El 8 de marzo es el día con mayor contenido económico de la agenda feminista. Es el día en que nos reconocemos y nos posicionamos como trabajadoras. El día que afirmamos que la deuda es con nosotres. El día que exigimos igual remuneración por igual trabajo. Por eso, en un contexto particularmente hostil –desde los extraños, pero también desde los propios– nos proponemos una vez más poner sobre la mesa las desigualdades que nos atraviesan en función del género, y alertar acerca de las consecuencias económicas del modelo impuesto a partir del 10 de diciembre: no es cierto que la crisis pesa sobre todas y todos por igual; las crisis también tienen sesgos de género.
Primero, es preciso repasar los números de la desigualdad, actualmente desmentidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Paradójicamente, el mismo año que una mujer ganó el Premio Nobel de Economía por sus estudios académicos sobre las brechas de género, en Argentina ganó las elecciones presidenciales un candidato que afirmaba la inexistencia de dichas desigualdades.
Si nos centramos en analizar el mercado laboral, sólo 1 de cada 3 personas que trabajan en el sector privado de manera registrada en Argentina son mujeres. Su inserción se da en sectores tradicionalmente feminizados, muy ligados al cuidado: son el 74% de las trabajadoras de la educación, son el 72% del sector salud y son el 97% de las trabajadoras de casas particulares. En el otro extremo, representan sólo el 7% de la construcción y el 12% del sector minero. Las mujeres estamos sobrerrepresentadas en actividades económicas con menores sueldos.
Si analizamos la Encuesta Permanente de Hogares al tercer trimestre de 2023 por género, mientras que 5 de cada 10 mujeres mayores de 14 años trabaja de manera remunerada, los varones son 7 de cada 10. Mientras que 6 de cada 100 mujeres que buscan trabajo no lo encuentran, el número se reduce a 5 en el caso de los varones. Y cuando conseguimos, la tasa de informalidad es un punto y medio más que la de los varones. Esta menor y peor inserción laboral, analizada junto con los sectores de actividad en los que trabajan y la jerarquía de los puestos que ocupan, explica por qué las mujeres seguimos percibiendo entre un 22 y un 26% menos de ingresos. Esta brecha salarial es suavizada cuando se trata de trabajos registrados (16%).
¿Alcanza con este panorama para dar cuenta de la desigualdad? No, falta la raíz: el origen de las desigualdades laborales no es otro que la desigual distribución de trabajo no remunerado. Las mujeres dedicamos prácticamente el doble de horas diarias a las tareas de cuidado, y el ratio empeora si hay niñas/os o si hay necesidades básicas insatisfechas en el hogar. Esta dedicación condiciona la inserción laboral remunerada, y con ello el acceso a ingresos.
Como consecuencia, cuando dividimos en 10 (en deciles) a la población total de Argentina en función de sus ingresos, no debe sorprendernos que representamos el 63% del decil de menores ingresos, y sólo el 37% del decil de mayores a ingresos. Por eso es que desde el feminismo hablamos de feminización de la pobreza, y su contracara, la masculinización de la riqueza. La brecha patrimonial también tiene números: poseemos sólo el 29% de los bienes que tributan el Impuesto a los Bienes Personales y el 24% de los ingresos que tributan el Impuesto a las Ganancias.
Ante estas desigualdades, ¿qué se hace desde el Estado Nacional? Negarlas y dejarlas a merced de la “libertad del mercado”. Mientras la Administración Pública Nacional destinó en el primer bimestre del año la mitad de sus gastos a “servicios de la deuda”, a las mujeres e identidades LGTBI+ nos dicen “no hay plata”.
No hay plata para subir la jubilación mínima; que cobran mayormente mujeres que trabajaron toda su vida, accedieron gracias a una moratoria previsional (el 78% de las jubiladas accedieron vía moratoria), y hoy ven mermados en un 20% el poder adquisitivo de su haber.
No hay plata para sostener los comedores comunitarios; que mayormente están a cargo de mujeres que todos los días garantizan comida en sus barrios. No hay plata para el Programa 1000 días, cuya ejecución cayó a febrero 74% en términos reales interanuales. No hay plata para tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, que se redujeron 92%.
No hay plata para ESI, para víctimas de trata, para ayuda urgente para travestis y trans ni para construir centros territoriales para el abordaje integral de la violencia de género, jardines maternales y centros de desarrollo infantil: todas partidas con 0% de ejecución presupuestaria en 2024.
No hay plata para el Programa Acompañar, que apoya económica e integralmente a las mujeres y LGTBI+ en contextos de violencia de género. Desde la asunción del nuevo gobierno no se ingresaron nuevas altas, y el monto del programa, asociado al Salario Mínimo Vital y Móvil, fue congelado en enero y aumentado marginalmente en febrero y marzo, ocasionando una pérdida de poder de compra del 30% en sólo tres meses.
No hay plata para mejorar el poder adquisitivo del Potenciar Trabajo, cuyas beneficiarias son 63% mujeres. Su monto fue congelado (por ende, perdió prácticamente un 50% de su poder adquisitivo) y el programa desmantelado, sin mayores precisiones sobre su reemplazo.
No hay plata para el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el 12% promedio del sueldo de docentes, que en un 77% son mujeres.
No hay plata para el Programa Registradas, creado para promover la registración de las trabajadoras de casas particulares, que en un 97% son mujeres, y cuyo valor hora cayó 30 puntos en poder adquisitivo.
Por eso hoy el feminismo se moviliza y para. Porque desde el 10 de diciembre no sólo se eliminó el Ministerio reduciendolo a Subsecretaría, no sólo se opone el partido gobernante al aborto y al lenguaje inclusivo: instalaron un modelo económico que nos deja afuera y nos empobrece.
CB/DTC