La Cámara de Diputados empezó este miércoles a discutir una reforma que tiene como fin impedir que los presidentes de la Nación puedan gobernar tan fácilmente por decreto, eludiendo al Congreso. Se trata de la modificación de la ley 26.122, que regula el uso de los famosos Decretos de Necesidad y Urgencia, o DNU.
Estos decretos son decisiones que el Presidente puede tomar sin pasar por el Congreso en situaciones urgentes pero que en muchas ocasiones no parecen revestir tal carácter. Por ejemplo, el súper DNU 70/2023, dictado por Milei en diciembre, a días de su asunción, establece la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, es decir que el gobierno de La Libertad Avanza consideró “urgente” que las prepagas pudieran aumentar sus precios cuando quieran y como quieran a sus afiliados; también consideró “urgente” la derogación de las leyes de Alquileres, Abastecimiento y Góndolas, y la creación de las SAD, que permite que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas.
La necesidad y la urgencia de estos decretos es analizada por una comisión bicameral, llamada de Trámite Legislativo, que está integrada por ocho diputados y ocho senadores, y que debe pronunciarse sobre su validez pero nunca suele llegar a tiempo a emitir sus dictámenes, que además no son vinculantes sino que deben ser después votados por los recintos de ambas cámaras.
Los DNU figuran en la Constitución desde 1994 pero su uso se basa en una ley reglementaria. Esta ley fue sancionada en 2006 a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora del Partido Justicialista —y con su esposo, Néstor Kirchner, en la Presidencia de la Nación—, y establece, además del paso previo por la bicameral, que para que un DNU pierda vigor debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Es gracias a esa ley, vigente desde hace 18 años, que el DNU 70/2023 de Javier Milei sigue en pie, ya que fue rechazado, por ahora, sólo en el recinto de la Cámara alta.
La ley, cuestionada por constitucionalistas, está prácticamente hecha para que un presidente pueda gobernar por decreto —salvo, claro, en las materias que la Constitución lo prohíbe: electoral, impositiva, penal y del régimen de los partidos políticos—. De hecho, nunca el Congreso había rechazado un DNU presidencial hasta hace un mes, cuando el Senado confirmó el rechazo de Diputados al DNU que establecía el otorgamiento de $100.000 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en concepto de gastos reservados. Es el único caso en la historia institucional argentina.
El 70/2023 y el de la SIDE no son los únicos DNU de Milei: el mandatario firmó en sólo 10 meses de gobierno otros 41 decretos de este tipo. Por eso, la oposición quiere cambiar la ley para que sea más difícil usar estos decretos sin que el Congreso los apruebe.
¿Qué se propone la oposición? Que la nueva ley reglamentaria establezca que si el Congreso no dice nada sobre un decreto en un tiempo determinado, el decreto deje de ser válido. Es decir, que la norma diga exactamente lo opuesto a lo que dice actualmente.
El debate sobre esta modificación empezó a las 17 de este miércoles, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Silvia Lospennato, del PRO. Ambos presidentes tuvieron que convocar al plenario, a pesar de representar a los intereses de la Casa Rosada, debido a que en la última sesión el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, a instancias de la oposición más intransigente, un emplazamiento a ambas comisiones para que se comience a debatir la reforma de la ley de DNU.
La decisión se adoptó después del triunfo político del oficialismo y sus aliados en bloquear el intento opositor de rechazar el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta de emplazamiento la realizó el diputado Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto y tuvo el apoyo del radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Unión por la Patria.
La oposición tiene la intención de emitir un dictamen dentro de dos semanas, el miércoles 30 de este mes. Hay 16 proyectos presentados, la mayoría de los cuales propone un plazo de entre 30 y 60 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de un DNU. Si no hay una definición en ese plazo, el decreto perdería automáticamente su vigencia.
Además, el radicalismo propone directamente prohibir los megadecretos, como el DNU 70/23, que establece más de 300 medidas sobre una gran cantidad de asuntos de distinta índole.
¿Qué dijeron los diputados?
Agost Carreño destacó la importancia de que las Cámaras se pronuncien en un plazo de 60 días. En su intervención en el plenario de comisiones remarcó que esta reforma busca “elevar la calidad institucional” y que la propuesta de modificar la ley vigente no es en contra de un presidente en particular sino en favor de la República. Además, criticó que un DNU tenga más valor que una ley, calificándolo de “inadmisible” y “dañino para la democracia”.
Por su parte, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, destacó que este debate es “el más interesante” desde la reforma constitucional de 1994, también aclarando que no se trata de una ley contra Milei sino pensando en los futuros presidentes. El lilito también se pronunció en contra de la creación de empresas por decreto, una referencia directa al DNU 70/23, y señaló que esta es una oportunidad para reunir los consensos necesarios tanto en Diputados como en el Senado.
Silvana Giudici, del PRO, cuestionó duramente la actual legislación de DNU afirmando que “el kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia” y que los decretos emitidos fueron “absolutamente inconstitucionales”. Giudici también alertó sobre la “tiranía de las mayorías” y criticó que el Congreso se haya convertido en “una escribanía” del Poder Ejecutivo.
Juan Brügge, del peronismo cordobés, coincidió en que la actual ley favorece al Ejecutivo, afirmando que “invierte el rol del Congreso y se lo entrega al Poder Ejecutivo”. Subrayó que la propuesta de reforma no busca eliminar la capacidad del Presidente de gobernar sino acotar el “monopolio de arbitrariedad” en el uso de los decretos, limitando su alcance a materias específicas y otorgando un tiempo acotado para su evaluación.
Carolina Gaillard, diputada de Unión por la Patria, enfatizó que el uso desmedido de los DNU ha sido “irracional” e “inconstitucional”. También llamó a sus colegas a “ponerse de acuerdo” para que en la próxima sesión se logre la derogación de los decretos más polémicos, destacando que la Constitución es clara en que el Poder Ejecutivo no puede legislar.
JJD