Un fantasma recorre la Argentina: el fantasma de los servicios de inteligencia. Quienes simpatizan con las teorías conspirativas tienen una tierra fértil en nuestro país para justificar sus paranoias. Se puede narrar la historia argentina a partir de las operaciones que tuvieron como protagonista a una institución oscura: la Side (en sus distintas variantes o siglas). La única “mano invisible” realmente existente en este país fue la de los servicios de inteligencia, la del mercado te la debo. Si hurgás un poco más allá de la superficie de cualquier crisis política aparece un espía, un carpetazo o un complot.
Desde la escandalosa foto de Raúl Guglielminetti (el ex Triple A y verdugo de Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti”) junto a Raúl Alfonsín en los inicios de su gobierno (además de su “Side paralela”); pasando por escaramuzas “menores”, pero con el inconfundible sello de “La Casa”, como los destrozos en un local Modart en medio de un acto de la CGT en 1988; la participación en represiones tristemente célebres como la “recuperación” del cuartel de La Tablada con el temible Alejandro Brousson caminando entre los detenidos desparramados en el suelo con el fusil en la mano y al grito de “Yo soy Dios”; operaciones más sofisticadas (colonización internacional incluida) como el encubrimiento de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; pequeñas intrigas personales como las ventiladas a la prensa oficial sobre de Carlos “Chacho” Álvarez, previo a su renuncia a la vicepresidencia; participación en crímenes de Estado como los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda; acribillamientos cinematográficos como el que llevó adelante un escuadrón conjunto perteneciente al sector Narcotráfico y a la División Halcón de la Bonaerense en el que cayó asesinado Pedro “el Lauchón” Viale en 2013, en el marco de un ajuste de cuentas o las decenas de infiltraciones a organizaciones políticas, sociales o comunicacionales. Todo esto sin contar la fusión del aparato de espionaje con el Poder Judicial: no hay expediente relevante que no maride con una operación servicial.
– Yo saqué y puse presidentes, ni te imaginás lo fácil que puede ser– dice Oscar Ferreiro (encarnando a Lebonian, un capo de la Side) cuando responde a un incrédulo Diego Peretti en Tiempo de valientes de Damián Szifron. El personaje de Peretti (Mariano Silverstein, un psicoanalista enredado en una trama vidriosa) quería convencerlo de lo complicado que podía ser matarlos a él y a Alfredo Díaz (Luis Luque). La escena es la más verosímil de toda la película. Mito o realidad nadie se animaría a desmentir que la Side puede “poner o sacar presidentes”, desde el momento en el que se reveló otra leyenda: la primera carpeta que recibe un jefe de Estado cuando ingresa a la Casa Rosada es la que contiene su legajo personal meticulosamente confeccionado por los espías.
El atentado contra Cristina Kirchner y la telaraña de la investigación de los hechos tienen todos los condimentos de la participación servicial: abogados filántropos y vinculados a la oposición política que, casualmente, estuvieron entre los privilegiados con acceso a información de inteligencia por formar parte de la comisión de control parlamentario de los organismos; tres sumarios a la Policía Federal: por las deficiencias en la seguridad, por la pérdida de pruebas clave en el celular del atacante Fernando Sabag Montiel y por las “demoras” en las escuchas del teléfono móvil de su aliada Brenda Uliarte; y el jefe de la “banda de los copitos” que redacta como Balzac sus mensajes de Whatsapp y maneja todos los términos de la jerga servicial-judicial.
Cuando sucede algún acontecimiento con muchas zonas grises, preguntas sin respuestas, respuestas sin preguntas y no se sabe quién fue, se dice “fueron los servicios”. Y es probable que sea cierto, pero nunca son sólo los servicios
Cuando sucede algún acontecimiento con muchas zonas grises, preguntas sin respuestas, respuestas sin preguntas y no se sabe quién fue, se dice “fueron los servicios”. Y es probable que sea cierto, pero nunca son sólo los servicios.
La llamada judicialización de la política y el protagonismo de los espías se intensifican en momentos de crisis o debilidad política. Cuando se está empantanado en la orientación político-económica y se busca sacar “ventaja” o continuar la lucha política, pero por otros medios. La autonomía de los aparatos es directamente proporcional al agravamiento de las crisis.
Quienes sostienen la tesis del problema de los servicios como una “deuda de la democracia”, pasados casi cuarenta años, deberían revisar su juicio y pensar si en realidad no constituyen el “lado b” de un régimen político con demasiadas tramas ocultas. Un sistema en el que el parlamentarismo negro es moneda corriente y las dimensiones del secreto en las negociaciones políticas o corporativas son más amplias que la información pública y ni hablar que las decisiones verdaderamente democráticas. Entre otras cosas porque también son expresión de las guerras internas del Estado. De ese agujero negro en el poder real sacan la materia prima los aparatos de inteligencia para sus prácticas extorsivas e incluso, a veces, para operar con el dispositivo menos pensado: la verdad.
Siempre hubo internas entre los servicios como el intenso enfrentamiento entre los sectores de la llamada “Sala Patria” y el grupo “Estados Unidos” en la época de Carlos Menem, pero el problema adicional en la actualidad —dicen los que conocen el submundo— es que después de estallada la relación con el histórico Jaime Stiuso —cuyo personal fue parcialmente repuesto durante la administración Cambiemos— brotaron bandas que operan unas contra otras y rinden cuentas en distintas terminales. Una fractura múltiple del criptoestado produjo una proliferación de tribus, pequeños productores, microemprendimientos de la industria del secreto que, como en la economía, son tributarios de “grandes empresas”. Antes no era menos peligroso, pero existía un aparato centralizado que operaba hacia un lado u otro, hoy todo es más inorgánico de lo profundamente inorgánico que es ese universo por naturaleza.
Parece que la “crisis de representación” también afectó a los sótanos de la democracia.
Es la economía política
Pero, como se dijo, el protagonismo judicial-servicial tiene un contexto. La “luna de miel” con Sergio Massa al frente del ministerio de Economía va perdiendo color o entusiasmo. O eso parecieron indicar los tipos de cambio de los diferentes dólares paralelos que tuvieron una semana de alza constante y volvieron a atravesar la barrera psicológica de los 300 pesos, ensanchando nuevamente la brecha con el dólar oficial.
La “buena onda” del FMI tiene varias interpretaciones: una de ellas es la que considera que el “día D” tendrá lugar en diciembre con la nueva revisión porque en esta última etapa del año empezará “el ajuste en serio”, como si hasta ahora sólo hubiera sido un ensayo general.
El Indec dio a conocer los datos de empleo y el Gobierno presentó la buena noticia del descenso de la desocupación que se ubicó en el segundo trimestre del año en torno al 6,9%, la cifra más baja desde comienzos de 2016. Sin embargo, el mismo informe señaló que hubo un fuerte aumento del empleo no registrado que alcanzó el 37,8% de los asalariados, el valor más alto de los últimos siete años. Junto con los que trabajan por cuenta propia ya suman más de la mitad del universo laboral. Y tiene lugar una paradoja inédita para los parámetros históricos de la Argentina: una relativamente baja desocupación junto con un derrumbe de los salarios.
El informe reveló, además, que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $89.630, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el promedio equivale a $38.476
A estas cifras “ambivalentes” se le agregaron otras malas o muy malas para la mayoría de las personas. El mismo organismo difundió datos lapidarios sobre los ingresos: una familia compuesta por dos adultos y dos niños en el Gran Buenos Aires necesitó el mes pasado $119.757 para no caer bajo la línea de la pobreza. El 60% de los trabajadores percibió menos de $70.000 en el segundo trimestre del año, mientras que el 80% ganó menos de $100.000 en el mismo período. El informe reveló, además, que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $89.630, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el promedio equivale a $38.476.
Esta dinámica tiene lugar en un contexto más amplio: en el período que va de 2016 a 2021 los asalariados perdieron $ 7,7 billones que equivalen a U$S 70.000 millones (a diciembre del 2021) que representan el 19,5 % del valor agregado promedio en esos seis años, según un informe reciente de CIFRA-FLACSO.
En este escenario “desentona” (por la anuencia de la mayoría de las direcciones sindicales) el conflicto que tiene paralizada a la industria del neumático, cuyos trabajadores se niegan a la “norma” de que los asalariados pierdan contra la inflación y paguen los costos del “plan de estabilización”. Al paro por tiempo indeterminado, los bloqueos y la movilización al Ministerio de Trabajo, empresas como Bridgestone y Pirelli respondieron con el “cierre de sus operaciones” en un conflicto transformado en testigo.
Por acá pasa una agenda que tiene menos “grieta”, pero es la generadora de un extendido malestar con la representación política, con la democracia y con todo lo demás también.
En el período que va de 2016 a 2021 los asalariados perdieron $ 7,7 billones que equivalen a U$S 70.000 millones (a diciembre del 2021) que representan el 19,5 % del valor agregado promedio en esos seis años
Politicismo hardcore
Sin embargo, en la Argentina parece que los debates siempre empiezan de cero y que la discusión se inicia cuando uno ingresa en la escena. Los “riesgos de la democracia” son el nuevo mantra que, objetivamente, encubre la cuestión social. Sin embargo, desde sus orígenes este debate estuvo presente. En un texto publicado en la compilación Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal (Siglo XXI, 2011), Alfredo Pucciarelli analiza la temprana crisis de la promesa democrática del alfonsinismo y critica la respuesta “politicista” que los radicales dieron a la cuestión con una perspectiva en la que “el individuo reemplaza al sujeto; el conglomerado, a la clase social; y la percepción directa de la desigualdad obstruye la posibilidad de descubrir la naturaleza de las relaciones de explotación, de dominación y de poder. De ese modo, el trabajo político se funda en consideraciones éticas, culturales o políticas y los antagonismos sociales fundamentales son desestimados o mal traducidos, subordinados y desplazados al ámbito de la lucha político-institucional. Esa es la raíz de la orientación ‘politicista’ e ‘institucionalista’ que el partido y el gobierno de la UCR imprimieron a los complejos problemas sociales causados por la declinación de un régimen social de acumulación en proceso de descomposición. Se fueron concentrando y especializando casi exclusivamente en las cuestiones propias de la administración de las instituciones y de la consolidación de las rutinas democráticas, y dejaron de percibir o, lo que es peor, de jerarquizar e intentar solucionar la enorme acumulación de conflictos sociales generados a partir de la descomposición del sistema económico.”
La agenda sobre un abstracto “pacto democrático” y la más concreta reforma de la Corte Suprema que puso sobre la mesa el oficialismo, tuvo media sanción en el Senado y amenaza con estancarse en Diputados, tienen un aroma a ese alfonsinismo tardío y sus “rutinas democráticas” en el medio de un vendaval económico social.
CC