No fue novedad que se decidiera la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en la habitual reconfiguración ministerial que hacen todas las nuevas gestiones presidenciales. Ya se había anunciado y tampoco había sido el único candidato en adelantar que esa era su intención.
De todos modos, resultan curiosas las razones que se dan públicamente (todavía hoy) para apoyar esa decisión, que pone el foco en la falta de reducción o eliminación de los femicidios como si esa hubiera sido su única misión y como si su cumplimiento dependiera solo de las acciones que impulsa un Ministerio nacional.
En todo caso, ya se ha dicho muchas veces: hace varias gestiones que el Ministerio de Economía ha sido totalmente ineficiente en la “lucha contra la inflación” o el “ordenamiento de las variables macroeconómicas” tantas veces anunciadas, y sin embargo nadie ha solicitado su eliminación. Se entiende (o no) que los fenómenos multicausales son complejos, que requieren una articulación de acciones, con una dirección clara y sostenida en el tiempo.
Tampoco se han analizado con la misma exhaustividad aplicada al Ministerio de las Mujeres los gastos de otros Ministerios como el de Medio Ambiente, también desaparecido en esta nueva gestión, aún cuando la desprotección de los recursos naturales y parques nacionales siguen a la orden del día.
Pero no se trata de defender una institucionalidad como una cáscara vacía, sino de plantear cuáles son las urgencias que todavía aquejan y que no se resuelven a fuerza de decretos.
En los primeros 20 días del mes de enero 2024 fueron contabilizados 18 femicidios (en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Misiones, Chubut, Córdoba, Salta y La Rioja) de acuerdo con los hechos reportados por las autoridades. Los datos oficiales los difundirá la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde 2015 sostiene un Registro de Femicidios de la Justiica Argentina, herramienta indispensable para analizar las características de los femicidios, sus determinantes, formas de comisión y fallas en las políticas de prevención y abordaje temprano.
Durante el año 2022 una mujer fue asesinada cada 35 horas en Argentina. En el 60% de los casos, el perpetrador fue una pareja actual o pasada pero solo en una limitada cantidad de casos (se identifican al menos 38) la víctima había hecho la denuncia antes del desenlace fatal.
El femicidio es la manifestación más extrema de la violencia de género detrás de la cual se esconde un continuo de violencias que deben ser atendidas con distintas estrategias a fin de prevenirlas, procurando atender las causas estructurales de esa desigualdad. Ese es el objetivo de los Planes nacionales de acción que debían traducir en políticas públicas las promesas de la Ley 26.485 que promueve una vida libre de violencias para las mujeres. Con ese objetivo se orientaron los sucesivos planes definidos e implementados desde 2016 en adelante.
Garantizar el derecho a una vida libre de violencias por razones de género es un deber del Estado argentino de acuerdo con las obligaciones que ha asumido tanto a nivel local como a nivel regional e internacional. Por eso, el gobierno argentino tiene la responsabilidad y la obligación de implementar políticas públicas de prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de violencia que, motivadas por discriminaciones de género, atentan contra la integridad y vida de las personas.
A mediados de enero 2024 un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta a la Ministra Pettovello solicitando una reunión, junto con la persona que eventualmente se designe a cargo de la Subsecretaría que debe dar continuidad al trabajo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. A la fecha, no hemos tenido respuesta y no se conoce cuáles serán las prioridades de la agenda de trabajo que propone esta gestión.
En tiempos de crisis económica es imperioso fortalecer la autonomía económica de las mujeres y personas LGBT. Las estadísticas demuestran que son las más afectadas por la pobreza: dentro del decil más pobre, 6 de cada 10 personas son mujeres (INDEC, Tercer trimestre 2023). El 13% de los hogares en Argentina están a cargo de una sola persona sin cónyuge, y de estos hogares el 79% son monomarentales, es decir que están a cargo de una mujer. Estos hogares se ven especialmente atravesados por la pobreza, 7 de cada 10 se encuentran situados en los dos quintiles más bajos de ingresos (INDEC, 2023).
Justamente en tiempos de crisis y restricciones presupuestarias como las que seguramente alegarán, la prevención y atención temprana de los hechos de violencia permite un uso más eficiente de los recursos del Estado. La investigación de ELA Invertir en prevención de la violencia doméstica: ¿opción o necesidad? demostró que al Estado le cuesta hasta 22 veces más intervenir en los casos de violencia donde la mujer se encuentra en riesgo alto o altísimo frente a los costos de intervenir en situaciones de bajo riesgo.
Uno de los recursos más conocidos y disponibles en todo el país es la Línea 144, un dispositivo que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género a través de un servicio telefónico gratuito, WhatsApp, correo electrónico y por videollamadas para personas sordomudas. Desde su creación en septiembre del 2013, ha atendido en promedio 340 comunicaciones al día, 10.400 al mes y 125.000 al año. Es uno de los dispositivos de atención más conocidos: discontinuar, desfinanciar o limitar los servicios de información que brinda la Línea pondría aún más en riesgo a las personas que recurren a esta fuente de información. Un estudio realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires muestra que es el segundo dispositivo de atención más conocido entre las víctimas de violencia, mencionado por el 85,4% de las mujeres encuestadas.
En todo caso, lo que las mujeres en situación de violencia necesitan son recursos: emocionales, jurídicos y económicos. Acompañamiento emocional para sobreponerse a una situación de vulnerabilidad que atraviesa su vida y sus vínculos; asesoramiento y patrocinio jurídico para poder sortear los procesos judiciales que muchas veces siguen a la decisión de poner fin a una relación violenta; y recursos económicos para garantizar una mínima sustentabilidad material.
El programa Acompañar iniciado en 2021 desde el Ministerio de las Mujeres tuvo ese objetivo: accedieron 352.000 mujeres de todo el país. Como relevamos en una investigación de ELA son mujeres que pudieron invertir los modestos recursos ofrecidos por el programa en mejores medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes, acceder a vivienda segura, retomar sus estudios, iniciar capacitaciones técnicas e invertir en emprendimientos para su sostenimiento económico. Lejos de ser una verdadera solución integral, el Programa Acompañar al menos representó una ayuda importante en un contexto sumamente difícil.
¿Cuál será la suerte de estos programas y políticas que constituyen obligaciones del Estado? Esa es la pregunta que necesitamos responda la Ministra Pettovello porque entre tantas necesidades, esta es de verdad urgente.
NG/CRM