El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, oyó inmutable la advertencia de la radical Danya Tavela, una de las impulsoras del proyecto de ley de financiamiento universitario que esta semana apuesta a convertir en ley el Senado y que Javier Milei anticipó que también vetará totalmente, como ordenó hacerlo con la recomposición de las jubilaciones. Fue semanas atrás, antes de que el proyecto obtuviera media sanción con apoyos peronistas, provinciales y hasta del PRO.
―Ya te ahorraste un montón de guita, Carlos. Más de 700 mil millones de pesos. Ahora con poner 250 mil millones hasta fin de año te evitás un quilombo grande―lo aconsejó Tavela, que piloteó las negociaciones con los gremios universitarios durante toda la gestión de Mauricio Macri.
―No me ahorré nada. Es plata que no teníamos ―respondió el hombre del CEMA que puso Caputo a cuidar la caja.
―Lo que quieras, pero de acá a fin de año es poca plata. Así no puede funcionar más ninguna universidad.
―¿Y esos 250 mil millones para qué los usarían?
―Para enganchar los sueldos de todos los gremios a la paritaria de UPCN. Son 100 mil millones por aplicarla de septiembre a diciembre y 150 ó 160 mil millones más por los aumentos no pagados, que aceptarían cobrar en cuotas y sin retroactivo.
―¿Y quién nos garantiza que no va a haber conflicto igual?
―Yo te digo que con esa plata frenás el quilombo y que si no, va a ser el triple. Ustedes se equivocan con las universidades. No hay ningún Baradel ahí ―insistió la diputada, todavía con el ánimo constructivo que movía a la oposición no peronista hasta la triple derrota parlamentaria a la que se expuso el oficialismo.
Caputo no se movió un milímetro y el cuatrimestre arrancó con huelgas y reclamos. El resto se sabe: los radicales se movieron rápido y consiguieron que Diputados vote el proyecto, a lo que se sumó el miércoles pasado la constitución de la comisión de Educación en el Senado, que dará dictamen el martes y habilitará que se trate este miércoles, cuando podría convertirse en ley. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), aplicarla le costaría al fisco $ 738.000 millones, un 10% del superávit primario acumulado en el año.
Milei manipula los números para justificar el veto, del mismo modo que con los jubilados, y estira el costo fiscal de la iniciativa a más del doble. Asegura que lo empujaría de nuevo al déficit, pese a que en los próximos meses habrá nuevas fuentes de ingresos fiscales sin contrapartida de gastos: las multas que se paguen por el blanqueo y la moratoria, el anticipo del pago de Bienes Personales (que incluye una fuerte rebaja) y lo que pueda entrar por las primeras privatizaciones en danza, como las de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
Como sea, el Presidente decidió doblar la apuesta y poner a prueba la resistencia estudiantil, docente y no-docente, en vez de aceptar el acuerdo que le proponía el radicalismo a través de Tavela, que le habría costado un tercio del dinero. Lo mismo que con el descuento en el segundo y tercer boleto que paga cada usuario del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que dejará de regir este lunes por el fin del subsidio nacional a la Red SUBE. Un costo político que se jacta de asumir a diferencia del “kirchnerismo con buenos modales” que endilga a Mauricio Macri, su principal donante de gobernabilidad hasta ahora.
Veto a veto
El ajuste más efectivo es siempre el que no se anuncia. Como el que sufrió en lo que va del año el PAMI, que esta semana fue noticia por el fuerte recorte de la cobertura de medicamentos a sus afiliados que reveló Clarín. Según la rigurosa OPC, entre enero y julio gastó un 31,3% menos en términos reales que el año pasado. Como los medicamentos subieron por encima de la inflación, ese ahorro implica necesariamente una caída bastante mayor en la cantidad de remedios efectivamente entregados.
En ciertos nichos de la administración pública, sin embargo, se las ingenian para esquivar la motosierra. El paquete fiscal del Congreso que repuso el impuesto a las Ganancias, por ejemplo, no afectará a los empleados de la Auditoría General de la Nación (AGN). Si bien establece que el tributo se empiece a pagar por el total del sueldo y no por el 30% como ocurría hasta el año pasado, el organismo aprobó una disposición que crea un complemento que compensa lo retenido. Por eso, desde septiembre, a las categorías más altas se les cubrirá el descuento y a las más bajas, que hasta ahora no tributaban, se les aumentará el sueldo. En los recibos de haberes figura como “Disp. 239/24”.
Más allá de esos deslices, el mundo de los negocios reconoce la tenacidad de Milei para no ceder a la presión social sobre el presupuesto. No por eso deja de ejercer la suya propia, más discreta, para empujar su propia agenda. La sintió el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quien el miércoles por la noche varios ejecutivos le preguntaron por la reglamentación de la reforma laboral contenida en la Ley Bases que había prometido Federico Sturzenegger por televisión. Fue en la cena anual de la Fundación Cimientos, donde se dejaron ver el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, el juez supremo Carlos Rosenkrantz y el influyente José Luis Espert, ocupado por estos días en lograr la bendición presidencial y la de Macri como candidato de unidad para 2025 en territorio bonaerense.
