Desde hace algunas semanas, quienes trabajamos para la reforma del sistema de justicia, vemos con mucho interés lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados de la Nación. El Congreso se encuentra discutiendo, una vez más, la reforma del Consejo de la Magistratura. Tal vez para gran parte de la sociedad éste sea un debate lejano y hasta en cierto punto ajeno, lamentablemente siempre ha estado cooptado por internas políticas y corporativas. Pero lejos de ser un tema poco relevante, se trata nada más y nada menos que de discutir cómo garantizar la tan reclamada independencia judicial. El Consejo de la Magistratura es el organismo responsable de elegir jueces y juezas idóneas para impartir justicia, administrar los recursos del Poder Judicial y ejercer funciones disciplinarias. O al menos eso es lo que dice nuestra Constitución Nacional.
A lo largo de los últimos veinte años, han sido varias las oportunidades en las que el Congreso de la Nación ha debatido una reforma del Consejo de la Magistratura. El diagnóstico es ampliamente conocido y así fue expuesto en las reuniones de comisión por prácticamente todas las personas que fueron invitadas a hablar. El Consejo de la Magistratura cumple deficitariamente con las funciones que tiene a su cargo, de allí que resulte imperioso reformar su funcionamiento. Para ello la Cámara de Diputados de la Nación debe ejercer su rol de Cámara revisora y modificar el proyecto que viene del Senado de la Nación. Necesitamos que los esfuerzos de los y las diputadas converjan en una reforma que garantice a la sociedad argentina una mejora real y concreta en la calidad institucional del organismo. Por la trascendencia que el tema tiene en nuestra vida democrática, es indispensable que el proyecto logre contar con un aval político que atraviese las diferencias partidarias. No podemos quedar siempre a merced de los cambios en los pareceres de los gobiernos y las mayorías parlamentarias de turno.
La Cámara de Diputados de la Nación debe ejercer su rol de Cámara revisora y modificar el proyecto que viene del Senado de la Nación.
Los esfuerzos que se hagan deben estar orientados a resolver dos grandes temas que están hoy ausentes en el proyecto en revisión: el sistema de concursos para elegir a los y las juezas, y la administración de los recursos del Poder Judicial.
En primer lugar, es imprescindible modificar el sistema de concursos vigente. Los concursos deben realizarse de manera anticipada a la producción de las vacantes para terminar de una buena vez con las demoras, la parálisis y las especulaciones que se hacen a expensas de ellos. El sistema de concursos que actualmente existe deja enormes márgenes para la discrecionalidad y la arbitrariedad. Es un sistema ineficaz y poco, por no decir nada, transparente. No hay fundamento alguno para sostener un sistema de esta naturaleza que se vuelve especialmente costoso para la sociedad, y se traduce en la enorme cantidad de subrogancias que hoy existen: jueces y juezas administrando justicia que no fueron elegidos o elegidas para cumplir con esa función. El Congreso de la Nación debe establecer como sistema único y obligatorio los concursos anticipados generales por categoría de cargos. Hoy en día, el Consejo de la Magistratura está autorizado por ley a convocar a concursos previa producción de una vacante, pero por inoperancia, desidia o por deliberado interés, no lo ha hecho nunca.
En igual sentido, deben definirse con claridad las funciones del tribunal de examen y reducir los márgenes de discrecionalidad que hoy operan. El sistema actual es una pantomima. Se convoca a expertos y expertas para que oficien de jurados en los concursos, pero luego por medio del artilugio de la “entrevista personal con los y las candidatas” se altera la ponderación y la evaluación que éstos realizan. Esto no implica desconocer que la elección de magistrados y magistradas es una decisión política. Pero tenemos que poder garantizar a la sociedad que los y las juezas encargadas de administrar justicia sean elegidas de manera objetiva y transparente.
Por último, aunque no menos importante, el proyecto debe definir con claridad que la administración de los recursos del Poder Judicial es una competencia exclusiva del Consejo de la Magistratura. Y en este punto, dadas las circunstancias, es necesario que el Congreso de la Nación le hable claramente a la Corte. Es función del Consejo de la Magistratura administrar los recursos del Poder Judicial. La Corte se ha arrogado en los últimos años una función que no le corresponde, y además la ejecuta de manera completamente deficiente y poco transparente. El estado de la administración de los recursos del Poder Judicial es calamitoso. Hace pocos días atrás, las noticias daban cuenta de la falta de wifi en juzgados de Comedor Py, sólo por citar un ejemplo. La administración de los recursos debe quedar en manos de personas idóneas, con competencias específicas que permitan dar un salto de calidad y garanticen una administración profesional y moderna. Se trata, en pocas palabras, de gestionar correctamente los recursos para brindar un buen servicio de justicia.
En el debate parlamentario ha quedado demostrado que se necesita una reforma profunda del Consejo de la Magistratura. La Cámara de Diputados no puede hacer oídos sordos a esta situación: no es aceptable que sancionen un proyecto que lo único que hace es modificar la integración del Consejo. Esperemos que esta vez la historia sea distinta y se priorice responder a los problemas serios y urgentes que tiene la administración de justicia, antes que a los intereses de cada una de las corporaciones que integran el Consejo.
La autora es politóloga y Directora Ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Consultora e investigadora sobre temas relacionados con la reforma de la justicia penal.
AR