Otra contradicción: aunque se abstuvo en la OEA, Argentina había pedido la libertad de los presos en Nicaragua

En una carta dirigida el viernes pasado al canciller Denis Moncada, el ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá transmitió la “profunda preocupación” que generaron en el gobierno argentino los recientes a acontecimientos en Nicaragua en el marco de la crisis generada a partir de la reforma electoral del régimen de mayo pasado “y muy especialmente luego de la detención de prominentes figuras políticas de la oposición”. “Instamos -sigue el texto- a que se reconsidere la situación de representantes de expresiones políticas de oposición que se encuentran bajo arresto. Su inmediata liberación y la restitución de sus derechos políticos son un paso que contribuirá a que el proceso electoral que se desarrolla en su país reciba el apropiado reconocimiento y acompañamiento internacional”.

Cuatro días más tarde, este martes, la Argentina se abstuvo de condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua durante el tratamiento de un proyecto de resolución en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La condena fue aprobada por 26 países, entre otros, Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil, Canadá y Perú, que además pidieron “ la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de todos los presos políticos”. La abstención, posición que adoptó junto a México, le valió duras críticas internas al Gobierno. Además, en el frente externo el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo conocer su “decepción” ante la posición adoptada por la Argentina en la OEA. La situación de los derechos humanos en la región es un punto vital de la agenda hemisferio del gobierno demócrata de Joe Biden.

El canciller Felipe Solá tiene muy en claro esta cuestión. El mismo día que envió la carta a su colega nicaragüense, Solá mantuvo un contacto con el secretario de Estado Anthony Blinken en el que el norteamericano “resaltó las preocupaciones de la Casa Blanca acerca de los arrestos arbitrarios de candidatos presidenciales por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega y los ataques a los medios independientes y a la sociedad civil”, según un comunicado del Departamento de Estado.

La Argentina había mostrado igual temperamento en la OEA a fines del año pasado, cuando se abstuvo de acompañar una condena al régimen de Nicolás Maduro y de rechazar las elecciones legislativas en Venezuela.

En otra postura acordada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Argentina pidió junto a México respetar el principio no intervención en los asuntos internos de las naciones y se mostró dispuesta a colaborar de manera “constructiva” en busca de una solución a la crisis política en Nicaragua.

En las últimas semanas el gobierno nicaragüense arrestó al menos a 13 representantes de la oposición por “traición a la patria” en una oleada de detenciones de sus principales adversarios en el marco del proceso hacia las elecciones presidenciales.

“Nos preocupa que situaciones como las detenciones señaladas marquen un deterioro en la situación de los derechos humanos y las libertades individuales, como fuera puesto de manifiesto en marzo del corriente año en el informe elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta Michelle Bachelet y en la Resolución aprobada durante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que nuestro país votó favorablemente”, dice la carta de Solá al canciller Moncada. “La Argentina descree de la necesidad y la eficacia de las medidas unilaterales, las sanciones y los bloqueos que pudieran tomarse desde el plano internacional para imponer un rumbo determinado, por entender que impactan negativamente y de forma directa en el disfrute de los derechos humanos, en especial los económicos, sociales y culturales de los propios nicaragüenses” sostiene, y hace un llamado al “diálogo y la cooperación”. “Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario, tanto en el plano bilateral como en el multilateral para que sean los propios actores políticos de Nicaragua quienes encuentren la solución a una crisis que ensombrece su marcha, a través del respeto y de la convivencia democrática” afirma.

En el Gobierno sostienen que el presidente Fernández rechaza la idea de sanciones económicas tanto como una condena multilateral que suponga la “injerencia en el proceso electoral” en Nicaragua. “Habilitaríamos a que cualquiera se metiera con algo tan soberano como votar las propias leyes” dicen allí.

Lo cierto es que Fernández busca no quedar atado a una iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien mantiene, igual que el kirchnerismo duro, profundas diferencias ideológicas.

“Alberto no quiere habilitar a la OEA a meterse con la legislación interior de cada país. Por eso instruyó al canciller Solá a que transmita la condena en forma bilateral. Sé que no es fácil de entender”, dijo una encumbrada fuente del Gobierno a elDiarioAR.

Estas contradicciones siembran dudas, tienen un costo alto en términos de política exterior y acercan al gobierno de Fernández a un inesperado desconocimiento de posiciones tradicionales de la Argentina en materia de derechos humanos defendidas desde la recuperación de la democracia.

Nicaragua elegirá presidente el próximo 7 de noviembre. Ortega gobierna desde 2007 y busca un nuevo mandato. Después de la feroz represión a las protestas de 2018, que dejó cientos de muertos y exiliados y con la reciente cacería de opositores se encamina a consolidar una dictadura, pura y dura.

WC