lograr que el Estado se investigue a sí mismo. Fue muy difícil romper la lógica corporativa, hasta el día de hoy este pacto continúa. La condescendencia con quienes mintieron durante estos años se topa hoy con este fallo de la Corte Interamericana que deja expuestas las gravísimas falencias estatales y la hipocresía de quienes dicen que el atentado ya está resuelto porque están subordinados a una versión oficial que descree realmente de lo que significa la verdad y la justicia.
Nuestro país no puede quedar atado a lo que agencias extranjeras, nos dicen. Por más que esos indicios tengan sustento, nuestro compromiso con la verdad impone exigir pruebas concretas que reconstruyan los hechos y explicaciones serias sobre por qué no se investigó realmente.
Pasado y presente en este caso no pueden estar más atados. Esas fuerzas siguen tratando de sostener una verdad oficial derivada de pactos impuestos y no de una verdadera investigación, de la reflexión social y de la construcción de la memoria colectiva.
Pero hay un reconocimiento en la decisión de la Corte y en todos nosotros: es al activismo de los familiares y particularmente de Memoria Activa. De otro modo, esto que pudimos saber a cuentagotas hubiera quedado enterrado hace mucho tiempo. Así como se recuperó el archivo después de la explosión, aún con la tristeza de todos estos años, esto ha sido un gran logro, como lo fue la sentencia por el encubrimiento de 2019.
Por eso, estamos acá para recordar, para hacer memoria, para exigir justicia.
El discurso de la directora ejecutiva del CELS fue leído en el acto de Memoria Activa por los 30 años del atentado a la AMIA, frente al Palacio de Justicia de la Nación. Acceda al micrositio "30 años sin verdad".