El caso Correo Argentino SA se acerca a su definición, que podría implicar la quiebra de la compañía y de Socma, su principal accionista y empresa emblema de la familia Macri. Para evitar ese escenario, este lunes los representantes de Correo solicitaron a la jueza comercial Marta Cirulli que, en caso de rechazar su oferta final, el Estado Nacional sea excluido de la negociación, según los escritos a los que accedió elDiarioAR.
El Estado Nacional, principal acreedor de Correo, es representado en el expediente por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, uno de los hombres de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su última palabra es clave en el futuro de los Macri. Si rechaza la nueva oferta de Correo, el salvataje fracasa y entre el 7 y 8 de abril próximo, la jueza debería decretar la quiebra.
Los representantes de los Macri sostuvieron en un escrito que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista de Correo Argentino SA”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.
En su última oferta, Correo sostuvo que su deuda con el Estado Nacional asciende a $1.110 millones, según el escrito presentado en marzo. Este lunes, la compañía de los Macri afirmó que su propuesta es pagar el 100% de esa suma en un único pago “con el aporte y enorme esfuerzo de sus accionistas”. Pero también solicitó que si el Estado Nacional rechaza esa oferta, la jueza debe excluirlo de las conformidades necesarias para concretar el salvataje y evitar la quiebra.
El Estado Nacional jamás quiso cobrar la deuda de Correo Argentino, solo le ha interesado perjudicar a sus adversarios políticos y realizar un juego mediático con este proceso concursal.
La oferta final se aleja de los $4.000 millones de deuda calculados por el Ministerio Público Fiscal en 2017, lo que hará difícil que el Ejecutivo acepte la nueva oferta. La deuda es por el no pago del canon que la empresa debía abonar al Estado por la explotación del servicio postal en la década de 1990. A su vez, los Macri iniciaron en 2016 juicios contra el Estado por deudas cruzadas y por la estatización del correo en 2003.
El nuevo escrito que presentó Correo se conecta con la investigación penal que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo sobre la supuesta responsabilidad de los exfuncionarios que firmaron un pre-acuerdo en junio de 2016 y en el que aceptaron una quita del 98,87% de la deuda, según estableció el Ministerio Público Fiscal. La explicación oficial, entonces, fue que eso era lo único que Correo podía pagar: casi $300 millones. El pre-acuerdo nunca se concretó por la oposición de la fiscal general Gabriela Boquin.
Ahora, Correo sostiene que podría pagar tres veces más ese valor.
Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su nueva propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”.
Correo adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.
La anteúltima oferta de Correo había sido presentada a mediados de 2016, durante el gobierno de Macri, pero fue rechazada a finales de 2019 por los funcionarios de Cambiemos a través del entonces Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
“El Estado Nacional jamás quiso cobrar la deuda de Correo Argentino, solo le ha interesado perjudicar a sus adversarios políticos y realizar un juego mediático con este proceso concursal”, aseguró Correo en su escrito ante la jueza.
Qué es el salvataje
La empresa de los Macri está en pleno proceso de salvataje o cramdown, lo que implica que se abrió un trámite para que pueda ser adquirida por terceros que deberán solventar las deudas con el Estado y el resto de los acreedores. Este lunes al mediodía vencían los plazos para que los seis inscriptos en el salvataje presentaran sus ofertas a los acreedores. Sin embargo, de los seis inscriptos para participar del salvataje, sólo se presentó la propia Correo.
Durante 2020, se registraron OCASA, Transporte Chimiray (de la familia de Ramón Puerta), MV Cargo SAS, Valuaciones SA (su principal rubro es el inmobiliario), Jorge Alberto Anselmi, (un excomisario inspector de la Policía Federal cuya empresa de seguridad privada atravesó un concurso de acreedores) y la propia Correo (que puede hacerlo por ley, siempre y cuando existan otros registrados ajenos a la empresa).
En los últimos días, OCASA SA y Transporte Chimiray se bajaron del salvataje y lo informaron por escrito a la jueza. MV Cargo SA y Valuaciones SA, que serán fiscalizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), y Anselmi no se presentaron a la audiencia, según consta el acta de la reunión. Finalmente, sólo Correo presentó una oferta.
ED