Invocó sus fueros para negarse a declarar y tuvo el respaldo de los senadores de Santa Fe que por voto de la mayoría impidieron su indagatoria como presunto protector de una red de casinos clandestino extendida en cinco departamentos de la provincia. Cuatro años después, el senador provincial Armando Traferri (peronismo) comparecerá este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario para ser imputado en una causa que implicó a jueces, fiscales, policías retirados y en actividad, operadores políticos y otros legisladores provinciales, aunque el tiempo transcurrido parece desdibujar esa trama.
Traferri atribuyó las acusaciones a una campaña de Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia (2019-2021) durante el gobierno de Omar Perotti, y señaló a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery como alfiles de esa supuesta operación. Los fiscales terminaron apartados de la causa, conforme a sus deseos, pero la citación a audiencia proyecta sombras inquietantes. Tanto el senador como su abogado, Oscar Romera, dijeron a elDiarioAR que no harán declaraciones hasta conocer los cargos en su contra.
“Traferri pudo elegir qué fiscales no lo deben imputar, lo cual es una barbaridad. Hay una enorme cantidad de pruebas en su contra. Su tesis es que yo lo armé, pero la causa antecede a mi llegada al ministerio”, dice Marcelo Sain. El exministro se refiere a la investigación iniciada en abril de 2017 por el fiscal Matías Merlo, que puso en la mira de la Justicia al principal protagonista de la historia: el empresario de juego legal e ilegal Leonardo Peiti.
La investigación comenzó por una denuncia del presidente comunal de Hughes, el pueblo natal del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde entonces, las declaraciones de Peiti son citadas tanto para acusar a Traferri como para fundamentar la persecución en su contra. El empresario colaboró con la investigación de Schiappa Pietra y Edery como arrepentido y en ese marco reveló encuentros con el senador peronista, el pago de coimas mensuales a los fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad –ambos destituidos–, “atenciones” de pago efectivo para el juez de Reconquista Gonzalo Basualdo –la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó un jury de enjuiciamiento– y el aporte de “algo más de doscientos mil dólares” para la campaña de Perotti en las elecciones de 2019, con la ilusión de obtener el monopolio del juego en la provincia.
Sain no tiene mayores expectativas sobre la citación del martes que firmaron las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. “Creo que va a servir para la impunidad de Traferri. Pero me interesa en función de la causa nuestra”, dice el exministro, que por su parte está imputado como jefe de una asociación ilícita que desarrolló tareas de inteligencia ilegal en la provincia entre 2019 y 2021.
La investigación contra Sain y otros siete exfuncionarios del Ministerio de Seguridad está a cargo de los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Patricio Grimberg y no registra avances desde el 22 de noviembre de 2022, cuando se realizó la audiencia imputativa en la capital provincial. “La función de esa causa fue sacarme de la provincia y mostrar qué pasa cuando se investigan estructuras de poder en Santa Fe”, dice el también investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El hoy gobernador Pullaro fue uno de los querellantes en la causa, junto con el empresario de medios y turismo Gustavo Scaglione. Los trascendidos constantes a los principales medios de comunicación de la provincia sedimentaron una acusación de espionaje que terminó por imponerse en la difusión pública. Los fiscales Hernández y Grimberg no utilizaron esa calificación en las imputaciones sino la de “acciones de inteligencia ilegal” a través de la recopilación y sistematización de datos sobre dirigentes de la oposición, empresarios, fiscales y periodistas.
“Dos fallos de la Cámara de Apelaciones dicen claramente esto no es ni podría ser espionaje, y si lo fuera debería ser investigado por la Justicia Federal. Esa calificación solamente se entiende a partir de una especulación de impacto periodístico del término”, dice el abogado Juan Lewis, defensor de seis de los acusados, para quien “la fiscalía estuvo y está alineada con Pullaro”.
Ex ministro de Justicia de la provincia, Lewis resalta que los fiscales santafesinos “echaron a correr la calificación de espionaje en trascendidos de los que no se hicieron cargo” y cuestionó la filtración de videos y audios “que no tenían nada que ver” y fortalecieron la condena social. “En esta causa todo se maneja con un secreto inadmisible e inexplicable desde el punto de vista de la publicidad que deberían tener los juicios”, dice el abogado, y de hecho el responsable de prensa de la Fiscalía Regional de Santa Fe, Gustavo Risso Patrón, no contestó los pedidos de información para esta nota.
De amigo a enemigo
Miguel Lifschitz había ganado las elecciones para gobernador de Santa Fe cuando se presentó en la casa de Marcelo Sain y le propuso trabajar en la provincia. El dirigente socialista lo visitó después en la sede de la Escuela Nacional de Inteligencia, esta vez acompañado por un joven diputado provincial al que presentó como su próximo ministro de Seguridad: Maximiliano Pullaro.
Sain llegó así a Santa Fe como director del Organismo de Investigaciones, cargo que obtuvo por concurso y que perdió a continuación de la renuncia al Ministerio de Seguridad. Su gestión provocó resistencias crecientes y sin retorno, que alcanzaron incluso a los dirigentes del peronismo y al resto del gabinete de Perotti: un proyecto de reforma policial quedó huérfano de apoyos y no llegó a tratarse en la legislatura provincial. “Unifiqué a todos en mi contra”, reconoce el ex funcionario.
