Las empresas de medicina prepaga y los laboratorios integran el sector de los grandes ganadores del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei y que incluye un total de 366 medidas sin pasar por el control del Congreso.
A través de la modificación de diversas leyes, las empresas de salud privada consiguieron beneficios que les permiten aumentar las cuotas sin ningún tipo de control e ingresar al régimen de las obras sociales para ampliar su mercado.
Esto tendrá impacto directo en el bolsillo de los afiliados y, con el tiempo, también en el sistema público de salud, que recibirá a las personas que ya no puedan pagar sus cuotas. Además, el DNU suspende la producción pública de medicamentos, una industria que ofrecía productos más baratos o completaba aquellos que no eran realizados por las compañías farmacéuticas privadas.
El DNU libera las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga, al derogar el decreto 743 de 2022, que aunque indexó las subas significaba un límite, para que no pudieran subir la cuota lo que quisieran y, así, perjudicar a los afiliados.
Además, elimina artículos de la Ley N° 26.682 como el que habilitaba a la Superintendencia de Servicios de Salud a revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones. También quita el artículo 25 que establece que la autoridad de aplicación debe fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. Y agrega uno nuevo que da lugar a las prepagas a establecer precios diferenciales según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria. En resumen, las prepagas pueden hacer lo que quieran con los precios de las cuotas.
El dueño de Swiss Medical dijo que las cuotas pueden aumentar un 50% extra
El dueño de Swiss Medical Group y presidente de la Unión Argentina de Entidades de la Salud (UAS), Claudio Belocopitt, confirmó que habrá incrementos en las cuotas que pueden llegar al 50%. Aunque advirtió que no se debe al DNU sino a la actualización decretada por el gobierno anterior.
Representantes de distintas prepagas nucleadas en UAS mantuvieron una reunión para analizar con detalle la normativa y la evaluaron como “un gran paso a la libertad de comercio y competencia en un escenario muy grave” que viene padeciendo el sector desde hace 10 años cuando se incluyeron prestaciones en el Plan Médico Obligatorio (PMO).
Ahora evalúan cómo serán los aumentos. Según sus cálculos, hay un 70% de desfasaje entre el 130% de aumento anual de la medicina prepaga y el 200% de inflación. Además, plantean un 80% de incremento mensual entre medicamentos e insumos. En ese contexto, estiman que en enero las empresas incrementarán entre un 35% y 42% sus cuotas y delinearán un aumento gradual de la cuota para que no se caiga la cartera de afiliados.
“El DNU se basa en los principios de la desregulación del mercado en el ámbito de la salud”, sostuvo el abogado y Magíster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona Oscar Ernesto Garay. “No se explica en qué consiste la crisis del sistema de salud que argumenta las modificaciones. Busca lograr reducciones contundentes en los costos de las prestaciones y es contradictoria con la libertad que se le otorga a la medicina prepaga para liberar las restricciones de precios, para que puedan incrementar las cuotas de acuerdo a su libre albedrío”, agregó el especialista en Prepagas y Obras sociales.
Otro de los beneficios para las prepagas tiene que ver con la modificación de la Ley N° 23.660 de regulación de las obras sociales que les permite el ingreso a ese sistema. Esto implica que ahora las empresas tienen capacidad de afiliar directamente a los trabajadores sin la intermediación de una obra social.
Hasta el momento, las y los trabajadores en relación de dependencia derivan una parte de su sueldo a la obra social y pagaban un dinero extra para tener una prepaga. Esto implica un impacto directo a los sindicatos que poseen obras sociales por lo que será uno de los temas a tratar por la cúpula de la CGT. elDiarioAR consultó con distintos gremios sobre las consecuencias de esta medida y los pasos a seguir pero indicaron que van a analizar en profundidad el texto antes de dar declaraciones.
“Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales”, afirmó Edgardo Knopoff, director de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires y vocero de la Asociación de Médicos Municipales. “Atenta directamente contra las obras sociales. Contra todas, las buenas, las malas, sin discriminación. Va a permitir que las prepagas, que tienen mucha más espalda comercial, se vayan comiendo a los pequeños competidores. Es bastante probable que una empresa salga con planes subsidiados al principio para lograr eliminar la competencia”, dijo en diálogo con elDiarioAr.
Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales
En el sistema actual, las obras sociales que no pueden dar alguna prestación médica realizan convenios con prepagas para brindar esa cobertura a sus afiliados. Algo que podría terminar con la asociación directa. Esta medida, que afecta directamente al sustento económico de los sindicatos, debe ser leída en diálogo con otras disposiciones del DNU que atentan contra la base de los gremios a través de la reforma laboral.
Producción pública de medicamentos
Otro de los puntos centrales del apartado salud tiene que ver con la eliminación de la producción pública de medicamentos. El DNU derogó la Ley N° 27.113 que declaraba “de interés nacional y estratégica” la actividad de los laboratorios públicos dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos y materias primas para la producción de remedios, vacunas, insumos y productos médicos.
Esto es considerado como una medida en favor de los grandes laboratorios privados ya que elimina la competencia. De esta manera, por ejemplo, se dejará de producir Fierritas, un complemento nutricional de hierro, zinc y vitamina A para niñas y niños entre los 6 y 24 meses con anemia, en escasez no solo en Argentina sino en el mundo. Como no existía empresa que lo realizara en nuestro país, el Estado Nacional ordenó la producción a través del laboratorio PROFRASE.
La disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que hasta ayer coordinaba y promovía la producción pública de medicamentos, también impactará, por ejemplo, en la fabricación de misoprostol para garantizar el aborto legal o la en productos para enfermedades desatendidas por el mercado porque no son rentables como jarabes especiales para niños y niñas con VIH. “Son cosas puntuales que van a estar afectadas y vamos a tener que buscarlas afuera”, explicó la exsecretaria de Acceso a la Salud de la Nación Sandra Tirado a este diario. “Hay un tema de intereses de algunos laboratorios porque está muy especificado en querer sacar la producción pública, de quitar el apoyo del Estado y así sacás a un competidor que es grande o chico, pero que es un competidor”, agregó.
La exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández también explicó el impacto comercial que esta medida tendrá. “Actualmente hay un grupo de becarios trabajando en varios proyectos. Hay producciones de medicamentos a partir del Remediar (el programa que da cobertura de medicamentos esenciales de manera directa en centros de salud). Eso se hizo a través de convenios intra administrativos logrando muy buenos precios, se consiguieron productos de producción pública comprados al 18% precios del valor del mercado. Eso ya no va a existir”, agregó Tirado.
Otro de los puntos polémicos tiene que ver con la comercialización de medicamentos de venta libre en comercios que no sean farmacias. Algo que generó el rechazo del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), que ya anticipó que hará presentaciones legales para frenar la medida.
Ahora, los remedios se podrán ofrecer en góndola y las farmacias podrán funcionar sin profesionales farmacéuticos. También se habilita la venta directa de las droguerías al público. “En la práctica, se fomentaría así la venta desde los laboratorios elaboradores a través de determinadas droguerías, lo que causaría distorsiones en la distribución, a la vez que no permitiría la libre elección por parte de los pacientes para acceder a sus medicamentos”, indicaron desde Ceprofar a través de un comunicado. “Esto genera el riesgo de la dispensa, el farmacéutico no es solo quien cobra el medicamento, a veces explica la forma de administración y los efectos colaterales. Es un acto que forma parte del acto médico”, explicó Tirado.
Entre las normas modificadas también está la Ley N° 26.906 de Trazabilidad y Verificación de Aptitud Técnica de Productos Médicos Activos de Salud, que el gobierno modificó “para reducir la burocracia asociada a la implementación de equipamiento médico”. En los hechos esto significa menor control de los equipos que se utilizan para hacer estudios, una desregulación total del control de calidad de la maquinaria que ingresa al país para controles médicos.
Los médicos podrán recetar remedios en papel hasta julio, después tiene que ser digital
Por último, cambia las leyes 27.553, de Recetas electrónicas o digitales, y 25.649, de Utilización de medicamentos por su nombre genérico. En estas, las modificaciones no son tan gravosas. La primera establece que la prescripción de medicamentos solo puede ser redactada y firmada a través de plataformas electrónicas. Es decir, se elimina la receta de puño y letra. “El Poder Ejecutivo Nacional establece los plazos necesarios para alcanzar la digitalización total en prescripción y dispensación de medicamentos y toda otra prescripción, el cual no podrá superar el 1° de julio de 2024”, dice el DNU.
En la segunda, le da continuidad a la venta de medicamentos genéricos, pero cambia el diseño de la receta. Hasta ahora, el médico indicaba el nombre de la droga y una marca comercial en caso de que el paciente quisiera comprarla. Con la nueva ley ya no se pone la recomendación de la marca comercial.
Algunos especialistas alertan sobre el impacto que estas medidas tendrán en el sistema de salud público que recibirá las demandas de la población que ya no pueda acceder al sistema privado. “ Va a caer la actividad laboral en relación de dependencia, con lo cual gran parte de la gente que hoy se atiende por sistema de seguridad social va a volcarse al hospital público. Y nadie está pensando en aumentar los recursos del sistema público, si no que parece que será lo contrario, con lo cual va aumentar la carga de trabajo y la demanda en lugares que no tienen suficiente oferta”, explicó Knopoff, que también es jefe del área programática del Hospital Piñero.
Esta tarde, los directivos de todos los hospitales porteños se reunieron para evaluar las repercusiones que estas medidas pueden tener en sus trabajos. “Los dos aspectos más críticos del sistema público de salud es la falta de recurso humano, que está pasando, y la falta de tecnología. Con esto, ni vamos a actualizar tecnología y, si al mismo recurso que tenemos le agregamos más demanda, va a hacer mucho más ineficaz el servicio”, alertó el médico.
Por último, también las asociaciones de consumidores llamaron la atención sobre el impacto económico de estas disposiciones y anticiparon que harán presentaciones judiciales. El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, afirmó que el DNU viola el artículo 42 de la de la Constitución Nacional. “Esto busca reventar a todos los consumidores y empujarlos a la salud pública. Es lo peor que pueden haber hecho porque destruyen la salud. Todo el sistema va a confluir en una libertad que va a perjudicar al consumidor negándole salud y atención médica. Va a significar un golpe al bolsillo y a la salud pública porque las personas que no los puedan pagar van a terminar en los hospitales”, explicó Bassano.
CDB/JJD