No fue sencillo. Nuestro camino para dejar atrás el terrible año del estallido de la pandemia rumbo a la nueva normalidad se vio signado por complejos desafíos, para la Argentina y el mundo, sumidos en una profunda crisis económica y social. Así y todo, entre tanto dolor, se pudieron consolidar importantes conquistas en estos años, la sanción de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el documento no binario, la ley de etiquetado frontal y el cupo laboral trans. Otras batallas aún nos cuestan, aunque las seguimos dando: la igualdad de género y respeto a las diversidades, la inclusión de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos sobre sus territorios, el fin de la violencia institucional y la correcta ponderación de la justicia climática como eje imprescindible para pensar un futuro sustentable que apuntale el desarrollo armónico de nuestra sociedad.
En retrospectiva, no es novedad a esta altura que la pandemia de COVID-19 actuó como un acelerador de las desigualdades existentes, una deuda que arrastra Latinoamérica desde hace ya décadas. La violencia contra las mujeres y las niñas, y la falta de medidas efectivas para abordarla representaron entonces y durante el último año un motivo de grave preocupación. Sin ir más lejos, la implementación del derecho a un aborto seguro, legal y gratuito dentro de las primeras 14 semanas, abrió un nuevo capítulo en la disputa contra quienes se oponen. Apenas mudó el escenario del Congreso a los tribunales, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
En diciembre de 2021 se habían iniciado unas 37 acciones judiciales contra la ley. De ese total, 32 persiguieron la declaración de inconstitucionalidad de la ley con efectos colectivos. Las restantes apuntaron hacia la responsabilidad penal y civil del presidente de la Nación y legisladores nacionales y provinciales y hasta ha avanzado una causa penal contra una médica residente de Tartagal, Miranda Ruiz, por brindar atención a una paciente adulta por petición suya y acorde a lo estipulado en la propia ley. Como consecuencia, la profesional de la salud fue privada de la libertad y todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión en la provincia de Salta.
Desde Amnistía Internacional nos involucramos en este caso, así como en diversos litigios para garantizar la continuidad de esta conquista legal que encarna un imperativo de justicia social, reproductiva, y de derechos humanos. Estamos bien: el Poder Judicial ha rechazado sistemáticamente las acciones contra la norma en etapas muy tempranas de los procesos judiciales por considerarlas inadmisibles, reconociendo su legitimidad democrática y la jerarquía de los derechos de las mujeres y personas gestantes que contempla.
Así y todo, persisten otras trabas, producto de la ausencia de políticas públicas para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a profesionales de la salud, asegurar el acceso al misoprostol, promover la comercialización de la mifepristona, fortalecer el acceso a atención post evento obstétrico, robustecer el ejercicio de la educación sexual integral y afianzar el acceso a la información para el empoderamiento legal de las mujeres y personas gestantes, entre otras cuestiones. Ni el Estado nacional ni provincial impulsaron campañas de difusión sobre cómo y dónde ejercer el derecho al aborto. Apenas algunas provincias llevaron a cabo acciones aisladas en Entre Ríos, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.
No es suficiente. Sin información completa, su implementación se pone en riesgo porque no se puede ejercer de forma plena un derecho que se desconoce. Este dato surge de los pedidos de acceso a la información pública que realizamos desde Amnistía Internacional y de entrevistas a profesionales de la salud, activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de los pasados doce meses. También recopilamos los testimonios de mujeres y personas con capacidad de gestar que enfrentaron graves barreras en el acceso al aborto legal en distintas jurisdicciones del país. Seguiremos monitoreando para relevar las dificultades en el territorio y advirtiendo sobre estas falencias.
Del mismo modo, es inexplicable que a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) persista una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de los estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios de la ESI. Y siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación en materia de violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual, identidad y expresión de género. Es impensable proyectar una sociedad más equitativa si carecemos de esta herramienta central para que niños, niñas y jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y salud, aprender a construir relaciones equitativas, comprender la importancia del respeto de la diversidad y prevenir situaciones de abuso sexual, entre otras cuestiones.
La pandemia también exacerbó las desigualdades de género existentes en lo que respecta a la vida política, económica y social de las mujeres
La pandemia también exacerbó las desigualdades de género existentes en lo que respecta a la vida política, económica y social de las mujeres. El entramado persistente en diversas esferas de la vida cotidiana reproduce y perpetúa mandatos y estereotipos de género que excluyen a las mujeres y personas LGBTI+ del acceso igualitario a derechos y oportunidades. Si hablamos de femicidios, en 2021 el número ascendió a 289 víctimas mortales confirmadas, que incluyeron 24 femicidios vinculados, nueve personas Trans y 15 suicidios, según datos del Observatorio de Femicidios de la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación. Es el equivalente a un homicidio intencional ocurrido cada 30 horas en Argentina durante el último año.
El 65% de los femicidios fue cometido en la vivienda de las víctimas, el domicilio compartido o en un entorno familiar. Un dato todavía más alarmante: el 15,2% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante, lo que pone en evidencia la falta de respuestas efectivas y eficientes por parte del Estado. A esta altura, la violencia de género en nuestro país constituye una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver. Y tanto las políticas públicas para abordar la violencia de género como la ausencia de una perspectiva entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a la hora de responder o aplicarlas adecuadamente, no parecen estar funcionando.
Sin dudas, la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado tampoco ayuda a consolidar una perspectiva de género que atienda a esta acuciante emergencia social. En el ámbito legislativo, pese a los avances de leyes de paridad a nivel nacional y, particularmente, en algunas jurisdicciones, su aplicación efectiva ha sido objeto de disputa judicial. En el Ejecutivo, en la actualidad, hay solo dos mujeres en cargos ministeriales, lo que equivale al 10% de la administración. Y el Mapa de Género en la Justicia Argentina exhibe que apenas el 31% de las mujeres ocupan cargos de juezas y camaristas en los tribunales federales, mostrando una base mayoritaria de mujeres y una cúpula en la que predominan los varones. En la mismísima Corte Suprema, integrada solo por varones desde la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco, se perpetúa esta situación de absoluta gravedad institucional.
No son las únicas situaciones urgentes que atender, por supuesto. En Argentina, siguen proliferando los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país y la impunidad en las investigaciones de desapariciones forzadas. Eso se combina con múltiples situaciones de tratos degradantes, amenazas y hasta asesinatos cometidos por parte de miembros de diferentes fuerzas de seguridad que hemos relevado desde Amnistía Internacional en todo el país. Casos como los de Lucas González, de 17 años, baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas, el 18 de noviembre último, hoy en la órbita judicial. O Mauro Coronel, un joven de 22 años y padre de cuatro hijos que murió tras haber sido detenido violentamente por la policía de Santiago del Estero el 30 de abril de 2020. Al término de 2021, no había aún ninguna imputación ni línea de investigación abierta para determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas.
En Argentina, siguen proliferando los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país y la impunidad en las investigaciones de desapariciones forzadas
La lista es extensa, demasiado: Blas Correa, Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado. También lo es la ausencia de respuestas. Todos los casos registrados a lo largo de 2021 y los años anteriores ilustran un mismo patrón de prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país. Pese a ello, un proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios sigue pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación. Otra deuda de las instituciones con nuestra sociedad. Y seguimos sumando.
La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina