Las guerras judiciales en tiempos de Milei

Existe una discusión jurídica y política sobre los límites del derecho a la protesta. Hay dos bibliotecas en los tribunales, como en todas, pero ninguna aceptaría un protocolo como el de Patricia Bullrich que se arroga facultades legislativas y judiciales. También hay dos varas en los medios de comunicación. Cuando se movilizan sectores medios y altos –corten o no las calles– es una protesta legítima, cuando se movilizan “los peores” –pobres y obreros– es un delito, y salvo algunos periodistas, la mayoría reclama como el emérito diputado libertino Espert, “cárcel o bala”. Hay muchos enfoques en relación a las formas más extremas de pobreza e injusticia social, pero hace mucho no se escuchaban violencias como “vas al parador o te vas de la ciudad”, casi una apología a quemar personas en situación de calle que no acepten ninguna de las opciones.

Muchos hemos sido encausados o encarcelados por ejercer el derecho a la protesta. La policía usó distintas figuras, sobre todo resistencia a la autoridad. En general fueron periodos breves de detención y las causas penales se cayeron antes de la indagatoria. El suscrito, detenido varias veces y encausado muchas otras, nunca fue citado a una indagatoria. Nosotros llevamos esas detenciones, denuncias e imputaciones como cucardas porque siempre fue por estar del lado de los descartados y oprimidos. 

En la actualidad, además de criminalizar la protesta, la ofensiva de Milei contra cualquier organización comunitaria tiene un sentido más profundo. El objetivo del poder –no sólo del gobierno– es la destrucción de las propias organizaciones. La estrategia la trazó Sturzenegger en su conferencia de Harvard: “Hay que empobrecer a los grupos de interés”. Por supuesto, no se refería ni a la Sociedad Rural, ni a la AmCham, ni a la AEA. Cualquier expresión del pueblo organizado es un grupo de interés. En el fondo, lo que se busca destruir es cualquier forma de socialización de cercanía que rompa el vínculo alienante entre el individuo aislado y el mercado globalizado. 

Para destruir los movimientos sociales, el gobierno de Milei apunta a eliminar todas las políticas públicas populares. Con la narrativa de “eliminar la intermediación” y a “los gerentes de la pobreza”,  se elimina la política positiva para el pueblo en su conjunto, cumpliendo la doble función de contribuir al ajuste fiscal contra los pobres y aplastar al “enemigo interno”. Lo mismo sucede con las universidades públicas, gratuitas y cogobernar o el complejo científico-tecnológico que no se subordina al oscurantismo libertino. Con la excusa de ñoquis y curros, buscan destruir el mayor capital que tiene nuestra sociedad: por abajo, altos niveles de “capital organizativo”; por arriba, sus altos niveles de “capital intelectual”.  

Esta estrategia a veces incluye mecanismos de guerra judicial. Me tocó estas últimas semanas una andanada de denuncias mediáticas que se convertían en judiciales para retroalimentar los mismos medios que iniciaron la denuncia con la infantería de trolls y figuras del libertarianismo twittero. 

Me tomé el tiempo de ver cada una de las causas. Se denuncian hechos inexistentes, con los que además, no tengo ninguna vinculación fáctica o jurídica. La conducta que se me reprocha es pertenecer a una organización que formó cuadros de gestión de origen villero y fundó cooperativas de trabajo en los barrios populares, pertenecer a un partido que promovió funcionarios y contribuyó a la sanción de leyes. Así, por el mero hecho de detentar cierto liderazgo político o pertenecer a determinada organización social, soy automáticamente responsable de la conducta de  cientos de miles de personas, me beneficio  de las tareas que realizan ciertas cooperativas, me apropio de inmuebles asignados a algún proyecto social.  

Se trata de una aplicación generalizada del principio de dominio del acto por mera asociación y la inversión permanente de la carga de la prueba. Haciendo una analogía, sería similar a responsabilizar a Mauricio Macri como presidente del PRO por hechos reales con condenas firmas como la participación del fallecido intendente cambiemita Sergio Varisco en una banda de narcos o de hechos ficticios como su responsabilidad en supuestos desfalcos en la Secretaría de Integración Urbana por haber designado a su primer responsable. Desde luego, estas tropelías jurídicas y narrativa, parecen recaer sobre un sólo lado de la grieta. Nada nuevo bajo el sol.

Para buscar la verdad y responder con solidez, es importante realizar un análisis lógico, desentrañando las falacias argumentativas de los inquisidores. Es dar la batalla cultural desde el pensamiento riguroso, sin entrar exclusivamente en el inevitable y lamentable intercambio de chicanas y descalificaciones a los que nos arrastran los tiempos. Los sofistas de siempre, con ese cancherismo pragmático del político picarón, buscan manipular a partir de argumentos maliciosos, distorsivos y amañados… Nosotros queremos, como Platón y Aristoteles, como amantes del conocimiento, luchar por lo bueno, lo bello y lo verdadero. 

Paso a enumerar, entonces, algunas de estas falacias. 

Hasta ahora, así las cosas. Argumentos falaces en los medios, falsas denuncias en la justicia, nuevos titulares, ningún llamado a indagatoria. Hasta dónde van a llegar, no lo sé ni me preocupa. Me pueden dar vuelta como una media, no van a encontrar un peso que no me corresponde. Tengo una confianza plena en la calidad ética de las personas –en particular, las personas que vienen de contextos de exclusión y pobreza– que colectivamente promovimos, visibilizamos y finalmente asumieron una responsabilidad en el ejecutivo o el legislativo. Estamos orgullosos de ellas y ellos. Estamos orgullosos de haber impulsado políticas públicas y participación ciudadana para la formación de miles de cooperativas que crearon o dignificaron cientos de miles de puestos de trabajo gracias a la ley de economía popular y salario social complementario, estamos orgulloso de haber impulsado la sanción de la ley de barrios populares y la asignación específica del impuesto a las grandes fortunas y el impuesto país.

 Ojalá algún día se pueda conocer todo el bien que se hizo. Mientras tanto, frente en alto, templanza y esperanza. 

JG/DTC