Autor de estudios que son de referencia en seguridad pública, Sain dedicó un libro a los problemas de la criminalidad de Rosario –Ciudad de pobres corazones (2023)– y prepara otro al que define como “ciencia política en primera persona” y tiene como título La camarilla mafiosa, política y crimen en Santa Fe.
Sain argumenta que la causa por acciones de inteligencia ilegal respondió a “dos investigaciones fuertes” que impulsó como ministro en el ámbito del Servicio Penitenciario de la provincia y la Unidad Regional II, la policía de Rosario. La primera surgió de una denuncia del ex funcionario Luis Enrique Pueyo “por malversación de fondos y acuerdos para ingreso de droga y celulares a las cárceles” y habría afectado al actual ministro de Seguridad, Pablo Coccoccioni; la segunda, también por malversación de fondos, comenzó por una presentación del policía Cristian Güemes y en su desarrollo “estaba siendo investigada la empresa Printing SRL, de Damián Marcelo Pullaro”, uno de los hermanos del gobernador de Santa Fe.
En enero de 2020 el asesinato del contador Enrique Encino en el Casino City Center de Rosario derivó inesperadamente en la causa por juego clandestino que llevaron adelante los fiscales Schiappa Pietra y Edery y por la cual esperan juicio el ex fiscal Serjal y Nelson Ugolini, empleado judicial por otra parte imputado como integrante de una banda de estafadores. “Nadie armó nada ni hubo una orden de Perotti, una cosa llevó a la otra hasta llegar a Traferri”, afirma Sain.
“La queja que tenía Perotti con esa causa era la que tenían todos en su gobierno. En el peronismo me reprochaban que los fiscales iban contra Traferri pero no contra Pullaro. Los testimonios de Peiti y de Ponce Asahad fueron también contundentes contra el ex jefe de la Policía de Investigaciones de Pullaro, Daniel Corbellini, pero no se avanzó en esa línea”, recuerda Sain.
“Si yo hubiera manejado la causa, hoy Corbellini estaría imputado. Lo que sí, y si me llaman a testimonial lo voy a decir, es que los fiscales se respaldaron en mí no solamente para que yo los ayudara a través del Ministerio y financiara la investigación”, agrega el exministro, que renunció después de que Perotti le impidió asistir a una interpelación en la Legislatura provincial. Sain define al ex gobernador y actual diputado provincial como “un tipo mediocre que no tuvo una estrategia política”: elegido con la promesa de llevar “paz y orden” a la provincia, Peroti terminó su gobierno con los peores índices de homicidios dolosos de la última década y el eslogan de “cortar los vínculos de la política con el delito” quedó en el vacío.
El cristal con que se mira
Sain destaca a Pullaro como “el político más audaz e importante de Santa Fe”, señala –aunque no necesariamente como una crítica– que “logró el control del Ministerio Público de la Acusación” y le adjudica empujar la renuncia de María Eugenia Iribarren como fiscal regional de Rosario, en agosto pasado. El gobernador, además, “tiene una prensa adicta en la provincia”.
Las estadísticas sobre homicidios en Santa Fe muestran un contraste impactante entre el gobierno anterior y el actual: entre enero y fines de septiembre de 2023 hubo 302 crímenes en la provincia, mientras en el mismo período del año en curso se registraron 132. Es además la cifra más baja de la última década. Voceros del Ministerio de Seguridad atribuyen la merma a un conjunto de factores: la concentración de fuerzas federales e intervenciones focalizadas en zonas calientes de Rosario; el endurecimiento de las condiciones de detención en las cárceles; y el incremento de la presencia policial en la calle, con la recomposición de una flota de patrulleros que estaba en ruinas.
Sain y voceros de la oposición en la provincia agregan en cambio otro factor como determinante: un supuesto acuerdo entre sectores de la policía santafesina y bandas criminales. “No hay ninguna política que logre semejante descenso de los crímenes en tan poco tiempo –enfatiza el exministro–. El mercado de la droga sigue en expansión. La razón fundamental de la caída de los homicidios tiene que ver no con los homicidios interpersonales en la provincia sino con el gatillo en Rosario. Alguien dio la orden de que las bandas dejen de gatillar”.
“No lo veo a Pullaro en una situación tan cómoda –agrega Sain–. Hay que ver qué pasa a partir del asesinato de Samuel Medina [yerno de Ariel ”Guille“ Cantero, el referente de la banda Los Monos, acribillado el martes pasado en la zona norte de Rosario]. Esto lo digo por experiencia: dentro del Ministerio Público de la Acusación o de la Justicia Federal ya deben tener audios donde se ventile el acuerdo con los narcos, porque todo se escucha y se graba”.
Además del crimen de Medina otros episodios resquebrajan la imagen de la seguridad pública en Santa Fe: el asesinato del subinspector Andrés Farías, en un asalto tipo comando; la captura por orden de la Justicia Federal de siete integrantes de la Policía de Acción Táctica, acusados de robar 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares en un operativo ilegal; la investigación contra jefes antinarcóticos del departamento Las Colonias por organizar una red de narcomenudeo. Mañana se verá si la citación del senador Armando Traferri introduce otra fisura en ese cuadro.
OA/MG