Pasó la auditoría del FMI y estampó en la frente de los responsables políticos y económicos del gobierno de Macri una leyenda: “Con el cepo no alcanza pero sin el Cepo no se puede”. El documento del Fondo vino a certificar lo que muchas voces críticas advertían sobre los enormes riesgos que el desapego de la conducción económica del gobierno del PRO por los controles cambiarios y de la cuenta capital generaban. La sangría de dólares, por arriba y por abajo, demandados por el “chiquitaje” como por los jugadores grandes de acá y de afuera, no se detuvo en todo el periodo 2015-2019.
Algunos quisieron ver la fuente de ese desapego un revival cuatro décadas después de similares medidas tomadas por el gobierno de la dictadura entre 1977-1978. Sin embargo, un dato distorsiona este reflejo y reenvía esas medidas a otro contexto muy diferente. La libertad cambiaria que la dictadura instrumentaba en 1977 fue muy diferente a la libertad cambiaria que el gobierno de Macri sancionó en 2015. La relación de la sociedad con el mercado cambiario tuvo sus contrastes en los dos contextos. No se trataba de la misma sociedad ni tampoco este mercado ocupaba el mismo lugar material y simbólico.
La crisis del 2001 legó a parte de la sociedad un convicción muy fuerte: el acceso al dólar funda un derecho. No hay en la historia previa nada que se asemeje a esta idea. Al implosionar la convertibilidad, parte de la sociedad rearmó a su manera la promesa de equivalencia entre el peso y el dólar que el Estado empezó a incumplir en enero de 2002: donde antes hubo una ley ahora nacía un derecho a reclamar. Este reclamó no logrará torcer los expedientes que se amontonaban en sede judicial y con el tiempo dormirá acurrucado por los primeros años del kirchnerismo de muy baja inflación y superávits gemelos. Pero su historia reciente oprimirá la memoria de quienes se movilizaron contra la reinstalación del “cepo” cambiario entre 2011 y 2015. Este reclamo hará un giro que lo alejará del emprendido sobre las ruinas de la convertibilidad. El reclamo hacia el Estado no será sobre la base de una promesa incumplida sino sobre una idea más positiva. Si en el 2001 el derecho a acceder a los dólares tenía su origen en una desilusión producida por el Estado, en 2011-2015 la demanda por la compra de la divisa norteamericana se apoyaba en el valor de la libertad de mercado. El reclamo no era hacia un Estado que no había cumplido su propia promesa sino contra un gobierno que avasallaba las libertades. La sociedad que salió del 2001 reclamando más Estado 10 años después comenzaba a mostrar focos de un anti-estatismo beligerante. El mercado cambiario fue una escena privilegiada para expresarlo. Una parte de la sociedad fue libertaria antes que lleguen los libertarios y fue apañada por una oferta electoral de derecha sin divergencias internas sobre este punto.
A esta promesa con su electorado el gobierno de Macri la cumplió sin gradualismo. A una semana de asumir liberó el mercado de cambios y la cuenta capital. Era el principio del fin que llegó cuando el financiamiento externo se interrumpió en el verano del 2018. Pero todavía faltaba quemar el préstamo más grande en la historia del FMI antes de dar marcha atrás con esa promesa.
Muy rápidamente nos liberamos de prestarle atención a las condiciones sociológicas de las decisiones económicas y le atribuimos otras causas o motivos, muchos de los cuales sirven para desnudar una complicidad oculta. La auditoría del FMI al préstamo de 2018 alimenta esta segunda y deja muy relegada la primera. Sus argumentos son agua para el molino de la denuncia de la complicidad del gobierno de Cambiemos con la fuga de capitales. Fuera del radar de la auditoría, y no por eso menos importante, queda la inclinación de parte de la sociedad de interpretar su participación en el mercado cambiario como un derecho fundamental y la promesa de un gobierno de defenderla hasta las últimas consecuencias.
El problema, entonces, es menos saber que hacemos con el mercado cambiario y más que hacemos nosotros con lo que él hizo de la sociedad argentina. No hay auditoría del FMI que nos resuelva este segundo enigma.