La Cámara Federal porteña imputó hoy al referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y lo acusó de “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión”, al confirmar su procesamiento en la investigación por desvíos de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.
Belliboni fue procesado en agosto pasado por el juez federal Sebastián Casanello por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión y agregó dos delitos más, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”.
Además, la acusación incluye la supuesta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.
“Nos encontramos ante una modalidad coactiva que era una práctica repetida” e “institucionalizada por parte de la organización Polo Obrero, que trata de conductas que exceden el simple desvío de los fondos en desmedro de las arcas públicas puesto que reúnen también los elementos típicos de otras figuras penales más específicas como lo son las amenazas coactivas y la extorsión”, advirtieron los jueces.
Además se recordó que debe profundizarse la investigación sobre “la actividad de funcionarios públicos que hubieran sido conniventes con esa administración fraudulenta actuando de forma coordinada con las autoridades del Polo Obrero”.
La participación en los hechos de Belliboni y Mariano Centanni, otro de los procesados, surge, en primer lugar, de su condición de autoridades del Polo Obrero, el primero como secretario y luego como presidente, y el segundo como tesorero el restante“, analizó la resolución.
Los fondos se desviaron y se habrían usado para “afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias”, advirtió la Cámara.
Sobre lo que se exigía a los beneficiarios de los programas, el Tribunal remarcó que “se hallaron en los comedores allanados cuadernos, listados y planillas en los cuales se registraba la asistencia de los beneficiarios a las movilizaciones, con indicación del nombre del asistente, la fecha del acto y qué delegado había controlado dicha participación, registro que luego era compartido a través del grupo general de WhatsApp”, detalla el fallo.
Además de Belliboni, quedó confirmado el procesamiento a los demás imputados miembros del Polo Obrero.