“Denlo por retirado”. Apenas sentada frente al plenario de comisiones que discute la ley ómnibus del Gobierno, Patricia Bullrich anunció que se quitará del texto el polémico artículo que exigía una autorización especial del Ministerio de Seguridad para reuniones de más de tres personas en la vía pública.
La funcionaria intentó así abrir el paraguas y bloquear rápidamente la cataratas de críticas que se esperaba durante la tarde de este miércoles desde la oposición durante su exposición en el marco del tratamiento de la iniciativa parlamentaria clave para Javier Milei.
Bullrich argumentó que hubo una “mala interpretación del artículo”, en efecto el 331 dentro de ley ómnibus, y que quedaba circunscripta a regular la ley de Tránsito para impedir que haya cortes en el marco de su férrea estrategia antipiquete. “Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear eso en la ley de Tránsito”, explicó la ministra en sus primeras palabras.
Luego Bullrich desplegó durante su presentación, y antes de las consultas de los diputados, toda su estrategia de mano dura contra la protesta social y una férrea defensa de los agentes de seguridad, sobre todo en aquellos casos en los que policías son acusados de gatillo fácil. La ministra resumió su exposición en tres ítems: “Uno: orden económico, social, en las calles; fuerzas de seguridad que puedan trabajar sin sentir que pueda ser víctima, y que al policía no se lo puede agredir”.
La ministra adelantó que la ley ómnibus aumenta las penas para quienes realizan piquetes y, sobre todo, agrava a los que apuntó como “organizadores”. “Hay personas que tienen un sentido de organizar estos cortes y lo hace con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes: pérdida de un beneficio social. Esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de las personas. Las somete. El organizador es quien extorsiona o genera la quita de estos subsidios”, sostuvo la ministra. La norma estipula “para los organizadores” de 3 a 6 años de prisión y ser “solidariamente responsables” del costo del operativo de Seguridad.
Bullrich incluso ratificó la plena vigencia de su protocolo antipiquete, incluso en aquellos cortes por reclamos, por ejemplo, cuando se cortan las vías del tren por personas que sufren cortes de luz. “Es verdad que es muy malo no tener luz, pero también es pésimo que haya personas que no puedan volver a sus casas y deban quedarse horas y horas en la estación del tren. Esa decisión de sacar a las personas va a ser lo más rápido posible”, dijo la ministra.
Gatillo fácil y defensa de los policías
“No es fusilamiento, es legítima defensa”, aseguró Bullrich en una de sus frases más resonantes de su exposición, cuando dio su irrestricto apoyo a los agentes de seguridad. “Si alguien en una moto o un auto dispara para atrás y quien está defendiendo dispara por el solo hecho de que el tiro está en la espalda no es un caso de fusilamiento, es un caso de defensa”, dijo la ministra al hacer un acting parada frente a los diputados para ejemplificar aquellos casos en que los policías muchas veces son acusados de gatillo fácil.
“El agente tiene que actuar porque si no actúa en tiempo y forma el daño puede ser mayor”, agregó Bullrich y le ratificó a los agentes: “Que las fuerzas de seguridad actúen con la seguridad de que no van a ser víctimas. Necesitamos una policía activa”, abundó.
Señaló que la norma estipula aumentos de las penas a 3 años y 6 meses para las resistencia a la autoridad. Y un agravamiento si el hecho se comete a mano armada o por más de tres personas, e inhabilitación por el tiempo de la condena cuando el autor sea un funcionario público.
“El gatillo fácil es un delito, como es un delito el que comete un delincuente”, ratificó luego Bullrich y cometió un furcio al decir “el gatillo feliz”. “Un fusilamiento por parte de un agente de seguridad es un delito”, afirmó.
MC/JJD