Hace poco más de 21 años, la Convertibilidad concluía en convulsión económica, financiera y social; parecía un experimento fallido. Pero ahora, luego de los fracasos de las políticas económicas de los últimos 13 años, estamos discutiendo una versión recargada de pérdida de autonomía monetaria: la dolarización.
Simplificando, la discusión tiene tres dimensiones: factibilidad de corto plazo; conveniencia del sistema y evaluación política.
Factibilidad de dolarizar a corto plazo
La dolarización implica reemplazar los pesos por dólares. No sólo los billetes en circulación, también los depósitos a la vista y las obligaciones de corto plazo en pesos, que puedan convertirse rápidamente en efectivo, como depósitos a plazo fijo y títulos públicos.
A partir de la experiencia del fin de la Convertibilidad, sabemos que los depósitos en dólares en bancos argentinos (argendólares) necesitan tener respaldo en dólares para poder afrontar retiros masivos (no basta con decir “me los debe alguien que se comprometió a dármelos en el futuro”); y también sabemos que no se puede decir a la gente “no vas a poder retirar tu plata de los bancos por un tiempo” sin desatar un caos financiero, y de ahí una crisis económica y social. Ante una dolarización, sabiendo que los dólares son escasos, muchos depositantes dirían “muéstrame el dinero”. Y el Estado tiene muy pocos dólares propios para mostrar.
¿Cuántos dólares se necesitarían para implementar una dolarización sin un caos económico? Al menos, los necesarios para reemplazar una masa de efectivo y pasivos de corto plazo en pesos de 25 a 30 billones. El tipo de cambio promedio ponderado actual, (considerando todas las transacciones, incluyendo importaciones y exportaciones) no supera $300 por dólar; a ese tipo de cambio se necesitarían alrededor de 100 mil millones de dólares. Pero, si se dolariza al “blue” o al “contado con liqui”, se requerirían entre 50 y 60 mil millones de dólares. Algunos cálculos optimistas dicen que bastaría con 40 mil millones de dólares; pero, más allá de lo discutible de sus supuestos, lo que está claro es que el Banco Central no los tiene.
¿Entonces? Se ha propuesto obtenerlos emitiendo deuda neta del Gobierno Nacional (la que excluye obligaciones con organismos del propio sector público nacional). La deuda con el sector privado en moneda extranjera es de poco más de 90 mil millones de dólares a valor nominal; a valor de mercado, alrededor de 20 mil millones. Las paridades de los títulos públicos oscilan entre 20 y 25%, clara señal de que los inversores financieros creen que el Estado Argentino se encamina hacia un nuevo default. ¿Cómo prestarían, entonces, 40, 50 o 60 mil millones de dólares? ¿Es que, con el cambio de gobierno, dirán “ahora es otra cosa, pongamos aquí nuestro capital”? Creer eso se parece –aunque es aún más optimista– a la “lluvia de inversiones” (reales) en que se basó la política económica inicial del gobierno de Macri. Que, claramente, no ocurrió.
A fines de 2015, la deuda neta con el sector privado en moneda extranjera no superaba los 65 mil millones de dólares; a marzo de 2018 había crecido en poco menos de 60 mil millones, y eso fue suficiente para que el mercado le dejara de prestar. ¿Y ahora alguien estaría dispuesto a prestar decenas de miles de millones de dólares (más del doble que el valor de mercado de la deuda actual con el sector privado en moneda extranjera), sabiendo que, además, hay deudas con el FMI y otros organismos oficiales externos por más de 80 mil millones de dólares? No parece factible. El problema para los inversores no es la moneda del país, sino el riesgo de default, que aumenta si la deuda es mayor. Y, luego de la experiencia con el gobierno de Macri, eso está más claro que nunca.
¿Cómo se pudo implementar la Convertibilidad? Fue menos exigente que una dolarización, porque los pesos siguieron circulando, no hubo que reemplazarlos por dólares sino decir, en forma creíble, que se tenía los dólares para hacerlo si los tenedores de pesos quisieran. Pero, además, hubo previamente una hiperinflación que licuó los pesos en circulación, un Plan Bonex que transformó compulsivamente deudas de corto plazo en pesos a títulos de largo plazo en dólares, y un superávit comercial del orden del 7% del PBI durante dos años; todo esto llevó a que las reservas internacionales utilizables superaran en valor a los pasivos en pesos del Banco Central. ¿Se está dispuesto a hacer eso para llegar a una dolarización? Sería bueno saberlo.
En resumen, para dolarizar en uno o dos años, primero hay que provocar un caos económico y, en medio de él, un ajuste con consecuencias sociales terribles. Alguno dirá “ya estamos en un caos”. Tal vez no vivió la hiperinflación. Yo sí la viví. Es otra cosa.
Conveniencia de la dolarización
La Convertibilidad fue el ejemplo que tenemos a mano de un régimen que renunciaba a tener una política monetaria autónoma: los medios de pago en circulación dependían de los ingresos netos de divisas. Terminó en un claro fracaso: una espiral descendente de producción y consumo, un nivel de desocupación intolerable, retiros masivos de depósitos bancarios… La salida de la Convertibilidad logró frenar la crisis, al reacomodar los precios relativos y permitir inyectar a la economía el dinero que le estaba faltando. Los precios, luego de un salto inicial, tendieron a estabilizarse: durante un año y medio, desde octubre de 2002, la inflación fue 0,3% promedio mensual.
