DENUNCIA CONTRA ALBERTO FERÁNDEZ

La declaración de Yañez, el análisis de dos teléfonos y una decisión sobre la competencia: así sigue la causa

11 de agosto de 2024 00:00 h

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La próxima declaración testimonial de Fabiola Yañez y el análisis de dos teléfonos del expresidente Alberto Fernández, además de un Ipad y 22 pendrives secuestrados este viernes a pedido del fiscal federal Ramiro González serán las medidas clave en la causa por presunta violencia de género iniciada por la ex primera dama contra el exmandatario, informaron fuentes directas de la causa a elDiarioAR.

El expediente se encuentra en secreto de sumario y los dispositivos secuestrados a Fernández en su domicilio permanecen bajo resguardo de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta que el fiscal González decida qué fuerza de seguridad analizará el contenido de los mismos. El expresidente entregó su teléfono a los oficiales que llegaron con la orden judicial pero los policías se llevaron además un segundo teléfono que hallaron en la vivienda, trascendió este viernes en los tribunales.

La declaración de Yañez, quien se encuentra en Madrid, será virtual, frente al fiscal González, quien quedó a cargo del caso tras un sorteo realizado el viernes. Su testimonio será central para terminar de circunscribir los hechos y decidir sobre la competencia territorial de la Justicia. Fernández negó las acusaciones en un comunicado esta semana.

El destino de la causa aún es incierto, pero por el momento permanecerá en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. La competencia de este fuero en la causa por violencia de género contra el exmandatario instaló en los despachos y pasillos una discusión entre empleados, jueces y fiscales: ¿debería estar aquí este expediente? Las posiciones están divididas. 

Serán Fernández y Yañez quienes podrán plantear la incompetencia de Comodoro Py en el caso. De hecho, este viernes trascendió que una de las partes ya planteó la incompetencia del juzgado federal número 10 debido a que los hechos habrían sucedido en la Quinta de Olivos, que corresponde a los juzgados de San Isidro. La competencia federal es otro punto que se discutió en despachos judiciales del edificio de Retiro, ya que los casos de violencia de género no son federales, sino que tramitan en la Justicia penal ordinaria. 

El caso nació en los tribunales federales porteños debido a que los hechos de violencia salieron a la luz en un expediente federal que ya tramitaba en un juzgado provisoriamente a cargo de Julián Ercolini: el caso de presunta corrupción en la contratación de seguros durante la gestión de Fernández, cuando se analizó el teléfono de su secretaria María Cantero y se descubrieron chats entre ambas mujeres y fotografías de Yañez con moretones en un ojo y en un brazo. Además, la propia Yañez se comunicó el 6 de agosto con dicho juzgado para hacer la denuncia formal. 

El juez Ercolini dictó las medidas urgentes del caso, como reforzar la custodia de Yañez, ordenar una restricción de 500 metros a Fernández y la prohibición de salida del país para el expresidente. Fernández tampoco puede contactarse con su ex pareja. Delegó la causa en la fiscalía número 6, provisoriamente a cargo de Carlos Rívolo.

Círculo de la violencia

Indiana Guereño, abogada penalista, explicó a elDiarioAR que a la violencia de género no hay que mirarla como una foto estática, sino como una película. “Es decir, un golpe ocurre un 5 de agosto a las 15:30, por ejemplo. Pero eso forma parte de un continuo de cosas. Un insulto, una desvalorización. Haber cortado los vínculos con familiares, con amigos y amigas. Es decir, hay muchas conductas que rodean o que forman parte de la violencia”, afirmó la letrada. “La violencia por motivos de género no es solamente un golpe, sino también violencia psicológica, que hace estragos en la mujer. La violencia psicológica y la violencia del silencio. Todo eso genera secuelas gravísimas. Eso no se puede mostrar en una foto”, aseguró Guereño.

La especialista explicó que la perspectiva de género estaba completamente ausente en el pasado y que incluso en la actualidad sigue siendo un desafío en los tribunales. “Pero es una obligación para el Estado argentino por los tratados internacionales que ha suscrito. Entonces no es una idea antojadiza de los feminismos sino que estos casos hay que juzgarlos con perspectiva de género, es una obligación. El Estado argentino puede incurrir en responsabilidad internacional si no cumple con eso. Así como si no cumple con el principio de inocencia”, sostuvo Guereño. 

