(Esta nota es continuación de una nota sobre el mismo tema publicada por el mismo autor aquí, antes de la asunción de Javier Milei).
En una escena de Los Simuladores, Mario Santos ve que una oficial de un banco, a la que está por engañar, está leyendo El candor del Padre Brown, un libro de cuentos policiales con ribetes místicos del inglés Gilbert Keith Chesterton. Santos le pregunta a su víctima “¿Cómo se llevan Chesterton y el mundo de las finanzas?”. La empleada apenas se permite sonreir ante el coqueteo y le responde: “Como pueden”.
El experto en finanzas que lideró el proyecto desregulador del Gobierno habría hecho bien, en efecto, en leer a Chesterton. A este autor se le atribuye un principio frecuentemente citado por los tribunales en los Estados Unidos y que en el último tiempo se repite bastante ante las fantasías revollucionarias en Silicon Valley: no quites una cerca si no sabés para qué se puso ahí. Chesterton –ya devenido en conservador católico– se burlaba de los reformistas que sentían que con la fuerza de su intelecto podían avasallar todo para resolver lo que consideraban problemas sociales: son como alguien que va por un camino, ve una cerca, e inmediatamente se entusiasma con quitarla del paso. Chesterton lo reta: la cerca no creció sola en ese lugar. Si alguien se molestó en ponerla ahí fue por algo, y antes de sacarla hay que entender exactamente por qué lo hizo. Volvé a tu casa, entendé perfectamente por qué está esa cerca ahí, y recién ahí, si todavía estás convencido, quitala.
El ímpetu desregulador del Gobierno se parece bastante al viajero de Chesterton, desesperado por quitar la cerca del paso sin prestar atención a que tal vez el camino se llene de bueyes. En las últimas semanas, Javier Milei derogó una enorme cantidad de leyes que llevaban décadas de vigencia por un decreto de necesidad y urgencia, y exigió al Congreso la derogación inmediata de muchas otras. Como si fuera una serie de Netflix, el productor de las reformas ya anunció que se vienen unas 160 más. La ciudadanía, se supone, debería observar, acaso aplaudir.
Pensemos qué diría Chesterton ante tanta cerca destruida. Antes de saber si derogar cada una de las normas, nos advertiría, deberíamos asegurarnos de saber cuál fue su cometido y si efectivamente se cumplió. Tomemos. como ejemplo mínimo, una de los cientos de normas derogadas o modificadas por el DNU 70/2023: la Ley 25.626, que prohibía la importación de neumáticos usados. El Congreso aprobó esta ley por unanimidad en el año 2002, con la finalidad de evitar que el país se volviera un vertedero de gomas inutilizables. En 2007, a pedido del entonces presidente, se flexibilizó la norma precisamente para permitir la importación de neumáticos recauchutados bajo ciertas normas de calidad, modificación que también se realizó de modo casi unánime.
Para aprobar estas leyes, algunos diputados debieron presentar proyectos, debieron reunirse las comisiones de Comercio, de Industria y de Mercosur de la Cámara de Diputados y la Comisión de Comercio del Senado, discutir sus pormenores con especialistas en la materia, recibir las observaciones de los sectores afectados, reunir el consenso de varios bloques legislativos y finalmente la promulgación de dos Presidentes de la Nación. Nada de todo esto, desde ya, garantiza que una política sea efectiva, o siquiera que no termine siendo nociva. Sin embargo -y aunque esta defensa del Congreso sea un tanto anticlimática- este tipo de elaboración colectiva es la mejor manera que la política occidental ha encontrado para aproximarse a la solución correcta a sus problemas.
Vamos ahora al decreto de necesidad y urgencia que apareció en el Boletín Oficial de un día para otro y que deroga de un plumazo esta ley junto con tantas otras . No sabemos quién acercó la idea de derogar la prohibición de importar neumáticos usados. No sabemos quién realizó estudios de mercado o ambientales para saber si volveremos a correr el riesgo ambiental que el Congreso buscó prevenir. Si estos estudios se hicieron, tampoco sabemos si revelan que sus potenciales beneficios superan estos costos. No sabemos si alguien presentó objeciones, ni mucho menos si éstas fueron respondidas. Lo que sí sabemos es que el Gobierno tiene una profunda antipatía ideológica por toda regulación existente. Como el viajero de Chesterton, donde ve una cerca, la quiere sacar de ahí sin hacerse más preguntas: las cercas son malas, obstruyen el camino, consumen recursos.
Si la firma de un decreto anula todas las ventajas de la deliberación pública, el método legislativo que propone el Gobierno para las reformas restantes queda peligrosamente cerca de hacerlo. Sí: el Gobierno envió un proyecto para que otras reformas sean aprobadas por el Congreso, en parte porque cubren materias que están prohibidas para los decretos, como penal, tributaria o electoral. Pero lo hace de un modo paradójico: mientras envía el proyecto al Congreso, intenta reducir al máximo su posibilidad de debatirlo. Así, ha reducido el número de comisiones a los que irá el proyecto, ha propuesto que se vote “a todo o nada” y, por si fuera poco, el Presidente ha dicho que quienes desean discutir el contenido del proyecto son “idiotas útiles” o, peor, que “están buscando coimas”. Es inédito: no es el primer Gobierno en pretender que el Congreso sea su escribanía, pero sí el primero en anunciar que no tolerará otra cosa. Si el proyecto fuera aprobado en en estas condiciones, la ley gozaría de la legalidad que le da el trámite legislativo, pero se perdería de todo lo que éste tiene para darle.
La democracia argentina no debería dejarse llevar por la retórica tremendista del Presidente de la Nación. La crisis económica es evidente; la necesidad de tomar medidas al respecto también. Sin embargo, muchas de las medidas del DNU o de la “ley ómnibus” no tienen nada que ver con la solución a la crisis económica sino –en palabras del propio autor de las reformas– con dar una “imagen de cambio de régimen”. A diferencia del viajero de Chesterton, no sólo desean quitar las cercas, sino contarle a todo el mundo que sacarán todas las cercas que puedan y a cualquier costo. Esperemos que el Congreso, en todo caso, pueda reivindicar su rol y explicarnos que para algo puso la cerca.
SG