¿Por qué fracasó la Convertibilidad? Un motivo fue la falta de disciplina fiscal. El déficit dejó de pagarse con emisión monetaria, y pasó a financiarse con deuda. A medida que ésta aumentaba, también lo hacía el riesgo de prestarle al Estado Nacional, con lo cual el endeudamiento era a tasas cada vez mayores, realimentando el déficit. Cuando ya se hicieron evidentes los problemas, las expectativas de que el sistema no resistiría llevaron a salida de capitales, reducción de la cantidad de dinero (por el mecanismo de la Convertibilidad) y recesión. El Gobierno intentó reducir su déficit; pero era difícil cuando había estancamiento económico, tasas de interés crecientes y ausencia de inflación que licuara los gastos. Y la reducción del gasto público, en un contexto de expectativas negativas, profundizaba la recesión, contrayendo la recaudación fiscal e impidiendo que el déficit se redujera lo suficiente.
Por otro lado, en Convertibilidad, cuando ingresan capitales, la demanda de bienes y servicios sube, y con ella tienden a subir también tanto la actividad económica como los precios (el mismo efecto tendría la dolarización). Y, cuando salen los capitales, la demanda baja. Pero hay una asimetría, por la inflexibilidad a la baja de precios y salarios: cuando las empresas venden menos, tienden a disminuir su producción más que a bajar los precios. Entonces, cuando se van los dólares (lo que puede ocurrir por motivos ajenos al país, como la crisis en Rusia en 1998), hay recesión. Si los precios fueran flexibles, bajarían, mejorando la competitividad internacional, favoreciendo exportaciones y desalentando importaciones, lo que permitiría obtener los dólares requeridos para reanimar la economía. Pero entre mediados de 1998 y fines de 2001 los precios apenas bajaron 5%. El ajuste fue vía nivel de actividad: el PBI real bajó 16%.
Y los lazos productivos de Argentina con Estados Unidos (donde se define la política monetaria del dólar) no son muy grandes; en buena medida son economías competitivas. Si un país con moneda propia tiene escasez de divisas (por ejemplo, por una sequía), una devaluación lo lleva a comprar menos en el exterior y vender más, de modo de contrarrestar esa carencia. Sin moneda propia, no se puede hacer. En los últimos años de la Convertibilidad, el dólar se encareció frente a las demás monedas porque Estados Unidos atrajo capitales; y, debido al tipo de cambio fijo, también se encareció el peso, incentivando importaciones y desalentando exportaciones: justo lo último que necesitábamos. La renuncia a tener moneda propia puede ser menos riesgosa si hay una fuerte vinculación de nuestra economía con las otras que usan la misma moneda; caso de Grecia con el resto de la Zona Euro. Aun así, Grecia tuvo que hacer un ajuste muy fuerte para corregir su déficit externo sin devaluar: entre 2008 y 2013 su PBI disminuyó 26%.
¿La dolarización garantiza no tener estos problemas? No. Si un gobierno irresponsable logra que lo financien, incurrirá en déficit fiscal, ya que es más agradable y fácil subir el gasto o bajar los impuestos que hacer lo contrario. La clave es la responsabilidad fiscal: la dolarización cierra la fuente de la emisión monetaria, pero no la del endeudamiento. Ahora bien: si tenemos responsabilidad fiscal, el problema de la inflación se controlará, como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo, sin necesidad de renunciar a tener moneda nacional. Y mantendremos la capacidad de que la política monetaria y el tipo de cambio ayuden a restablecer equilibrios, sin necesidad de esperar una baja sustancial de precios nominales, que cuesta mucho lograr.
La cuestión política
Los defensores de la dolarización suelen reconocer que el problema de fondo no es monetario, sino fiscal; para dolarizar con éxito hay que lograr y mantener solvencia fiscal. Es lo mismo que hay que hacer para estabilizar el valor de la moneda propia. Pero ¿y entonces, para qué dolarizar? Porque, de esa manera, se evitaría que los gobiernos argentinos manejen la política monetaria; mejor dejarla en manos de las autoridades monetarias de Estados Unidos, que son más criteriosas. Argentina es incurable, tarde o temprano siempre cae en excesos, así que, cuanto más limitados estén sus gobiernos, mejor.
Desde la vereda de enfrente, se sostiene que los argentinos tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, en todos los aspectos, incluido el monetario. Y si se resigna algo de soberanía, debe ser a favor de un ente del cual formemos parte y donde tengamos voz y voto (por ejemplo, el Mercosur), no de un tercero que, para tomar sus decisiones, no nos tiene en cuenta. Más allá de conveniencias económicas, el nacionalismo es un sentimiento con bastante arraigo entre los argentinos.
Las opiniones son libres. Pero una dolarización, para prosperar, debería alcanzar un cierto consenso. La facultad de emitir moneda, por parte de “un banco federal” (el Banco Central) está consagrada en la Constitución; sin consenso, podría no ser posible suprimir esa facultad, lo cual es un requisito para dolarizar. De modo que un gobierno podría aceptar al dólar como moneda de curso legal, pero el siguiente podría revertirlo y volver a emitir moneda nacional, restableciéndola como única moneda de curso legal. Y, hoy por hoy, el consenso para dolarizar en forma sostenible no parece estar.
CC