Cuando las causas calientes llegan a los tribunales de Comodoro Py 2002, pueden suceder dos situaciones: que algunos jueces se disputen los expedientes o que nadie quiera quedarse a cargo. Cada caso tiene sus particularidades y cada juez tiene sus razones. La causa contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tiene las suyas.
Quien asuma como juez o jueza para investigar las denuncias contra la mano derecha de Rosatti tendrá que decidir sobre el punto más sensible de este caso: el juez federal Guillermo Molinari, de Santiago del Estero, ordenó a la Policía Federal Argentina (PFA) que ubique a Robles y la exija la entrega de sus teléfonos celulares, algo que el vocero del juez supremo no ha concretado. La Federal tampoco pudo notificar a Robles en dos domicilios.
El juez Molinari actuó tras el pedido del gobernador de su provincia, Gerardo Zamora, quien se reunió al día siguiente con el presidente Alberto Fernández para acordar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres ministros de la Corte Suprema por el fallo que le ordenó al Gobierno Nacional aumentar la cantidad de fondos públicos que debe enviar a la Ciudad para financiar la policía porteña.
La pelea judicial por al menos $40.000 millones vino de la mano de la filtración de chats o supuestos chats (D’Alessandro afirma que son falsos) tras el hackeo (D’Alessandro denunció que fue hackeado) del teléfono del funcionario porteño que está a cargo de la Policía de la Ciudad. Una de las conversaciones filtradas es entre D’Alessandro y Robles sobre el fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno que integra D’Alessandro, y en la que, según denunció Zamora, hablan del resultado que tendría la demanda en el máximo tribunal y la presunta influencia de Robles para que ese resultado ocurra.
El secuestro de los teléfonos de Robles sería para peritar su contenido y probar si esos chats son veraces o adulterados, como sostiene el ministro porteño. Como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.
El juez de Santiago del Estero cumplió con la medida solicitada por el gobernador de su provincia y luego se declaró incompetente (ni los hechos ni las personas están en su jurisdicción). Envió el expediente a Comodoro Py, donde ya había dos denuncias contra Robles en el juzgado de Lijo.
D’Alessandro asumió en 2016 como Secretario de Seguridad de la Ciudad y se le encomendó la gestión de la flamante policía porteña. Supo construir una relación de amistad con una de las jueces más poderosas del fuero federal: María Servini. Pero con los años, algo quebró la confianza entre ambos.
Servini está a cargo del juzgado de Lijo porque el juez se tomó vacaciones de verano. Cuando le llegaron las denuncias contra Robles y como los hechos denunciados involucran al ministro D’Alessandro, la magistrada explicó en un escrito firmado el miércoles último que decidió inhibirse y envió el expediente completo a sorteo, de acuerdo con el escrito que consta en la causa. En los tribunales de Retiro, varios especularon con que el paso al costado de Servini había tenido que ver con un presunto robo en la casa de la magistrada mientras era custodiada por la policía porteña, pero tres fuentes allegadas a la jueza y una cuarta del gobierno porteño lo desmintieron.
Sin juezas
Tras la decisión de Servini, la causa contra Robles volvió a sortearse y este viernes fue asignada a la jueza María Eugenia Capuchetti. Durante la tarde, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó a la magistrada por dar clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se forman policías de la Ciudad. Dijo que estaba “contratada por el gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta desde 2019”. Según un comunicado del instituto, Capuchetti da clases y es investigadora desde 2014, cuando pertenecía a la Policía Federal. De hecho, es habitual que jueces y fiscales den clases a los policías.
¿Qué sucedió con la causa contra Robles de la que depende el contenido de sus teléfonos? Ahora está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, que este lunes deberá decidir quién queda a cargo del expediente.
Sobre D´Alessandro, Servini afirmó en su escrito que “en tiempos anteriores supe tener un vínculo amistoso con el mencionado y familiares del ahora Ministro”, pero que “con el transcurso de los años desavenencias funcionales desde el lugar que cada uno ocupa, sumado al grave hecho sobrevenido durante el 2022, que motivó la solicitud de sustitución de custodia en mi domicilio particular, en virtud de los hechos acaecidos con el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Ministro D´Alessandro”, dijo la jueza en el escrito.
Ese “grave hecho” ocurrido en 2022 generó la formación de un sumario en la Comisaría Vecinal 2B, en Barrio Norte.
Los hechos
La custodia de los jueces federales siempre estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) pero luego del traspaso de gran parte de la fuerza a la Policía de la Ciudad, varios magistrados solicitaron que se mantenga al personal habitual hasta entonces en sus domicilios, explicó a elDiarioAR una fuente del gobierno porteño. Fue el caso de Servini.
Sin embargo, al menos tres episodios generaron malestar e incubó sospechas en la magistrada, según explicaron tres fuentes cercanas a Servini.
El primero, ocurrió en 2017. A la magistrada le abrieron el auto en las inmediaciones de su domicilio y la custodia no se encontraba en el lugar. El segundo fue un robo a uno de sus nietos, a quien le sustrajeron de su auto una mochila con las llaves del departamento de Servini.
El tercer episodio fue en octubre último. La jueza había recibido en el correo electrónico del juzgado una amenaza de muerte de parte de una mujer que desconoce y por la que realizó la denuncia (investiga Lijo). En esos días, Servini salió de su departamento y bajó a la calle. Vio que la custodia habitual del domicilio no estaba y que en su lugar había una joven oficial. Las decisiones sobre la custodia al domicilio son tomadas por la comisaría del barrio.
“¿Vos sabés quién soy?”, le preguntó la jueza a la agente, quien no se había percatado de que su custodiada estaba en el lugar. “No, señora”, le respondió. Fue la gota que rebalsó el vaso entre Servini y D’Alessandro, ya que la jueza entendió que su custodia ni siquiera sabía a quién debía custodiar, explicaron dos fuentes del entorno de la magistrada. El episodio fue confirmado por una fuente del gobierno porteño ante la consulta de este medio.
Luego se sucedieron reclamos de la jueza a la comisaría y D’Alessandro que no terminaron en buen puerto, según contó la magistrada a sus allegados.
Servini ya se había excusado de intervenir como jueza en la causa iniciada por el funcionario porteño y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y antecesor de D'Alessandro en el ministerio de Seguridad porteño), quienes denunciaron que sus teléfonos celulares -en realidad sus líneas- fueron hackeados con dos días de diferencia en octubre último. La denuncia quedó a cargo de la jueza Servini, quien se excusó el 7 de diciembre último y envió el caso a sorteo. Quedó finalmente radicado en el juzgado de Lijo.
La Cámara Federal de Apelaciones porteña, que revisa las excusaciones de los jueces de primera instancia, confirmó el 16 de diciembre la decisión de Servini.
ED