“Estaba avanzando bien pero se frenó por lo del veto”, se excusó Cordero, sentado cerca de su jefe hasta hace poco en el Grupo Techint, Martín Berardi. La redacción de ambas normas quedó a cargo de la también abogada y secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal Murphy, que responde a Santiago Caputo, ya de vuelta de sus vacaciones y muy activo esta semana en la Casa Rosada.
Referí bombero
El apoyo de Techint a Milei se mantiene incólume, incluso pese a que el viernes la Secretaría de Industria modificó el reglamento técnico del acero para facilitar su importación, algo que según Sturzenegger reducirá costos en el 31% de las compras al exterior. La buena llegada de Paolo Rocca al Ejecutivo le abrió la puerta a la Cámara del Acero para una reunión el martes con los funcionarios que aplicarán ese cambio. Antes, el lunes, el propio Milei hablará en el acto de la UIA por el Día de la Industria, que estima un desplome de la actividad sectorial del 13% en lo que va del año.
¿Cuán receptivos serán los dueños de fábricas con su discurso? ¿Qué dirán las Pymes, cuya producción cayó casi el doble que ese promedio? ¿Hasta dónde logrará atenuar sus quejas el vice de la UIA, David Uruburu, director de Asuntos Institucionales del holding siderúrgico-petrolero con sede en Luxemburgo? ¿Pesarán los contratos que algunos de sus popes se aseguraron gracias a los buenos oficios de otro hombre de Rocca, Horacio Marín, al frente de YPF desde enero? Difícil anticiparlo. Sobre todo porque Rocca tampoco se juega entero por el líder ultraderechista: un mes atrás confesó haber sido “demasiado optimista” sobre su plan y hace diez días presentó a los ‘empobrecedores’ Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum un ambicioso plan de inversiones por más de U$S 4.000 millones en México. Acá todavía no la ve.
El otro magnate mileísta más destacado del país, Marcos Galperín, también parece confiar más en los gobiernos de Brasil y México que en la administración que milita a diario por Twitter. Lo novedoso es la confianza que empezó a depositar en el Estado, al que acudió como réferi para que penalice a los bancos por haberse cartelizado con la billetera Modo, creada justamente para competir con su MercadoPago. Se lo reclama al mismo Estado al que desobedeció durante años, al desconocer la normativa del Banco Central para entidades financieras, y justo cuando lo maneja un amigo suyo. Una plasticidad parecida a la Elon Musk, quien sin dudar pasó de bancar a Joe Biden en la elección pasada a apoyar a Donald Trump en ésta, mientras pulsea con Lula en Brasil y se inmola en defensa de los bolsonaristas que intentaron un golpe de Estado cuando el líder petista recién asumía.
Además de los bancos, Galperín se enfrenta a una demanda colectiva de la Asociación de Usuarios y Consumidores (ADDUC) que procura que les devuelva millones de pesos cobrados en exceso a sus usuarios. Apunta específicamente al 8,99% más IVA que cobra la plataforma por transferir dinero a un tercero desde una tarjeta de crédito. “No resulta claro cuál es la real prestación de servicios que justifique aplicar esa comisión a todos los consumidores, y en consecuencia no cumple con todos los recaudos que debe reunir una comisión para ser considerada admitida por el organismo regulador. Tampoco se comprende su encuadre como cargo, atento que el mismo debe obedecer a servicios que prestan terceros, por lo que solamente pueden ser transferidos al consumidor”, dice la demanda a la que accedió ElDiarioAR.
Caputo apuesta a profundizar la recesión para mantener la desinflación. Solo con la actividad en picada puede enfrentar la escasez de reservas que mantiene el riesgo país cerca de los 1.500 puntos y que el viernes empezó a empinar las cotizaciones del dólar futuro (oficial) en el Rofex. Septiembre promete nuevos desafíos, porque importar va a ser más fácil (se simplificaron las compras de textiles, acero, autos y más) y más barato (con el impuesto PAIS de nuevo en 7,5%). El atraso cambiario se ve nítido en las estadísticas de Turismo Internacional del INDEC: solo en julio la llegada de turistas chilenos cayó a la mitad de un año atrás (50 mil), mientras que cruzaron a Chile 120 mil argentinos, más del doble que hace un año. Hasta el ministro importó un vice trasandino.
Por eso en el canal de streaming que estrenó Economía (en las redes le dicen ‘6, 7, Toto’) no se habla del “rebote en V” ni de la economía que iba a crecer “como pedo de buzo”. Quizás su equipo vuelva a reaccionar tarde, como con las universidades, al hecho de que la preocupación por la desocupación (42%) desplazó a la que genera la inflación (15%) en la sociedad. Lo midió la consultora Tendencias en una encuesta de 7.000 casos. En diciembre los preocupados por el empleo eran el 22% y por los precios, un 39%.
AB/MG