La abogada afirmó que uno de los grandes desafíos cuando se aplica la perspectiva de género es que rija el principio de amplitud probatoria. “Tiene que ver con que el relato de la víctima, lo que la víctima viene a decir, tiene un peso específico muy importante”. “Antes, y existen juzgados que todavía hacen esto, el relato solo de la víctima era interpretado como que era algo que sucedía ‘entre cuatro paredes’ y no se podía probar. ¿Por qué? Porque era ‘la palabra de uno contra la palabra del otro’. Esto sucedía cuando no se aplicaba la perspectiva de género. Ahora se mira de otra manera”, explicó Guereño, quien, además, sostuvo que la mujer realiza la denuncia cuando puede y no tiene la obligación de hacerlo. 

De confirmarse que la imputación es por lesiones leves agravadas, la causa debería ser remitida a la justicia ordinaria”, aseguraron

Dónde denunciar

Guereño explicó que es central que el abordaje sea interdisciplinario, no sólo penal, que tome en cuenta todas las dimensiones de lo que va a atravesar esa mujer a partir de esa denuncia. 

Si el hecho ocurre en Capital Federal, hay que dirigirse a la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. “Allí, la mujer se presenta y es atendida no solamente por abogados o abogadas, sino también por psicólogos, psicólogas. Hay también médicos y médicas para revisar y constatar lesiones. Se inicia una causa civil y eventualmente una causa penal, de acuerdo a la gravedad de lo que se esté denunciando. Luego la Oficina de Violencia Doméstica sugiere al juzgado que tome alguna medida urgente, como prohibiciones de acercamiento. Pero en ocasiones hay que pensar otra respuesta y otra estrategia”, aseguró. También existe la violencia económica, resaltó.

Si el hecho ocurre en la provincia de Buenos Aires existen las Comisarías de la Mujer. “También hay un Ministerio de las Mujeres súper fuerte. Y en este marco es esencial tener un plan antes de denunciar y acudir a las redes de contención, abogados, organismos, amigos, familiares, acudir a ellos para poder salir del círculo, tener un puchito de dinero guardado y la documentación siempre encima”.

El sistema penal no está todavía preparado para penar la violencia psicológica. El sistema penal juzga hechos, conductas.

Uno de los organismos independientes que aportan este tipo de red de contención es La Casa de Encuentro. Las abogadas Pamela Lodola y Clara Santamarina, del área legal, explicaron a elDiarioAR, que de acuerdo a la información que se ha hecho pública, los hechos denunciados por Yañez podrían ser tipificados como lesiones leves agravadas por el vínculo que mediaba entre ambas partes. La pena que le cabría al acusado iría de los 6 meses a los 2 años de prisión. 

“Si bien la persona denunciada es un ex jefe de Estado y los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, consideramos que los mismos no fueron ejercidos en el marco de su función pública, por lo tanto no corresponde que sea el fuero federal el que investigue”, afirmaron las abogadas. “Es decir, que, sin perjuicio del lugar donde ocurrieron los hechos, los mismos deberían ser investigados en el fuero ordinario, y, por encontrarse en Olivos, la jurisdicción sería del departamento de Justicia de San Isidro”, agregaron ante la consulta de este medio. “La competencia federal se caracteriza por ser limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares”.

“De confirmarse que la imputación es por lesiones leves agravadas, la causa debería ser remitida a la justicia ordinaria”, aseguraron.

Guereño sostuvo que “es muy difícil para una mujer que está en esa situación poder ir a la Justicia a denunciarlo”. “Cuando llega a la Justicia tiene que ser recibida con escucha activa. Es decir, con tiempo para escuchar todo lo que esa mujer tenga para decir. A veces quienes trabajan en la Justicia, por la cantidad de trabajo, por la vorágine diaria, no tienen el tiempo suficiente para poder escuchar. En general hay un círculo de la violencia. Es central desde qué lugar, quien está juzgando estos hechos se va a parar, escuchando con perspectiva de género, sin vulnerar el principio de inocencia”, explicó la abogada.

“El sistema penal no está todavía preparado para penar la violencia psicológica. El sistema penal juzga hechos, conductas. Y la violencia psicológica es invisible. Son como cadenas invisibles y bien profundas, recuperarse es sumamente complejo y difícil”, concluyó. 

ED/DTC