La Corte Suprema se prepara para definir una fallo en torno al conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por la presencialidad en las escuelas durante la segunda ola de la pandemia. De los cinco jueces, cuatro llegaron este lunes a un solo punto de acuerdo: la Ciudad tiene autonomía para organizar su sistema educativo, como las provincias, según afirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales del máximo tribunal. Así lo reconocerán en el esperado fallo ante la demanda del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Sin embargo, las discusiones entre los ministros de la Corte seguían girando este lunes en torno a otros dos puntos centrales sobre los que aún no hay acuerdo general, como adelantó el viernes este medio: por un lado, cuál es el alcance de esa autonomía en el contexto de la emergencia sanitaria.
“Está claro que la Ciudad es autónoma en lo educativo pero los jueces también analizan que las decisiones en materia de salud pública son facultades concurrentes (pertenecen en común al Estado federal y a las provincias)”, explicó una fuente del máximo tribunal. “Ante esto, los jueces deben establecer o recomendar la mejor forma de que Ciudad y Nación conjuguen esas facultades”, que en este caso, parecen haber colisionado.
En segundo lugar, los jueces deben decidir si tomarán o no una definición taxativa sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, agregaron fuentes judiciales en el Palacio de Justicia. La medida dispuso el 15 de abril la virtualidad de las aulas porteñas y generó la demanda de la Ciudad ante la Corte para pedir que se declare inconstitucional ese DNU.
La mayoría en la Corte apunta a abrirse de lo categórico: “El fallo no ordenaría que se abran o que se cierren las escuelas”, graficó una fuente del máximo tribunal sobre la demanda presentada por la Ciudad contra el decreto presidencial.
Durante la habitual reunión de los martes, los jueces apuestan a terminar de acomodar sus votos e intentarán fijar una postura de mayoría en el que al menos tres jueces coincidan en cómo resolver estos puntos del conflicto, informaron las fuentes consultadas.
Está claro que la Ciudad es autónoma en lo educativo pero los jueces también analizan que las decisiones en materia de salud pública son facultades concurrentes (pertenecen en común al Estado federal y a las provincias).
Este lunes al mediodía, dos de los magistrados, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, presentaron de manera interna el primer voto, en este caso, uno conjunto, que trabajaron durante unos diez días, según fuentes judiciales. Ricardo Lorenzetti, además, preparaba su propio voto, al igual que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien elaboraba un escrito por separado.
Aún así, los cuatro coinciden en reconocer un punto ya tratado en otros casos en los que entran en juego las facultades de la Ciudad: su autonomía se equipara a las de las provincias. Resta llegar a un acuerdo en el resto de las cuestiones.
El factor Highton
Un fallo por unanimidad está descartado. Los jueces de la Corte son cinco. La jueza Elena Highton de Nolasco no votará. La magistrada ya dejó asentada su posición: considera que la Corte no es tribunal competente para dirimir en este caso porque sostiene que solo puede hacerlo en un conflicto entre Nación y las provincias. Para Highton, la Ciudad de Buenos Aires no tiene el mismo nivel de autonomía que la Constitución Nacional le reconoce a los 23 estados provinciales del país porque no son equiparables como jurisdicciones.
Algunos de los jueces analizan “bajar línea” al poder político y evitar fallar de manera categórica sobre la constitucionalidad del DNU. Apuntan a “consideraciones y recomendaciones” para desmarcarse de la pelea entre Ciudad y Nación y a instar a una resolución adoptada por la política y no por el tribunal, explicaron las fuentes consultadas.
La Corte Suprema está en condiciones de fallar sobre el conflicto pero no tiene plazo. El fallo se espera entre este martes y el jueves debido a las expectativas mediáticas y políticas, entre otras variantes, pero la fecha dependerá de si Rosatti, Maqueda, Lorenzetti y Rosenkrantz terminan de pulir sus puntos de desencuentro.
Antecedentes
El 15 de abril, el Presidente firmó un decreto especial con restricciones a la circulación y a la presencialidad en las escuelas de las dos jurisdicciones con mayor incremento de casos de Covid-19: la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Ante la medida, el gobierno porteño presentó una demanda ante la Corte para solicitar una medida cautelar que deje en suspenso el DNU de Fernández y que además falle sobre el fondo de la cuestión: si la imposición presidencial sobre la educación es inconstitucional.
El Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que el DNU de Fernández es inconstitucional. Su dictamen no es de carácter vinculante y por ende los jueces no deben obligatoriamente seguir ese camino.
El viernes, el Presidente extendió las medidas de restricción vigentes hasta el 21 de mayo para mitigar el avance del Covid-19. ¿Qué cambia para la demanda de la Ciudad si el decreto del 15 de abril caducó pero las mismas medidas se extienden con un nuevo decreto?
Si bien el DNU anterior pierde vigencia, al dictarse un nuevo decreto muy semejante al anterior, la cuestión de fondo sigue siendo la misma, afirmó ante la consulta de elDiarioAR Alberto Garay, abogado especializado en Derecho Constitucional y Procedimientos Civiles.
Al conflicto judicial y ante un posible fallo adverso, Fernández dijo que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley “para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.
ED