Este 17 de agosto se realizó una audiencia pública en Sierra Grande, Río Negro, mediante la cual las autoridades provinciales pretenden que se imponga la aprobación de la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur y una terminal petrolera, en el Golfo San Matías, a costa de los daños ambientales y sociales que esta generará.
En este contexto, el 28 de agosto se cumplen 10 años del acuerdo entre YPF y Chevron, el cual habilitaba la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén. Esta aprobación se daba sin tener detallado los términos del acuerdo en sí y bajo promesas económicas que hasta el día de hoy fueron incumplidas.
Falsas promesas
Entre 2012 y 2013 los impulsores de la explotación de la formación de Vaca Muerta mediante el fracking prometían autoabastecimiento, soberanía energética, desarrollo tecnológico, salida de la pobreza para Neuquén, resolución de la falta recurrente de dólares en Argentina. Sin embargo, lo cierto es que el sector energético no sólo no contribuyó a la resolución de la restricción externa de divisas, sino que la profundizó, siendo las empresas que operan en Vaca Muerta algunas de las principales en explicar la salida de dólares de la Argentina, mientras la realidad socioeconómica neuquina dista de haber mejorado.
Diez años después las promesas del oleoducto son exactamente las mismas, con el agregado de que ahora Vaca Muerta viene a ser “clave para la transición energética”.
Oleoducto: trámite exprés, irregularidades y falta de transparencia
Las costas del Golfo San Matías, dónde se planea construir el oleoducto y la terminal petrolera, era un área natural legalmente protegida. Hasta que el 9 de septiembre de 2022, la Legislatura Rionegrina, a puertas cerradas y en tiempo récord, aprobó la sanción de la Ley 5.594.
Esta ley, reforma la anterior Ley 3.308, que tenía un amplio apoyo popular y otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo, y levanta la prohibición de instalación de gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, las cuales constituyen actividades altamente contaminantes que pondrían en riesgo a toda la biodiversidad circundante. La nueva Ley 5.594 implica la vulneración del principio de no regresión previsto en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Ley 27.566.
En este sentido, la audiencia convocada para el 17 de agosto en Sierra Grande para analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto del oleoducto y la terminal Vaca Muerta Sur, presentado por la empresa YPF, también vulnera el Acuerdo de Escazú al limitar fuertemente el derecho de acceso a la participación pública en asuntos ambientales y obstaculizar el debate integral y robusto que amerita los impactos ambientales de este proyecto. Hay una fuerte oposición al proyecto por parte de movimientos ambientalistas, vecinos y las comunidades mapuches tehuelches de la zona y por las restricciones que enfrentan en el acceso a la audiencia y a la documentación presentada por YPF en torno al estudio de impacto ambiental, las cuales vician el proceso democrático.
El EIA presentado por la empresa proponente es un documento escaneado de 4.250 páginas poco legibles y de difícil acceso, dada las dificultades asociadas a su descarga online. Además, la participación en la audiencia, que fue presencial en la ciudad de Sierra Grande, ha sido restringida exclusivamente a personas con residencia en Río Negro cuando este megaproyecto incluye y perjudicaría a los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut y sus impactos repercutirían también en otras provincias en caso de accidentes, derrames y siniestros.
Daño a la biodiversidad
Las costas del Golfo San Matías y la Península Valdés son importantes enclaves de biodiversidad. El Golfo San Matías, en conjunto al Golfo San José y al Golfo Nuevo (estos dos últimos forman parte de Península Valdés), conforman una biorregión llamada Golfos Norpatagónicos y puede ser considerada una unidad ecológica independiente por su configuración, que limita el intercambio con aguas exteriores y le confiere características distintivas de su entorno.
Esta biorregión se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. El avance de dicho proyecto impactará de forma negativa en toda su biodiversidad, como consecuencia de los potenciales derrames de hidrocarburos, el incremento del tráfico marítimo, el impacto acústico y el aumento en la probabilidad de colisiones de los buques petroleros con las diversas especies.
Además, dicho proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: Parque Nacional Islote Lobos, Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, Reserva Caleta de Los Loros.
Cabe resaltar que Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.
Un proyecto antieconómico
Los fósiles y Vaca Muerta no son rentables, ya que la extracción requiere de elevados costos de producción y la vida útil de los pozos es corta, por lo que es necesario fracturar de manera permanente. Este proceso requiere usar grandes cantidades de agua, arenas y químicos, lo que genera altos niveles de contaminación. Además, la explotación de Vaca Muerta es sostenida mediante subsidios estatales a las empresas y acceso a dólares más baratos que terminan por ser subsidiados por todo el pueblo argentino.
Fernando Cabrera, coordinador del Observatorio Petrolero Sur, explicó en su artículo en la revista Pulso Ambiental que, si bien un pozo de fracking tiene un alto rendimiento en los primeros meses de su explotación, al año ya rinde la mitad y la caída continúa en forma drástica. Entonces, los resultados exitosos se sostienen únicamente a fuerza de perforaciones y fracturas permanentes.
Además, este proyecto implica un riesgo muy grande sobre la destrucción de los puestos de trabajo en las comunidades costeras locales que viven del turismo y la pesca por la contaminación que podrían provocar los potenciales derrames de petróleo y la actividad costera de buques petroleros en el puerto.
ED