Con la declaración del ex administrador de la Corte, el kirchnerismo logró avanzar contra un juez del tribunal

El kirchnerismo obtuvo este martes el primer avance fáctico contra un ministro de la Corte Suprema en la comisión de Juicio Político contra los jueces del máximo tribunal. Por primera vez en tres meses de reuniones, un testigo aportó información concreta para alimentar una de las acusaciones contra el juez Juan Carlos Maqueda. 

No sé trató además de cualquier testigo sino de un hombre de la Corte: el otrora poderoso Héctor Daniel Marchi, administrador general del tribunal durante los últimos 15 años y desplazado el jueves último de su cargo por decisión de tres de los cuatro jueces supremos, incluido Maqueda.

“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo”, dijo Marchi este martes ante la comisión parlamentaria. Afirmó que considera su traslado “una sanción totalmente encubierta” por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda, que alcanzaría, además, “a todas las personas que trabajaron en la auditoría de la obra social”, debido a la división y descentralización de funciones ordenadas en el área que manejaba Marchi hasta el jueves último.

Ante la pregunta de la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) sobre si había sido Silvio Robles (vocero y mano derecha del presidente del tribunal, Rosatti) quien lo amenazó, Marchi respondió: “Por supuesto”. 

El testimonio de Marchi se cerró sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), a pesar de las amplias funciones y responsabilidades que tuvo durante los últimos 15 años en la Corte. La obra social es uno de los capítulos de la investigación contra los jueces por presunto mal desempeño, ya que depende del tribunal y acumula denuncias desde hace años por falta de prestaciones y supuestas irregularidades. 

“Cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por Juan Carlos Maqueda”, dijo Marchi ante los diputados. También afirmó que Aldo Tonon, ex director de la obra social e investigado en la Justicia federal por presuntos desmanejos, fue designado por los jueces de la Corte tras la propuesta de Maqueda. 

El testimonio de Marchi se enmarca en su traslado a un tribunal inferior, el desarmado de su estructura de poder y la propia disputa entre los jueces por el manejo de dos áreas clave de la Corte: el manejo de la información y del dinero. Marchi no es ajeno a esa pelea de poder y él mismo forma parte de ella. 

El funcionario judicial es contador, ex jugador de fútbol, oriundo de Rafaela (Santa Fe, donde llegó a estar a cargo de la municipalidad en 2002 y ocupó varios cargos) y hombre de extrema confianza del juez Ricardo Lorenzetti, quien lo llevó a la Corte Suprema en 2007 y el jueves último se opuso a que su funcionario clave fuera trasladado. 

En medio de su propia disputa de poder con los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, Marchi presentó un informe de auditoría de unas 20.000 páginas sobre la obra social que los propios ministros habían encargado en 2021. “No había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles”, aseguró el contador. Los diputados deben analizar ahora el extenso informe para determinar si existieron irregularidades para poder acusar por presunto mal desempeño a Maqueda y otros jueces de la Corte.

Marchi dijo que a partir de 2008, el juez Maqueda “dirigía” “el área” de la obra social y “mandaba los proyectos de decisiones que el presidente -entonces Lorenzetti- firmaba sobre una base de confianza, pero cada área era independiente”, intentando responsabilizar así a Maqueda sobre las decisiones sobre la obra social. 

“Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada (que él quedaba a cargo de la institución médica) porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social”, aseguró Marchi. 

La comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados se reunió este martes como estaba previsto y en medio de la tensión económica y político por una nueva disparada del dólar que puso al gobierno de Alberto Fernández frente a la profundización de una crisis que parece imparable. 

En la sala donde tuvo lugar la reunión de los parlamentarios, Marchi leyó un documento y respondió preguntas. Había sido citado a último momento, el lunes último, ya que no estaba en la lista original de testigos de esta semana. Regresará para seguir exponiendo el jueves próximo a partir de las 11.

“Todos los directores los eligió él (por Maqueda) y nunca hubo concurso (para acceder al cargo). Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró (de la supervisión de la obra social), es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”, dijo Marchi. 

Sin embargo, aseguró, “nuevamente se lo designó sin concurso” y “a propuesta de Rosatti”. “Considero que es un error, lo expresé en el informe uno”, afirmó. En la Corte, una alta fuente del tribunal respondió a elDiarioAR que actualmente en el tribunal sólo hay dos funcionarios que llegaron a su cargo por concurso (los titulares de las secretarías Penal y Tributaria), por lo que no es una excepción que los directores de la obra social sean designados a dedo. El propio Marchi llegó a su cargo en el tribunal de la misma manera.

Marchi buscó desligarse del manejo de la obra social y afirmó que “recién en la acordada del 2021 se le pidió a la administración de la Corte y se decidió hacer una auditoría desde ese momento”. “Si yo hubiera estado a cargo no me hubiera criticado a mí mismo y hubiera hecho las cosas bien y no hubiera hecho mi traslado”, agregó. 

El ex administrador de la Corte dijo que la obra social perdió al menos “3.000 millones de pesos, que son dos meses de prestaciones a 100.000 afiliados” por negligencia en el manejo de los fondos remanentes que no se depositaron a tiempo en plazos fijos e “intereses regalados a los bancos”. Afirmó que la “gestión financiera de la obra social es un desastre”.

Interna de la interna

Marchi es objeto de denuncias de la exdiputada Elisa Carrió y legisladores de la Coalición Cívica (CC) desde hace años, en el marco de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos desmanejos de fondos y poder por parte de Lorenzetti y Marchi, quien concentraba las decisiones administrativas e institucionales del tribunal desde 2008. Marchi niega las acusaciones en su contra.

La resolución con el voto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para modificar la organización de poder en la Corte y desplazar al contador de su cargo ingresó a la vocalía de Lorenzetti el 29 de marzo, afirmó a elDiarioAR una fuente directa del tribunal.

Lorenzetti no emitió disidente su voto para concretar el traslado por mayoría hasta después del 19 de abril, cuando Marchi presentó el informe de auditoría sobre la obra social de 20.000 páginas que expondría supuestas irregularidades en el manejo de la institución.

Este martes se esperaba también la declaración testimonial de Aldo Tonon, ex titular de la obra social, pero el ex funcionario se ausentó por segunda vez. Tonon envió una nota de su abogado en la que se excusó de concurrir por tener una causa judicial pendiente sobre su paso por la obra social y podría entonces autoincriminarse. 

La comisión decidió volver a citarlo bajo condición de dar intervención a un juzgado federal para que lo traslade por la fuerza a declarar.

Nota: este artículo se actualizó el 27 de abril.

ED