La macha federal universitaria, la segunda que se realiza en un año en contra del gobierno de Javier Milei, concluyó esta tarde con la lectura de un documento con duras críticas a su gestión y una firme exigencia: no desfinanciar a las universidades públicas y promulgar la ley de Financiamiento Universitario que sancionó el Congreso. Es decir, un contundente rechazo al veto a dicha norma, que ya anunció el Presidente pero que aún no fue publicado en el Boletín Oficial.
“[La ley de Financiamiento Universitario] es una ley razonable, que resuelve los problemas cuidando al Estado y su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de Financiamiento Universitario!”, exclamó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, la oradora principal del acto de cierre, en el escenario que se montó frente al Congreso, sobre la calle Saénz Peña.
A diferencia de la marcha de abril, que también fue masiva y que mostró mayormente a líderes de distintos sindicatos y organizaciones, esta vez el escenario mostró a una gran cantidad de jóvenes universitarios, una foto más fresca que reflejó más fielmente el espíritu de la movilización: un reclamo genuino en contra del desfinanciamiento a las universidades públicas y al sistema científico que dispuso el gobierno de La Libertad Avanza con distintos argumentos, desde el economicista (rompe el equilibrio fiscal) hasta el político (“La educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente”, dijo el propio Milei, ya siendo presidente de la Nación, el 27 de marzo último).
“Esta ley, aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial, una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente porque no compromete fiscalmente al Estado, demanda solamente el 0,14% del PBI para su implementación”, señaló al respecto Piera Fernández.
En el documento que leyó dijo también que exigen “que se reconsidere el presupuesto 2025” porque, si no, “la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave”. “Lo que estará en juego es su continuidad, ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados, mínimos para funcionar, fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024, y menos aún la proyectada por el propio Gobierno para el próximo año. Un presupuesto es ante todo una declaración de principios, y los principios que se desprenden de la propuesta difieren sustancialmente de los que entendemos el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales”, sostuvo la dirigente.
La presidenta de la FUA señaló que “es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico” y que “los países invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuanto más y cuanto mejor se hagan las cosas allí”. “Es con más ciencia y educación superior, pública y de excelencia, no con menos”, subrayó.
También el Congreso fue destinatario de los reclamos
Además del pedido a los diputados y senadores de corregir el proyecto de Presupuesto 2025 que presentó el propio Milei ante el Congreso en una suerte de apertura de sesiones pero sin Asamblea Legislativa, el pasado 15 de septiembre, en el documento final de la marcha universitaria también figuran párrafos sobre el rechazo al veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. “A nuestros representantes en el Congreso, muchos de ellos egresados de la universidad pública, [les pedimos] que de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno sostengan en el recinto la ley e introduzcan las modificaciones al proyecto del presupuesto 2025 para otorgar a la universidad y la ciencia condiciones que garanticen su funcionamiento”, dijo Piera Fernández.
La dirigente expresó el agradecimiento “a la sociedad argentina por su extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta”. “Somos herederos del pueblo de la nación que supo en 1884 abrazar la ley 1420, de los jóvenes que en 1918 construyeron un sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que impedían el acceso a la educación superior. Somos la universidad de los cinco premios Nobel, la de los jóvenes, investigadores, científicos, destacados por los que nos reconocen en el mundo entero. La universidad pública que hace posible que miles, no importa su condición ni dónde hayan nacido, puedan cumplir el sueño de ser profesionales. La institución que con su compromiso y relevancia social dice presente cada vez que el país enfrenta circunstancias difíciles. La columna vertebral de la nación es la educación pública que nos iguala y nos hace libres”, expresó.
Señaló, además, que “defender las condiciones salariales y de trabajos de docentes y no docentes en este angustiante contexto no es defender privilegios, es defender nuestros derechos, condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible”.
“La ciencia es la universidad. La crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes e investigadores junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo afecta gravemente al sistema científico tecnológico argentino. El 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en las universidades nacionales y la disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados. A esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el ámbito de equipamientos y de insumos, lo que pone en peligro proyectos que ya están en curso. La interrupción de convenios con editoriales internacionales ha limitado el acceso a publicaciones clave, mientras que la falta de nuevas convocatorias y proyectos ha provocado la paralización de varias líneas de investigación y la pérdida de profesionales calificados, afectando directamente la calidad educativa”, dijo Piera Fernández, ennumerando una lista de problemas, ahora agravados por el ajuste dispuesto por el gobierno de Milei y el ministro ejecutor de su plan económico, Luis Caputo.
El documento concluyó con una arenga contundente ante la multitud congregada en la plaza del Congreso: “Sigamos defendiendo a la universidad pública, gratuita, libre, laica, siempre. ¡No al veto!”.
JJD