El pasado 1° de noviembre, en vísperas de la 33° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, realizamos una conferencia de prensa para comunicar que 13 de nosotras, mujeres trans mayores de 50 años, en representación de todas las que hemos sido hostigadas por el Estado durante nuestras infancias y adolescencias, firmamos y presentamos una acción de amparo para denunciar la violencia institucional que recibimos, específicamente por parte de las fuerzas policiales y en conexión directa con el Estado.
Con el acompañamiento del Archivo de la Memoria Trans y del Centro de Estudios Legales y Sociales, presentamos nuestros legajos policiales rescatados: las pruebas determinantes para evidenciar la persecución. No son antecedentes por causas penales ni mucho menos, si no el registro de una época en que los edictos policiales estaban confeccionados para detenernos injustamente. Es importantísimo haber expuesto esta documentación; no solo llevamos ya varios años contando y preservando nuestras historias y testimonios, sino que ahora sumamos aquellas fichas institucionales que denotan oficialmente nuestras experiencias como minoría violentada. Con leer, en estos antecedentes, los términos en que se nos encasillaba, tanto a nosotras como a los motivos por los que nos encerraban, está clarísimo: “uñas largas”, “pelo largo”, “vestimenta no adecuada al sexo”, “incitación al acto carnal”, “amorales”... Nos encerraban, simplemente, por ser.
Durante la conferencia de prensa, las paredes del Cels quedaron cubiertas, repletas de papeles impresos, legajos que pertenecían únicamente a una de nosotras; ni siquiera eran todos. En una época en que incluso niñas y adolescentes eran encerradas en lo que llamaban “reformatorios”, nuestras detenciones fueron constantes, violentas y, por sobre todas las cosas, injustas. Por eso es que esta acción de amparo busca construir, por fin, una justicia. Memoria y verdad, como ya dije, siempre tuvimos: cuidamos nuestra historia con toda la fuerza y el amor que tenemos; pero hoy toca un reconocimiento por parte del Estado en cuanto a sus errores. Toca que las sobrevivientes de esta represión podamos vivir una vejez digna y contenida.
El 8 de diciembre de 2004, después de presentar estas mismas pruebas ante la corte de inmigración de los Estados Unidos (país en el que estaba exiliada), logré obtener el asilo político, ante el reconocimiento de mi persecución. Hoy, presento mis testimonios en mi país de origen y junto a los de mis compañeras, reconociéndonos entre nosotras de manera colectiva. Espero que este pedido tenga respuesta, que se reconozca la violencia estructural e institucional que recibimos, y que lo amparado por la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones pueda extenderse para brindarnos justicia y protección. Eso es solo el comienzo.
Quienes me acompañaron en la firma de la acción de amparo:
Lara María Bertolini (Diversidad y Justicia)
Marcela Ángela Saibek (independiente)
Andrea Soledad Vargas (independiente)
Candela Nicolosi (independiente)
Nicole Valentina Chavez (Trans Argentinas Exiliadas —TAE—)
Romina Campo (TAE)
Paula Ezkerra Rodríguez (TAE)
Wanda Eliana Galeano (Biblioteca Claudia Pia Baudracco)
Ivana Tintilay (Puta Orgullosa)
Alma Rosacintia Agüero (independiente)
Patricia Alexandra Rivas (Históricas Argentinas Sobrevivientes)
Dalia Silvana Álvarez Valverde (independiente)