Política sanitaria o caranchismo político

En los últimos días se ha planteado con virulencia creciente un llamado a la resistencia civil a la orden del Gobierno Nacional de suspender la presencialidad en las escuelas en el AMBA. La absurda e irresponsable actitud liderada por el jefe de Gobierno de la CABA pone a los habitantes de la Ciudad en un conflicto de decisión ilegal y peligroso, teniendo en cuenta la desinformación o, peor aún, la información sesgada y/o malintencionada que se baja desde la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos que fogonean la desobediencia al DNU presidencial.

La confusión que así se genera en las familias sobre si deben o no enviar a sus hijos a la escuela, se basa fundamentalmente en cuatro conceptos deliberadamente tergiversados y/o mal informados:

1. No hay riesgo para los niños:

Falso. Los niños SÍ se contagian. Y si bien el porcentaje de los niños contagiados es menor que la población general, y la mayoría de ellos cursan la enfermedad en forma asintomática u oligo sintomática, hay casos moderados y graves que requieren internación, terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica y algunos no consiguen sobrellevar la enfermedad y mueren. Por otra parte, existen abundantes publicaciones que dan cuenta de las secuelas neurológicas, cardíacas, vasculares y otras como resultado de la infección por Covid en niños, complicaciones que pueden aparecer varias semanas después de haber cursado la enfermedad.

2. Los niños no transmiten la enfermedad

Falso. Los niños son transmisores de la enfermedad. Adicionalmente, por la misma razón de cursar la infección en forma asintomática, el riesgo de transmisión de la enfermedad a otros componentes de su familia, compañeros y docentes se potencia.

3. Las escuelas no son focos de infección

 Si bien con el cumplimiento de rigurosos protocolos de protección las escuelas no se revelan como uno de los lugares de mayor posibilidad de contagio, dicha circunstancia depende en forma casi exclusiva del respeto a rajatabla de los protocolos por parte de niños, docentes y auxiliares, y obliga a estos dos últimos a adicionar a sus tareas pedagógicas el control estricto de los mismos, cosa que a nadie escapa que es muy difícil de lograr. Por las mismas razones explicitadas en el punto 2, el contagio entre niños y con los adultos es posible, máxime cuando los docentes van de burbuja en burbuja. Por esa razón TODOS los países que muestran alta circulación viral comunitaria (aún muy inferior a la que muestra la CABA) han suspendido clases presenciales por tiempos variables.

4. La apertura de las escuelas no aumenta la circulación de gente

Falso. Todas las estadísticas muestran que la apertura de las escuelas va acompañada de un aumento notable de la circulación de gente, congestión en el transporte público, aglomeraciones y reuniones sociales para-escolares y, con ello, el consecuente aumento de contagios. A eso debe sumarse, una vez más, la circulación de un grupo etario que, como se explicitó anteriormente, cursa la infección en forma asintomática y, por lo tanto, las posibilidades de contagio de terceras personas es mayor por falta de diagnóstico y aislamiento.

Nadie en su sano juicio y en el conocimiento cabal de la realidad actual mandaría a sus hijes a una actividad de riesgo de contagio y de transmisión de esta enfermedad a adultos que pueden enfermar y morir. La resistencia de los gremios docentes y de grupos de padres y madres bien informados a enviar a sus hijes a la escuela a pesar de las presiones del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires así lo demuestra, y ha llevado a discusiones acaloradas y peleas entre los propios padres y madres de las escuelas, complejizando aún más el problema, al confundir la necesidad de defender la vida (que no tiene repuesto) con una cuestión de educación (para la cual existen alternativas).

En síntesis, la actitud irresponsable de mantener abiertas las escuelas en áreas de alta circulación comunitaria (como lo es el AMBA en estos momentos), con presencia de nuevas cepas más contagiosas y letales, y la intención de hacerlo judicializando medidas de cuidado emanadas de la Autoridad Sanitaria Nacional, muestra la clara intención de hacer política con la salud en lugar de respetar y hacer cumplir los lineamientos que marca una correcta política sanitaria.