Bajo la regla del déficit cero, en una reedición acentuada del 2001, Milei presentó un presupuesto con una premisa: primero se paga la deuda, después están los derechos de argentinas y argentinos.
Desde la “presentación del presupuesto” de Milei el domingo pasado, se ha hecho mucho hincapié en las proyecciones macroeconómicas que se encuentran en el documento: inflación en lo que resta de 2024 de 1,2% (muy por debajo de las estimaciones del mercado, que no bajan de 3%), en todo 2025 de 1,4% mensual (18,3% anual), y un dólar moviéndose a ese mismo ritmo, llegando a $1.207 en diciembre de 2025. Pareciera más una expresión de deseo, pero aún así siembra dudas sobre la eventual salida del cepo antes de las elecciones del año que viene.
Sin embargo, hay algunos elementos del presupuesto que merecen ser puestos en discusión. ¿Qué implica el “blindaje fiscal” que se propone? Autorizar al Poder Ejecutivo a que asigne recursos de manera discrecional con el único objetivo de alcanzar el equilibrio o superávit financiero. Es un cheque en blanco para que recorte (aún más de lo que ya está estimado en el propio presupuesto) fondos para salud, educación, seguridad, y los destine a pagar la deuda pública, sin pasar por el Congreso.
Otra arista para destacar se vincula con las asignaciones familiares. Actualmente, las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad y la AUH, entre otras previstas en la Ley 24.714, que perciben tanto trabajadores registrados como no registrados, se actualizan automáticamente en función de la fórmula previsional. Lo mismo sucede con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determina el cobro (o no) de la asignación. A junio de 2024, estamos hablando de 8,9 millones de asignaciones. En el proyecto de presupuesto, se elimina la movilidad: los aumentos van a quedar a discreción del Ejecutivo, del mismo modo que el rango de ingresos. Por ende, con un mero congelamiento, se licuaría el poder adquisitivo de la asignación y bajaría progresivamente la cantidad de trabajadores que la perciben.
Un tercer punto a señalar es que a través del presupuesto 2025, se suspenden una serie de leyes que estipulaban los montos mínimos que el Estado debe invertir en áreas consideradas prioritarias: ciencia y técnica, educación, educación técnica y defensa, oponiéndose así a un proyecto de desarrollo nacional. No sólo se reducen las partidas de todas estas áreas, sino que podrían ajustarse más aún si el Ejecutivo así lo decidiera.
Además, el proyecto intenta nuevamente (ya lo hizo en la primera versión de la ley ómnibus pero no contó con el aval del Congreso) otorgarle al Ministerio de Economía la posibilidad de renegociar la deuda sin cumplir con la Ley de Administración Financiera, que establece que en una operación de ese tipo, deben mejorarse 2 de 3 variables: tasa, plazo y/o capital. Darle un cheque en blanco a Caputo en esta materia constituye un riesgo que la política argentina no debería tomar.
En suma, el presupuesto 2025 contiene mucho más que una estimación de recursos y gastos para el año siguiente: involucra una amplia delegación de facultades al Ejecutivo para que disponga de los fondos públicos de manera discrecional y deja supeditada todas las funciones del Estado en virtud de pagar la deuda pública. Esta propuesta no resulta para nada innovadora: en julio de 2001 se sancionó una “ley de déficit cero”. No es de extrañar entonces que muchos de los artífices de esa experiencia, hoy tengan lugares relevantes en el gabinete. Lo que sí es extraño es que intenten nuevamente algo que ya fracasó.
Aún así, vale la pena detenerse en el ajuste que el gobierno prevé en áreas muy sensibles. En materia de salud, el Estado Nacional destinará 14% menos de recursos que en 2023 para el programa de medicamentos y 47,5% menos para el Instituto Nacional del Cáncer. Para las Universidades Nacionales, se sostiene el nivel presupuestario de 2024, esto es, 34% menos que en 2023.
Para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se prevén mayores recortes que en 2024: 40% menos que en 2023. Lo mismo ocurre para el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), dos organismos clave para el desarrollo tecnológico: 43% y 38% menos de recursos que en 2023 respectivamente.
Por último, pese a que el gobierno asegura que los fondos para las jubilaciones están garantizados, resultan 10% menos que en 2023 (aunque 3% más que en 2024) pero con un dato muy alarmante: la partida que cubría los adicionales para la mínima prácticamente desaparece (-99,9%), lo cual hace sospechar que a partir de 2025, se eliminará el bono de $70.000. Para quienes perciben la mínima, esto implicaría perder el 23% de su haber.
El gasto continúa ajustándose, a las mayorías se les sigue pidiendo sacrificios y el plan económico y de desarrollo para la Argentina brilla por su ausencia.
CB/DTC