Hay que explicarle al gobernador de Salta para qué sirve esta Ley de Bosques

“¿De qué nos sirve esta Ley de Bosques?”. Con esa pregunta, el gobernador de Salta, Gustavo Adolfo Ruperto Sáenz, anunció el envío a la Legislatura provincial de un proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el cual propone habilitar desmontes en zonas protegidas por la actual legislación.

De esta manera arbitraria, pretende dotar de impunidad a los desmontadores para avanzar sobre 700.000 hectáreas de bosques, cuya ubicación real no se define en el camaleónico mapa propuesto.

El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta permitirá el desmonte de esas 700.000 hectáreas, una superficie excesiva, teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y el hecho de que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow (2022) un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.

Con esta propuesta el gobernador Saénz ignora este compromiso asumido e ignora también que la Unión Europea (UE) busca evitar la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas. En medio de una crisis climática y de biodiversidad, pretende habilitar el desmonte “legal” de 100.000 hectáreas por año.

La zonificación propuesta vulnera el principio de no regresión ambiental, ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I (rojo) y II (amarillo), algo prohibido por la normativa nacional. Pero, además, esta zonificación se presenta como transitoria o flexible. Esto significa que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar, sino que deja esta decisión a total arbitrio del Poder Ejecutivo provincial e impide el control de los desmontes ilegales por parte de la sociedad. 

Ayer, cuando el gobernador Sáenz anunció el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial, lo hizo poniendo a la Ley de Bosques como rehén y responsable de la pobreza en Salta; una mentira que no resiste el mínimo análisis. Si deforestar nuestros bosques fuera el camino para erradicar la pobreza, Argentina habría solucionado su pobreza estructural hace décadas. Según datos oficiales, desde fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.

La Ley de Bosques sirvió y sirve para defender nuestros bosques, ya que desde su sanción disminuyó la cantidad de hectáreas que se desmontaban año tras año, pero eso no es suficiente ante una realidad de crisis climática cada vez más extrema.

Esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques, al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia. Desde el Conicet, se elaboró este año el mapa de áreas prioritarias a conservar en la región chaqueña, para garantizar la supervivencia de esta especie única -POCY, Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté-, con el fin de ser tenido en cuenta en los ordenamientos, lo cual no ha sucedido.

Por último, pero no menos importante, la Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por otra norma: la Ley 26.160. Pero en Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Tampoco se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

En Salta, hay comunidades indígenas, cuya supervivencia se desarrolla en el monte. Muchas de estas comunidades tienen su sustento, cultura y espiritualidad ligados al monte, son los poseedores originarios -lo mismo que los pequeños productores- y son invisibilizados al momento de avanzar con la “producción dominante”. En Salta, hay pueblos como los Weenayek, que no han sido reconocidos por el gobierno y como muchos otros, sus vidas coinciden con la de los últimos relictos de bosques, hoy amenazados.

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad. Sociedad, entendemos, somos todos. La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los crímenes forestales, no para validarlos.

*Noemí Cruz es la coordinadora de la Campaña de Bosques - Greenpeace Andino.